El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, confirmó ayer que las empresas que están involucradas en investigaciones judiciales no serán eximidas de esas causas al inscribirse en el actual régimen de moratoria impositiva y blanqueo de capitales. “No hay nadie que pueda quedar fuera de la investigación judicial” aseveró.

El funcionario subrayó que “si hay algo que es muy clarito, y que he ido especialmente a explicarlo a Francia, al Grupo de Acción Financiera (GAFI), es que toda exteriorización de capitales que sea motivo de notificación por parte de los organismos que tienen obligación legal de notificar a la Unidad de Investigación Financiera serán investigados”. “No hay ninguno que se exima de esa situación. No lo hay. Imposible”, garantizó.

Al respecto, recordó que en el GAFI “se discutieron dos leyes de características similares, en líneas generales, pero muy particularmente diferentes, como Turquía y Argentina”. “Usaban el ejemplo argentino para decirle (a Turquía) las cosas que tenían que corregir; y nosotros habíamos dicho: ‘miren si hay organismos obligados, son los que tienen la responsabilidad de hacer la elevación de lo que se conoce como el reporte de operaciones sospechosas’. El reporte va a ser analizado, de cualquier forma que llegue”, dijo. “Nosotros no hemos evitado en ningún momento los análisis de reportes de operaciones sospechosas. Nunca. Quedó muy claro en el GAFI”, insistió.

El viernes, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, afirmó que el blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno finalizará el 31 de agosto próximo porque “no se analiza ninguna postergación” de esa fecha, y remarcó que “no está en estudio” la posibilidad de gravar la renta financiera, como circuló la semana pasada. “No estamos analizando una postergación del blanqueo”, puntualizó, al tiempo que reconoció que podría haber algún tipo de decisión que contemple la financiación de las deudas fiscales de 2008, pero en un régimen parte.