El ex presidente del Banco Central durante el gobierno menemista, Pedro Pou, y una veintena de ex funcionarios y ex banqueros serán sometidos a juicio oral y público por la defraudación que habrían cometido en la quiebra del Banco Medefín, ocurrida a comienzos de 1998. La elevación a juicio oral y público fue resuelta por el juez federal Sergio Torres luego de que la Cámara Federal porteña ratificara una decisión anterior del magistrado en el mismo sentido, tomada en abril de 2004, pero que se había demorado porque fue recurrida por la defensa de algunos acusados ante el tribunal de alzada. La dilación judicial es una estrategia típica en los casos de corrupción para tratar que la condena no llegue nunca.

Además de Pou, en el banquillo estarán sus ex subordinados en el Banco Central Marcos Rafael Saúl, Miguel Angel Ortiz, Manuel Rubén Domper, y los ex directores del municipal Banco Ciudad, Roberto Lisandro Barry, Héctor Abel Menéndez, Benjamín Leonardo Gesualdo, José González y Nicolás Waeiz-Wassing. Del Banco Nación irán al banquillo los ex directores Genaro Contartese, Julio Dentone, César Ochoa, Juan Rigal Butler, Víctor Julio Bestiani, Alfonso Millán y Hugo Gaggero. Y también serán juzgados los ex directivos del banco Medefín Daniel Cardoni, Ricardo González Victorica, José López Mañan, Fernando José Mayorga y Vicente Gallo.

El juez ratificó que en el expediente se han reunido elementos para clausurar la etapa de instrucción y elevarlo a la instancia del debate en audiencias públicas con la presencia de Pou y los ex funcionarios acusados como autores de “administración infiel” y los banqueros del Medefín en calidad de “partícipes necesarios”.

En este caso, se investiga si el Banco Central eximió al Medefín de la presentación obligatoria de avales para beneficiar a esa entidad privada con el otorgamiento de distintos mecanismos de facilidades y redescuentos por hasta 58 millones de dólares en detrimento del erario. Además, se afirma que hubo una “extensa e indebida refinanciación” del Banco Central a la entidad mayorista que ocasionó un “perjuicio a las arcas del Estado nacional”. De hecho, la deuda que el Medefín tenía con el Central fue atendida con bonos adquiridos en las provincias al 50 por ciento de su valor, pero que luego fueron considerados al precio nominal por la autoridad monetaria.

Pou y los otros ex banqueros están acusados del presunto delito de “estafas y otras defraudaciones”, que prevé penas de hasta seis años de cárcel a quien “tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido perjudicare los intereses confiados”.