Mientras el establishment local y sectores de la oposición manifiestan su intención de volver a entablar relaciones con el FMI para solicitar financiamiento, el Fondo continúa con las conocidas exigencias de recortes de gastos, esquemas impositivos regresivos y desregulación. En esta oportunidad, fue el gobierno de Nicaragua el que presentó sus quejas por las políticas del organismo.

En el marco de las necesidades de financiamiento que tienen los diferentes gobiernos para afrontar la crisis, los técnicos del Fondo en Managua pidieron al gobierno, entre otras cosas, “eliminar todas las exenciones impositivas a instituciones y organismos no productivos del país, para visualizar una economía más sana en 2010”.

El asesor presidencial para Asuntos Económicos de Nicaragua, Bayardo Arce, explicó que “esto significa que las iglesias católica y evangélicas, los organismos no gubernamentales, las asociaciones civiles que traen donaciones al país, con lo que contribuyen a paliar la situación de pobreza que afronta nuestro pueblo, no podrían seguir trayendo esas donaciones si no pagan impuestos”. El funcionario prosiguió en forma crítica: “La idea de los técnicos del FMI de que con esta medida vamos a recaudar más impuestos es totalmente absurda, ilógica y casi una locura”. El gobierno aseguró que no las va a aceptar.

Otra exigencia del FMI que para Arce resulta “absurda y fuera de lugar” es eliminar los ajustes a las pensiones que reciben los jubilados de la seguridad social en base a los incrementos del salario mínimo. “La política del presidente Daniel Ortega ha sido la de revalorizar las pensiones de los jubilados y de todos los sectores protegidos por el Seguro Social, porque hay personas que recibían 20 dólares al mes por pensión”, explicó el funcionario. Arce insistió en que las exigencias del FMI son “absolutamente inaceptables”. La estrategia del gobierno nicaragüense es enviar a Washington una misión integrada por funcionarios, empresarios y otros sectores de la sociedad civil para que se reúnan con el titular del organismo, Dominique Strauss-Kahn.

Las conocidas recetas del Fondo en materia de ajustes fiscales y desregulación se repiten en palabras de Marek Belka, responsable del Departamento Europeo del organismo, quien, al referirse a la delicada situación de los países del este europeo, afirmó que apoya al gobierno de Letonia en los recortes de por lo menos un 25 por ciento en los sueldos del sector público y destacó la flexibilidad “tanto del mercado laboral como del mecanismo de fijación salarial letón”. El “premio” para el gobierno de aquel país es el apoyo al programa oficial con un préstamo de 2400 millones de dólares. El funcionario destacó que, “cuando un país ya está en crisis, el problema principal suele ser la obtención de suficiente liquidez. En estos casos, se impone la disciplina fiscal”.

Las visitas de las delegaciones del Fondo y las declaraciones del referente europeo contrastan con las intenciones de la oposición y del establishment argentino de volver al Fondo.