Producción: Tomás Lukin

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Segregación y aislamiento

Por Fernando Groisman *

Tres episodios recientes llaman a reflexionar acerca de los efectos adversos que ocasiona la concentración territorial de la pobreza para el logro de mayores niveles de integración social. El primero de ellos ocurrió el pasado mes de abril, cuando la municipalidad de San Isidro intentó levantar un muro sobre una de las calles que separa a ese partido con el de San Fernando. Se argumentó que de esa forma iba a aumentar la seguridad de los habitantes de esa comuna. Debido fundamentalmente a la reacción de los habitantes de San Fernando, la iniciativa fue abortada. Al siguiente mes, en el partido de Lanús, un grupo de personas que había ocupado un predio y reclamaba una solución habitacional fue atacado a balazos por un vecino de un barrio contiguo. A consecuencia de ello, un joven de 16 años fue muerto y otras cuatro personas resultaron heridas. El tercer hecho corresponde al incendio (presuntamente intencional) acaecido en el mes de junio en el asentamiento denominado La Fábrica, ubicado en el bajo Flores, ciudad de Buenos Aires. Producto del estrago se estima que más de 150 familias perdieron sus viviendas.

Los factores que han incidido para llegar a los niveles actuales de fragmentación espacial son en gran medida los mismos que han conducido a los incrementos de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Entre éstos ocupan un lugar destacado los que se originan en un funcionamiento deficitario del mercado de trabajo. En Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, ante la ausencia de sistemas de protección social generalizados, la inserción laboral de las personas es una pieza crucial para comprender las oscilaciones en el bienestar de la población más vulnerable. En efecto, los hogares pertenecientes a los estratos sociales bajos obtienen mayoritariamente sus ingresos monetarios de la actividad económica de sus miembros. De tal forma que el aumento del desempleo y la precariedad ocupacional van a derivar en pérdidas de ingresos que afectan el nivel de vida de estos hogares. Entre otros perjuicios, aumentarán las dificultades para afrontar los pagos relacionados con la vivienda, obligando a las familias más vulnerables a la reubicación espacial. Por otra parte, en contextos recesivos el cierre de empresas reduce las oportunidades laborales locales, ocasionando procesos de empobrecimiento territorial en el área de influencia de esas firmas. Finalmente, la intensificación de la concentración de las elites y capas medias acomodadas en urbanizaciones cerradas completa el cuadro de elevada fragmentación espacial.

Esta secuencia de acontecimientos fue la que experimentó Argentina durante la década del noventa; sin embargo, en los últimos años el crecimiento económico en Argentina fue manifiesto y tanto el desempleo cuanto la pobreza se redujeron marcadamente. Aun así, los episodios arriba señalados prueban que las desigualdades espaciales están lejos de haberse erradicado. Ello obliga a revisar la efectividad del mercado de trabajo como mecanismo de integración social en las fases de recuperación de la economía.

En primer término debe enfatizarse el rol crucial de una sostenida demanda de empleo de trabajadores de baja calificación. Además, es decisivo que la generación de estos puestos de trabajo cumpla con ciertos estándares de calidad, básicamente que se encuentren registrados en la seguridad social. Estos empleos, que gozan de mejores remuneraciones y elevada estabilidad, brindan mayor previsibilidad y certidumbre sobre los ingresos futuros que recibirá el hogar y, por lo tanto, facilitan el acceso a la vivienda en vecindarios menos segregados. En Argentina el déficit en este aspecto es relevante: más de un tercio de los trabajadores asalariados se de-sempeña en un puesto precario. Sin embargo, y en segundo término, conviene destacar que el propio entorno urbano en el que residen los hogares segregados impone, en numerosas ocasiones, restricciones a los trabajadores de estas áreas para acceder al empleo. Por ejemplo, la discriminación que sufren los residentes de estos vecindarios por parte de algunas firmas (y de los hogares en el caso del servicio doméstico), la menor demanda de empleo en las zonas empobrecidas por los procesos ya señalados, el fuerte déficit en el transporte público y los problemas que la seguridad acarrea para la circulación en determinadas franjas horarias, entre otros, limitan una participación plena en el mercado laboral.

En suma, la segregación residencial, que en Argentina es de naturaleza eminentemente socioeconómica, ha reforzado el aislamiento social y ha acentuado la severidad de las fronteras sociales. La reciente recuperación económica de Argentina pone de manifiesto que un mayor aprovechamiento social de los beneficios del crecimiento económico implica actuar sobre estos factores. Ello redundaría en el mejoramiento de la equidad y elevaría los niveles de integración social.

