Debía ser la semana en la que el gobierno nacional consolidara su proyecto de gobernabilidad mediante la convocatoria a un diálogo amplio, que en lo económico y social se traducía en la formación de un consejo de carácter permanente con participación de centrales sindicales y organizaciones empresarias. Sin embargo, pudo ser la semana en la que el proyecto muriera antes de nacer. El temblor en la cumbre de la CGT pudo haber hecho naufragar el proyecto, si hubiera derivado en fractura y la misma generado repercusiones del lado empresario. Desde el frente patronal se siguieron con especial atención los acontecimientos, pero con mínima participación. Hasta donde se sabe, no hubo gestiones ni “operaciones” a favor o en contra de la fractura, pero sí una pausa impuesta por la expectativa por ver cómo terminaba resolviéndose la disputa entre el moyanismo y los “Gordos”. Pausa que, por ejemplo, postergó la definición que debía tomar el último martes el comité técnico encargado de consensuar la redacción del decreto que daría forma al propuesto consejo económico y social.

El referido comité técnico está conformado por un representantes de un pequeño núcleo de organizaciones empresarias (cuatro), representantes de la CGT y del Gobierno, a través de los ministerios de Trabajo, Planificación, Producción y Economía. El documento en borrador que definía las atribuciones y estructura del consejo económico y social ya había sido redactado una semana antes y girado a las entidades para su revisión final. La presidenta de la Nación le dio el visto bueno el viernes 17 a la noche. La intención era que esta misma semana tomara estado público y, logrado el consenso, iniciar una ronda de conversaciones para definir los primeros temas a tratar. Estos temas tendrían la forma de anteproyectos de ley sobre cuestiones económicas y sociales trascendentales, sobre los cuales el consejo debería pronunciarse antes de que el Ejecutivo los remitiera al Congreso para su aprobación. Rebaja a las retenciones agrícolas o políticas de promoción sectorial, por ejemplo, son ítem que se espera que sigan este camino.

Pero la CGT llegó al encuentro con un tema fundamental sin resolver: su representación. Varios gremios de los más pesados amenazaron provocar un cisma en disconformidad con la conducción de Hugo Moyano. Entre ellos, Comercio y Construcción, particularmente influyentes en el armado del consejo económico y social, no sólo por ser dos de los gremios más numerosos. Es arduo imaginar qué habría pasado con la Cámara Argentina de la Construcción o con CAME si los gremios liderados por Gerardo Martínez y Armando Cavalieri hubieran rechazado el convite de entrar en el consejo. Más arduo aún si se los imagina en tal actitud acompañados por Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria, UPCN, Bancarios y Sanidad. Los “Gordos”, conscientes de esta situación de poder coyuntural, apretaron a una conducción de la CGT salpicada por la derrota electoral del oficialismo del 28 de junio. Sabiendo de la necesidad y urgencia del Gobierno por sacar adelante la convocatoria al consejo, presionaron al “aliado” del Gobierno para que este último pagara los costos. Algo se acordó y, por ahora, el Gobierno no tuvo más costo político que un atraso en el cronograma.

Los “Gordos” tendrán en el consejo más asientos de los que originalmente les había ofrecido Moyano. Este es un peso que se puede hacer notar en los plenarios del cuerpo. Sobre todo, teniendo en cuenta que más de un dirigente de ese sector guarda estrechas relaciones con sectores empresarios, de su misma rama o de otras. A la hora de votar, habrá que estar atentos a cómo será el trato de estos gremios con respecto a los grupos empresarios y a los otros gremios de trabajadores.

Nadie podía suponer que, en medio de un proceso postelectoral, después de una campaña en la que sectores vinculados con los grupos económicos más poderosos jugaron bastante explícitamente a favor de la oposición, al Gobierno le iba a resultar fácil retomar la iniciativa. Superó las primeras semanas con algunos resultados a favor notables. Los peores augurios respecto de una hecatombe posterior a las elecciones no se cumplieron y ya pocos los repiten. Algunas entidades representativas del establishment, como la UIA, bajaron visiblemente el tono confrontativo, abandonando enunciados ingratos hacia el manejo económico por parte de cualquier gobierno, como es pedir una devaluación. En cambio, una organización de bastante reciente creación pero emblemática, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), salió al ruedo con una propuesta de temario que el Gobierno debía abordar en forma inmediata. En materia de gasto público, política comercial externa y relaciones entre Estado y sector privado, prácticamente es un panegírico del más ortodoxo modelo neoliberal de los ’90. Más político-ideológica que gremial-empresaria, AEA expresa, como núcleo de empresarios que participan “en forma personal”, lo que las entidades de cúpula a veces prefieren no decir directamente. Este doble discurso pocas veces antes se puso tan en evidencia.

Aunque demorado en la puesta en marcha del consejo económico y social, el Poder Ejecutivo pudo avanzar en cambio en la propuesta para encontrarle una salida a la crisis del Indec. Aunque no la asume como tal, el Gobierno la reconoce como un dolor de cabeza. Dejó crecer demasiado el problema, habilitó su politización, llegó al punto de que hasta los propios aliados (Plan Fénix) cuestionaran las falencias técnicas que padece el funcionamiento del organismo. Ante la difícil disyuntiva de resolver de cuajo el problema político o buscarle una salida técnica, optó por esta última. No quizá por ser la más liviana o menos comprometida, como con simplismo interpretaron muchos (cultores del reduccionismo de moda “no cambió nada”), sino porque no hay salida fácil y hay que empezar por lo más trabajoso: someter a revisión todo el andamiaje metodológico sobre el que se montan los índices.

Desde muchos análisis críticos se insistió excesivamente en el tema de la “confianza” como la barrera que hay que abrir para seguir en el camino. Si no se aparta a Guillermo Moreno no hay confianza de que haya voluntad de producir cambios en el Indec. Si el Gobierno no da “señales” más profundas, no hay confianza en que haya una verdadera voluntad de diálogo. Si el Gobierno no resigna las políticas que demuestran un Estado activo, no hay confianza en que se respeten las reglas de juego al sector privado. Demasiadas condiciones impuestas por quienes, justamente, no se han destacado por haber honrado la confianza que se les dio al poner en sus manos el manejo de sectores clave de la economía, ya sea servicios públicos privatizados o áreas estratégicas con permisividad del Estado.

La discusión económica y social es una puja de intereses, es una expresión de conflictos. Sectores que se encuentran en disputa, que pelean desde posiciones contrapuestas. No es la regla común que entre estos sectores confrontados exista la confianza. Y sin embargo, ello no invalida la discusión. La falta de ejercicio democrático de sectores que se caracterizan más por imponer relaciones de poder favorables antes que buscar consensos probablemente los impulse a un rechazo natural a los espacios demasiado democráticos. Es otra de las barreras con las que se encontrará el actual proceso.