¿Qué pasará con el dólar? ¿Se terminó el veranito financiero? ¿Qué repercusiones se verán sobre la marcha de la economía? ¿Servirá la disminución de dos puntos en el IVA? ¿Se pagarán los próximos vencimientos de la deuda? La decisión de no pagar con reservas el vencimiento de 800 millones de dólares con el Banco Mundial abrió signos de interrogación sobre cuestiones centrales de política económica.
El grueso de los economistas, aun los vinculados al establishment, respaldaron la decisión de no desprenderse de divisas hasta tanto no se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Los disensos entre los expertos, no obstante, aparecen al momento de trazar las perspectivas para el mediano plazo. Para los ortodoxos, como José Luis Espert, Aldo Abram o Fernando Losada, la situación económica dependerá de cómo continúen las negociaciones con Washington. En cambio, para otros especialistas, como Miguel Peirano, ligado a la Unión Industrial, la decisión de Lavagna ofrece una oportunidad al Gobierno de evitar las medidas de ajuste y abocarse a las políticas activas que dejen atrás la crisis.
La evolución del dólar no figura entre las máximas preocupaciones de los economistas. Si bien ayer hubo un salto en la cotización, de 3,56 a 3,59 pesos en el mercado libre, existe consenso de que la paridad podría subir algunos escalones, pero nada para preocupar (¿3,70/3,75 como máximo?) dados los estrictos controles cambiarios en vigencia y la magnitud de las reservas del Central, que suman 9810 millones de dólares. Al respecto, ayer en la city volvieron las especulaciones sobre una inminente medida para obligar a las petroleras a liquidar un mayor volumen de divisas en la ventanilla del Banco Central. Hasta ahora, están habilitadas para vender en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus exportaciones.
En la visión de los expertos, los próximos 30 días se verán con toda su potencia los efectos del default: los agentes económicos postergarán decisiones hasta convencerse de cómo sigue la película tras la cesación de pagos y sin acuerdo con el FMI. También se espera para esos días una mayor, aunque acotada, tensión cambiaria y también política, en especial por las críticas que pueda recibir el Gobierno desde el menemismo y la derecha liberal.
Para economistas como Peirano, podría ser cierto que, en el corto plazo, el desacuerdo con el Fondo y el default tornen más pobres las expectativas de empresarios y que a su vez esta realidad afecte las perspectivas del público en general. Justo cuando el Gobierno quería presentar el veranito financiero como paso previo a la reactivación, aunque para otros expertos ello se trate apenas de un espejismo.
Sin el acuerdo, el Gobierno pareciera jugarse a un esquema propio. La primera, y hasta ahora única medida conocida en ese sentido fue la rebaja de dos puntos en el IVA por 60 días. Para los economistas más alejados de la ortodoxia, este podría ser el puntapié inicial de una estrategia bien distinta a la de los últimos años. Entre las propuestas mencionadas figuran: la continuación del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos para los usuarios residenciales (no así para las empresas); una aumento en los salarios públicos y una mayor flexibilidad fiscal, lo que se traduciría en una emisión monetaria extraordinaria para financiar, por ejemplo, un plan de obras públicas. Todas estas medidas difieren con las recetas bajadas desde Washington, siempre tendientes a asegurar un determinado superávit fiscal para hacer frente a los pagos de la deuda.
En los próximos días, La administración Duhalde, aparentemente en consenso con gobernadores y legisladores, dará señales concretas del camino a seguir para sacar a la economía del pozo. Con respecto a los vencimientos de la deuda, tiene un par de semanas para decidir. Tras eludir el pago de 805 millones al Banco Mundial, se viene una cuota de 231 millones en diciembre, entre capital e intereses al BM, BID y FMI. Los vencimientos más abultados vuelven en enero. Ese mes habría que abonar1122 millones de dólares a los organismos, según datos de la Oficina de Crédito Público de Economía. Una porción de ese compromiso podría refinanciarse automáticamente por un año ya que se trató de un préstamo del blindaje. En el primer trimestre de 2003, habría que pagar 4724 millones, de los cuales podrían demorarse 2655 millones.