Ante la falta de crédito y la escasez de recursos fiscales, los constructores reforzaron la presión sobre el Gobierno para que no desvíe a ningún otro fin los recursos que, originalmente, previeron destinarse a obra pública. Las empresas del rubro están haciendo fuerte lobby para que se elimine del proyecto de presupuesto nacional un artículo que habilita “detraer” para otros fines recursos de los Fondos Fiduciarios Vial e Hídrico, que en conjunto suman más de 1500 millones de pesos anuales. El otro anhelo empresario es que se derogue la ley que le permite a las provincias disponer libremente del grueso de los recursos del Fonavi, otro apetecible botín superior a los 1000 millones por año, que sólo tendría que emplearse para financiar planes de viviendas.
A juicio de las principales empresas constructoras nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción, no faltan fondos públicos para obra pública. El gran problema es que éstos no sean derivados a atender otras urgencias, bien sean los salarios estatales o el pago de deuda, salvo, claro está, que esas obligaciones hayan sido asumidas con los constructores contratistas.
Uno de los desvelos patronales son los artículos 28 y 30 del proyecto de Presupuesto 2003. Estos disponen que “los recursos de los fondos fiduciarios podrán tener, previo a la afectación específica vigente, una afectación a favor del Tesoro Nacional”, lo que faculta expresamente a aquellos temidos desvíos. El artículo anterior, en tanto, deriva a Rentas Generales una partida de 521 millones que también tenían que destinarse a la construcción.
En el presupuesto en curso existe un artículo que otorga al Poder Ejecutivo similar prerrogativa. Pero la administración de Eduardo Duhalde no la usó para cubrir gastos corrientes sino para crear subsidios que beneficiaron a colectiveros, concesionarios de trenes, y prioritariamente, a adjudicatarios de rutas por peaje, y contratistas viales. El temor de la CAC es que la próxima gestión de Gobierno haga uso de aquella facultad de un modo mucho menos ventajoso para el sector.
La preocupación patronal es lógica si se atienden los montos en juego. Las constructoras son las principales beneficiarias del Fondo Fiduciario de Infraestructura, alimentado con un impuesto sobre el gasoil, y en su mayor parte destinado a obras viales o a pagar una compensación tarifaria a los operadores ruteros: en los últimos doce años, los concesionarios cobraron más de 450 millones de pesos por esta subvención.
Similar desvelo provoca en las empresas la potestad que tiene cada gobernador para disponer libremente de hasta el 75 por ciento de los recursos del Fonavi. Esta fue una concesión realizada por el gobierno de Fernando de la Rúa a los legisladores justicialistas en el medio de una de las tantas negociaciones de aquella abortada gestión. El problema, según los hombres de la CAC, es que las provincias recurrentemente desvían el dinero previsto para planes de vivienda a cubrir otros gastos.
Por ahora, la Cámara consiguió arrancarle al Presidente la promesa de que reforzará con 25 millones de pesos anuales durante ocho meses los giros de dinero al Fonavi para terminar 58 mil viviendas comenzadas en el marco de los planes estatales. Al mismo tiempo, consiguió que tanto la Nación como muchos estados del interior actualicen los montos de sus contratos según evolucionaron los costos de la construcción, lo que habría permitido reanudar obras suspendidas.
A los empresarios no les faltan argumentos para conseguir estas prerrogativas. En las reuniones periódicas que mantienen con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el propio Eduardo Duhalde, no dejan de remarcar que “hay más de 600 mil desocupados de la construcción” –según remarca el titular de la Cámara y vice de Techint, Eduardo Baglietto– muchos de los cuales integran el creciente ejército de cartoneros. Tan así es que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, pidió a la Cámaraorganizar guarderías nocturnas para evitar que los niños acompañen en el rastrillaje de la basura.
La propia convención anual de la Cámara, que se inaugurará el próximo martes, es una muestra de esta malaria y supuesto ejemplo de austeridad patronal. Este año no hay proclama de ningún ambicioso Plan de Infraestructura ni visitas del exterior. La CAC reemplazó el escenario del Sheraton por el Teatro San Martín y los invitados del exterior, entre ellos el economista Paul Krugman, se harán presentes vía teleconferencia.