En cuestión de días estará listo el decreto que fundará el Organismo Rector de Bienes del Estado (Orbe), sustituto del actual Onabe, con amplias potestades para disponer de un patrimonio público de envergadura aún imprecisa pero que se descuenta enorme: existen no menos de cuatro mil quinientas propiedades que no tienen un uso directo. Pero la misión tal vez más destacada y prioritaria de la dependencia en ciernes será crear un nuevo sistema de registro para todos los bienes del Estado nacional, muchos de los cuales escapan a cualquier nota catastral. Según dan fe en el ente comandado por el historiador Fernando Suárez, en las últimas semanas se tuvo noticia de que sólo en la Capital Federal existen veinte propiedades que no figuraban en ningún listado.

El único límite infranqueable para la tarea de la futura dependencia –a la que estará subordinada el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y con grandes potestades para disponer también sobre las propiedades que hoy están en uso– son los siempre codiciados bienes ferroviarios, que pasaron a la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Ese traspaso privó al Organismo de Administración de Bienes en plena reconversión de los 20 millones de pesos anuales que cobraba por el alquiler de propiedades del riel. Pero el impacto de este recorte estuvo parcialmente morigerado por la transferencia de ciento cuarenta empleados y podría ser cómodamente compensado con el esquema de ingresos que tendrá el futuro organismo.

El Onabe está hoy comandado por el profesor de historia y militante kirchnerista Suárez, quien, según todo indica, continuará al frente de la nueva dependencia. Según el proyecto de decreto ya alistado por Gestión Pública, el inminente organismo retendrá una comisión equivalente al 10 por ciento de todas las ventas que realice, amén de la asignación presupuestaria anual para sostener su organigrama y al margen de algún crédito internacional como el que se tramita ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para edificar sobre setenta hectáreas conseguidas en Ezeiza el Centro Nacional de Archivos. Los nuevos edificios –cuya construcción será administrada por el Orbe– albergarían desde el material atesorado por el Archivo General de la Nación a las obras de arte que se acumularon en el Palacio de Hacienda.

Ese es sólo uno de los proyectos que se pondrían en marcha apenas se estrene el Orbe. Otro será la instrumentación de Infobien, sistema de información geográfica con todas las precisiones que requiere un registro catastral del primer mundo. La anarquía administrativa de vieja data, con obvias consecuencias económicas en el erario público, intentará superarse desde la nueva sede del Organismo Rector, que se localizará en Sarmiento 1962. Es un edificio que Carlos Menem había donado a la Federación Arabe sin que ésta se hiciera cargo, ocupada luego ilegalmente y hoy en refacción.

El Orbe nacerá como un “organismo desconcentrado” en lugar de cobrar vida como uno “descentralizado”, lo que le hubiese dado más autonomía presupuestaria pero hubiera exigido una ley para su creación. Con aquel formato legal, el manejo de sus recursos dependerá de modo más directo de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López. Pero este colaborador de Julio De Vido vería parcialmente compensado ese mayor esfuerzo con una tarea menos: el Tribunal de Tasaciones de la Nación quedará bajo la órbita de Suárez y dejará de reportarse a él como hasta ahora.

Según el proyecto de decreto que en los próximos días firmaría Cristina Fernández de Kirchner, los tasadores públicos quedarán subordinados al Orbe, aunque preservando su organigrama actual, creado por ley. Una modificación que crispa los nervios de los profesionales que ponen precio a las propiedades estatales con la consigna de evitar que se compre caro o venda barato. Para ellos, no es razonable depender funcionalmente de la misma dependencia que vende los bienes cotizados. Dentro del staff público suele haber diferencias de criterio respecto de los valores.