La portabilidad numérica está un poco más cerca. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó ayer la sentencia en primera instancia por la cual se hizo lugar a una acción promovida por la Unión de Usuarios y Consumidores. En este sentido, el Estado deberá reglamentar la portabilidad en la telefonía celular en los próximos 90 días. La Secretaría de Comunicaciones podrá apelar nuevamente la medida ante la Corte Suprema de Justicia.

La portabilidad numérica se fijó en el decreto 764/00, que dispuso la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. Luego de casi nueve años desde la sanción de esa normativa, en tiempos de la Alianza, todavía sigue sin reglamentarse. “La falta de portabilidad deja cautivos a muchos clientes”, juzgó el abogado Horacio Bersten, directivo de la Unión de Usuarios y Consumidores.

La falta de reglamentación imposibilita que los usuarios puedan cambiar de compañía celular sin perder su número telefónico. “Esta situación impide la libre competencia, la promoción de la actividad y la inserción de nuevos competidores”, graficó en un documento la Unión de Usuarios y Consumidores. La portabilidad ya se logró aplicar en México, Puerto Rico, Brasil y Ecuador.

La primera sentencia a favor de la portabilidad tuvo la firma del juez Enrique Lavié Pico, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6. El Estado apeló esa decisión. En sus argumentaciones, aseguró que la Secretaría de Comunicaciones estaba trabajando en el tema. De hecho, lo único que se hizo concretamente en todos estos años fue convocar en enero de 2009 a la conformación de una comisión ad hoc para elaborar el anteproyecto del Régimen de portabilidad numérica. Pero el fallo judicial llegó antes.

La Cámara basó su decisión de ratificar el fallo original en que los usuarios son titulares del derecho a llevar su número. “Ese derecho no está supeditado a la discreción del Ejecutivo”, señaló la Cámara. Además agregó que la “mora en reglamentar derechos de los usuarios es ilegítima”.

Desde que se sancionó el decreto 764/00, tanto las empresas (Telefónica y Telecom) como el Estado hicieron poco por la apertura del mercado. A la traba en la portabilidad numérica también habría que sumarle el retraso en la sanción de nuevos contratos de interconexión entre proveedores. Otro tema ríspido es la desregulación de la última milla, que en la práctica es la puerta de entrada de los operadores a los domicilios de sus clientes. Actualmente, Telefónica y Telecom son dueños de esa última milla, que alquilan a otras empresas como Iplan.

La portabilidad numérica –como así también un nuevo marco para los contratos de interconexión– forma parte de los requisitos establecidos en el anteproyecto de la Ley de Servicios Audiovisuales, para que las empresas de servicios públicos puedan ofrecer el famoso triple play (telefonía, cable e Internet).