* Investigador del Conicet y Universidad de California, San Diego.

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Revisar los programas

Por Valeria Mutuberría Lazarini *

En los últimos años, el crecimiento del Producto Bruto Interno ha mostrado tendencias alentadoras, acompañado de un crecimiento en diversos sectores, entre ellos el de construcción y servicios inmobiliarios. A partir de esta situación pretendemos plantear algunos puntos para reflexionar sobre las condiciones habitacionales actuales. Un análisis general de la situación permite señalar que el crecimiento económico aún no tiene efectos en el mejoramiento de las condiciones urbanas de la población, refiriendo al acceso, gestión y calidad de la vivienda, el suelo y los servicios públicos urbanos, que afectan a la sociedad en su conjunto.

Un tema importante y recurrente es el aumento considerable del precio de los alquileres por diversos aspectos –revalorización de las propiedades, escaso acceso a recursos para la compra de vivienda, entre otros– y que generan un importante impacto en el ingreso de los hogares. Asimismo, un alto porcentaje de los ingresos del hogar va destinado a cubrir necesidades alimentarias y al consumo de servicios públicos urbanos, por este motivo, a medida que la situación del hogar se precariza, mayor es el impacto en el presupuesto.

Por otro lado, en las últimas décadas la población en las villas y asentamientos precarios se ha incrementado notoriamente, al igual que su densificación, y la ampliación de la cobertura de servicios no tuvo impactos positivos en cuanto a la calidad. Estos aspectos impactan en la salud, la educación y las capacidades de trabajo de las personas.

Se añade la situación de estigmatización y segregación que sufren quienes viven en las villas, asentamientos y barrios humildes. En abril, el intendente de San Isidro construyó un “muro” en los límites con el municipio de San Fernando, con la finalidad de separar los barrios humildes y frenar la entrada de “delincuentes” al barrio de La Horqueta, bajo el discurso de la “inseguridad”. También ha sido noticia pública la existencia y acción de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que ha ejercido con total violencia los desalojos en la ciudad de Buenos Aires de aquellas familias y personas que viven en casas tomadas, en situación de calle y cartoneros, sin dar respuesta con planes de reubicación y de protección para esta población.

No debemos dejar de mencionar la situación de acceso a los servicios públicos, que luego del proceso de privatización, la provisión aún muestra ser ineficaz e ineficiente. A partir de estas condiciones, el acceso se restringe a los “clientes” con capacidad de pago para costear obras de infraestructura y consumo, generando desigualdades en la condiciones de vida de la población.

Es importante mencionar las respuestas que ha dado el gobierno nacional en materia de políticas habitacionales, que cuentan como principal objetivo a poblaciones de bajos recursos y en emergencia habitacional. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ssduv) se desarrollan distintos programas, como son: Plan Federal de Vivienda, Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), Plan de Emergencia Habitacional (conocido como “Techo y Trabajo”), entre otros.

Para alcanzar la mayor cantidad de población que vive en condiciones de precariedad, se deberían revisar los mecanismos administrativos y de redistribución de los programas habitacionales. Asimismo, la generación de estrategias de participación en el diseño de programas habitacionales contribuiría a una mejor respuesta de atención a las necesidades de la población implicada. En las últimas semanas el lanzamiento de créditos para viviendas otorgados por el Banco Hipotecario con fondos de la Anses generó expectativas entre aquellas personas que carecen de los recursos para acceder a la vivienda. Pese a ello, sólo acceden a este crédito sectores de ingresos medios de la población que cumplen con los requisitos de precalificación.

Otras formas de resolución son las experiencias asociativas cuyo objetivo es la resolución colectiva de las necesidades habitacionales. No les ha sido fácil su de-sarrollo, dado que cuentan con escasos o nulos recursos por parte del Estado y no existe normativa acorde que las regule. Un aspecto importante a reflexionar es el grado de mercantilización de las condiciones habitacionales: la vivienda y el suelo se compran y venden en el mercado a un precio determinado por la oferta y demanda, con el componente que en los últimos años se ha tornado una mercancía de especulación financiera; los servicios públicos urbanos están en su mayoría privatizados, y sólo acceden los “clientes” que pueden pagar la instalación y el consumo. La mercantilización a ultranza de las condiciones habitacionales tiene serios impactos en la calidad de vida, limitando el ejercicio del derecho a la salud, educación, desarrollo de capacidades de trabajo, entre otros.

* Economista-Magister en Economía Social. Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.