El secretario de Energía, Daniel Cameron, y el viceministro de Planificación, Roberto Baratta, irán hoy hasta la Comisión de Energía del Senado para defender los diversos cargos sobre las tarifas del gas y de la luz que dieron lugar a los controvertidos aumentos. El esfuerzo oficial estará orientado sobre su propia tropa parlamentaria, donde el tema genera resistencias, aunque la voz cantante la lleva la oposición. Ambos funcionarios estuvieron anoche reunidos con los legisladores del Frente para la Victoria, en preparación del encuentro de hoy.

La visita de Cameron y Baratta tendrá lugar horas antes de que se reúna frente al Palacio la marcha de dirigentes de la oposición y asociaciones de consumidores en protesta contra los ajustes. Previsiblemente, los funcionarios insistirán con que el polémico cargo para financiar la importación de gas y la infraestructura necesaria para tal operación involucra sólo a una porción minoritaria de la población, aquella con mayor nivel de consumo y, presuntamente, con más capacidad contributiva. En el área metropolitana, sostienen, son algo más del 20 por ciento de los usuarios.

Otra idea fuerza de Planificación es que uno de los aumentos aplicados sobre la tarifa del gas también sirve para subsidiar la denominada garrafa social, prometida a 16 pesos. Algo que para las asociaciones de consumidores es un verdadero hallazgo, ya que difícilmente puede conseguirse a menos de 22 pesos, aseguran.

En un intento de oxigenar el clima, las distribuidoras de gas explicaron ayer por comunicado el criterio definido por ellas mismas para fijar las excepciones al pago del cargo desde febrero, cuando las instruyó el ente regulador. Para Gas Ban, los beneficiarios son aquellos que “acrediten una singular situación de dificultad socioeconómica o humanitaria”. Metrogas, por su parte, detalló que la excepción se aplica en los casos en que el titular del suministro reciba algún tipo de subsidio por desempleo; sea beneficiario de un plan social otorgado por la Nación, provincia o municipio; o posea un certificado de discapacidad, tal como consigna en su página web.

Pero aunque los funcionarios resultaran muy persuasivos frente a los legisladores del Frente para la Victoria que están dispuestos a apoyar proyectos para anular los incrementos, los cargos sobre las tarifas energéticas corren serios riesgos de ser abortados con argumentos legales, algunos de los cuales ya se están utilizando ante los tribunales en el interior del país. El senador y líder de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, esgrimió uno de ellos, cuando advirtió que los “cargos” son lisa y llanamente un impuesto, cuya creación no estaría dentro de las facultades delegadas por los legisladores al Poder Ejecutivo. Ni siquiera es muy claro si la ley de cargos específicos que se sancionó a principios de la gestión kirchnerista habilita esta imposición para algún otro fin que no sea el de infraestructura.

La Comisión de Energía de Diputados tampoco está quieta. Los opositores instaron a la oficialista que la dirige, Roxana Bertone, a que cite a una reunión para tratar el tema. De lo contrario, dijeron, se autoconvocarían para manifestar su posición. Una embestida que tiene también su correlato en la Justicia, donde proliferan las cautelares adversas a los cargos. Ayer, la distribuidora gasífera de La Rioja indicó que suspendía la recaudación y que estaría dispuesta a devolver a los usuarios el importe correspondiente por una decisión judicial.

En este contexto, el Gobierno defiende su política tarifaria, que en el caso del gas se expresó en tres aumentos: para subsidiar la garrafa social, para mejorar el precio a los productores, y para importar el que falta y faltará cada vez más, ya que las reservas caen en picada por la debilidad de inversiones en exploración.