En varios temas vinculados con la economía existen lugares comunes que al expresarse reciben la aceptación de auditorios sensibles. En el caso específico de las retenciones a cuatro cultivos clave, el discurso políticamente correcto desde el universo del progresismo refiere a la necesidad de segmentar la carga de los derechos de exportación según extensión del predio o volumen de producción. Incluso uno de los principales argumentos para cargar la culpa al Gobierno por la derrota de la Resolución 125 apunta a la torpeza política de haber aglutinado a todos los productores de la Pampa Húmeda sin separar a pequeños y medianos de los grandes. Insistir con esa idea puede calmar conciencias por haberse abrazado a la Sociedad Rural, pero a esta altura resulta una cínica simulación. La activa participación de la Federación Agraria Argentina en la vida social de la Exposición Rural, además de la férrea alianza que constituyó en la Mesa de Enlace desde marzo de 2008, debería ofrecer la oportunidad de replantear esa ficción de segmentación que entusiasma al arco progresista. Más aún cuando los supuestos beneficiarios ya la han rechazado en el abortado proyecto modificado en Diputados de retenciones móviles. Esa impugnación brindó contundentes evidencias para empezar a familiarizarse acerca de la relevante transformación de ese sujeto agrario. De ese sufrido y laborioso chacarero en su pequeña parcela que pena ante el avance de los terratenientes con grandes capitales. Ese retrato sólo ha quedado en el imaginario de cierta corriente política que aún piensa que existen intereses divergentes entre esos productores, y que se niega a escuchar una y otra vez los discursos excitados de esos líderes campestres hermanados.

La propuesta de la Mesa de Enlace consiste en una fuerte baja de las alícuotas de los Derechos de Exportación, hasta cero para el trigo, maíz y girasol y del 35 al 25 por ciento para la soja. Para este último cultivo se plantea un esquema de segmentación, impulsado por la FAA para seguir confundiendo a la tribuna que la añora, que es lo mismo que presentar una disminución generalizada puesto que alcanzaría a casi todos los productores. Más allá de ese juego político, a nivel operativo la segmentación es de difícil fiscalización por la elevada informalidad y opacos mecanismos de comercialización de las cosechas. Un esquema de recaudación que diferenciara alícuotas según volumen de producción o cantidad de hectáreas de la explotación se transformaría en un colador. Además, esa tarea pasaría a ser realizada por las grandes exportadoras de cereales, que son las que al final de la cadena pagan las retenciones al fisco. Esas compañías deberían ordenar los despachos discriminando según la dimensión del productor, para luego disponer el giro de los recursos a la Aduana. Ya se sabe que ese mecanismo no sería una vía confiable teniendo como antecedentes los actuales procesos de investigación de la AFIP sobre operaciones de triangulación, utilización de paraísos fiscales y elusión fiscal por parte de esas compañías.

En realidad, al margen de las consideraciones operativas y de la comunión de intereses entre productores de tamaños diversos, la indiferencia del sector a la medida de segmentación se encuentra en que muchos de los actores de esta actividad operan en negro. Para poder acceder a beneficios fiscales o ser parte de un cuadro fraccionado de retenciones se requiere cumplir con las obligaciones impositivas, previo a registrarse como contribuyente. No es el escenario más habitual en el negocio agropecuario, lo que explica la furia de los representantes del sector del campo privilegiado contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

El menosprecio a la segmentación de retenciones de dirigentes que dicen representar a pequeños productores sojeros de la Pampa Húmeda tiene su origen en el extraordinario cambio de paradigma tecnoproductivo de la actividad agraria. Entre diversas mutaciones en la organización de la producción, uno que se destaca y que en general no tiene tanta consideración en los análisis del presente conflicto es el papel de los contratistas de servicios agrarios. Desde mediados de la década del noventa se ha producido un fenómeno creciente de tercerización de buena parte de las labores agrícolas pampeanas. El contratista de servicios realiza el trabajo cultural agrícola a cambio del pago de una tarifa (en pesos o en porcentaje de la producción) por hectárea trabajada (arar, sembrar, siembra directa, fumigar, cosechar). Se trata de una actividad conocida desde el siglo XIX, en la que se destacaban los contratistas de trilla, pero en los últimos años se ha expandido progresivamente hasta alcanzar un significativo nivel de generalización.

Eduardo Azcuy Ameguino, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se pregunta: “¿Qué queda de la personalidad de productores directos de todas las capas de chacareros medios y pobres en la medida en que reemplacen el trabajo personal/familiar por la contratación de los diversos servicios agrícolas?”. En el documento que publicó en Realidad Económica 244, “El papel del contratismo de servicios de maquinaria en la caracterización socioeconómica de las pequeñas explotaciones agropecuarias”, se responde: ese proceso “puede alterar –y de hecho lo hace– muchos de los supuestos que se han utilizado hasta la actualidad para conceptualizar a los agentes económicos y construir tipologías sociales agrarias”. Azcuy Ameguino, en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, calculó que en la zona privilegiada de Pergamino casi el 60 por ciento de la superficie agrícola es trabajada por contratistas, elevándose a un promedio del 80 por ciento para los pequeños productores de hasta 100 hectáreas. Se estima que en los años siguientes ese proceso se ha profundizado aún más.

Esos contratistas tiene variadas formas, pero la más usual es la de un productor que posee una parcela propia de tierra y un equipamiento muy superior a sus necesidades. También suelen disponer de mano de obra familiar en exceso. Entonces “venden” servicios de labores agrícolas y de cosecha. Sus clientes son explotaciones mayores a las que no conviene inmovilizar grandes sumas de capital fijo y mantener personal permanente y talleres de mantenimiento. Pero también atienden a pequeños productores sin la capitalización necesaria para mecanizarse y sin la superficie mínima que lo justifique. La expansión de la aplicación del paquete tecnológico siembra directa-semilla transgénica-glifosato, que requiere economías de escala para maximizar rentabilidad, impulsó el crecimiento del negocio de los contratistas. Se empezaron a crear empresas al efecto exclusivo de realizar dichas tareas, así como también grandes productores que buscan optimizar la utilización de sus maquinarias. Azcuy Ameguino explica que “de esta manera, también entre los contratistas existe una fuerte diferenciación social que va desde pequeños productores familiares hasta fuertes capitalistas agrarios”. Destaca que analistas del agronegocio remarcan que “lo singular de la Argentina y clave del éxito agrícola es el mercado de servicios agropecuarios que ofrecen los ‘sin tierra’, que hacen ‘chacring’ (servicios de cosecha, de pulverización, siembras, labores culturales)”. Y concluye que “no es posible continuar denominando como familiares o chacareras a aquellas explotaciones donde todas o la mayoría de las labores sean realizadas mediante la contratación, en este caso indirecta, de fuerza de trabajo ajena”.

Avanzar en la comprensión de la forma y organización de la producción agrícola, y de los agentes sociales que intervienen en ese proceso, permite un análisis político y económico más preciso acerca de la disputa que está marcando el sendero de desarrollo futuro del país. De esa manera se estaría en condiciones de eludir los lugares comunes que agradan a la tribuna de las buenas conciencias, como la idea de la segmentación de retenciones a los productores sojeros pampeanos. Si se superara la instancia de entendimiento de ese complejo ciclo económico, quedarían en evidencia las fuerzas en pugna y el inquietante destino que le depara a las mayorías el avance del poder emergente de la trama multinacional sojera.

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