Difícilmente el ministro de Economía haya supuesto que, a escasas horas de regresar de Washington, las perspectivas de un acuerdo con el FMI se le iban a complicar tanto. La Justicia suspendió ayer las audiencias públicas para definir los aumentos de tarifas de electricidad y gas que iban a realizarse la semana próxima. La jueza Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar al reclamo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de un foro de organismos defensores de los usuarios y consumidores, que reclamaban que las tarifas se discutieran en el marco de una renegociación global de los contratos, como lo establece la Ley de Emergencia Económica dictada en enero de este año. En Economía existe poca convicción en que los aumentos puedan resolverse por un decretazo, como lo había anunciado Roberto Lavagna en un coloquio empresario la semana pasada. En tanto, las empresas eléctricas y gasíferas advierten que se incrementan los riesgos de colapso de servicios, porque faltarán insumos en varios puntos de las líneas de suministro. “Se viene la noche, y encima sin luz”, ironizó una fuente empresaria.
Lavagna simuló despreocupación en público, pero el fallo judicial provocó indignación en el Ministerio de Economía. No sólo porque lo consideran “muy endeble” desde el punto de vista argumental, sino porque aun así no les deja ya ningún margen para avanzar en el tema. “Lo que queda de manifiesto es el grave desorden institucional existente, porque el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial aparecen invalidándose uno a otro, provocando un vaciamiento de funciones en el que nadie puede decidir nada”, señalan con tono dramático cerca del ministro. En este contexto, un decreto de necesidad y urgencia para resolver las nuevas tarifas no aparece como una solución, “porque ofrece tantos flancos débiles como las dos convocatorias a audiencias públicas impugnadas”.
Como si faltaran elementos para el citado desorden, ayer a media mañana, minutos después de que se conociera el fallo de Rodríguez Vidal, la comisión coordinadora de la renegociación de los contratos de servicios públicos le hizo llegar a las concesionarias eléctricas una nota en las que se les informa que, habiendo verificado que las pretensiones de ajuste se han formulado en la forma correcta, se las invita a participar “en la etapa siguiente”, que correspondería a la negociación con el Estado y demás partes interesadas del aumento a aplicar. “Es una burla, están respondiendo ahora por pedidos de ajuste presentados en abril y que luego fueron dejados de lado por otras alternativas, como el aumento de emergencia primero y la convocatoria a audiencias públicas por los entes después”, respondió una fuente empresaria.
En su fallo, la jueza Rodríguez Vidal señaló que “no parece factible separar la cuestión atinente a la modificación de las tarifas del resto de las materias que deben ser analizadas en el marco de la renegociación integral de los contratos”, con lo cual vuelve al mismo argumento con el que impugnó la convocatoria anterior. Si bien admite que en el anterior había reclamado la participación de los entes reguladores y que esta condición se cumplió ahora, aclara que se trata de “una condición necesaria pero no suficiente”.
En Economía admiten que, sin consenso político, no hay posibilidad de mover las tarifas. Y sin aumentar las tarifas, a corto plazo enfrentará cortes de servicio. Desde las concesionarias ven una realidad no muy distinta, aunque culpen a Economía por la incapacidad de resolver la cuestión. “Este gobierno tiene un problema, el atraso tarifario, que si no lo enfrenta le va a dejar al próximo gobierno dos problemas, el atraso de tarifas agravado y un deterioro grave del servicio que ya a esa altura será inevitable”, sostienen en el sector eléctrico. Las distribuidoras y transportadoras de gas fijaron posición en un comunicado público, en el que el sector “advierte y responsabiliza a las autoridades competentes porlas consecuencias que pueda ocasionar a la población (...) la ausencia de una definición inmediata”.
En el sector gasífero, la falta de recursos amenaza con afectar el desempeño de las plantas compresoras de las transportadoras, cuyo efecto directo será una menor presión de bombeo y, por lo tanto, una baja en el suministro. En el sector eléctrico, aseguran que el transporte “está al borde del colapso”, ya que “al primer gran transformador que se queme sale una línea de servicio, porque no hay forma de reponerlo”, sostienen fuentes empresarias. De manera similar, las distribuidoras trabajan con stocks limitados de insumos, sin posibilidad de reposición de los importados por faltas de fondos y de líneas de crédito externas. Y un conflicto adicional es el que les está generando el robo de cables.
“Nosotros vemos tan lejos el incremento de tarifas como cerca e inexorable el camino al deterioro creciente del servicio”, sentenció un vocero del sector eléctrico. “El Estado se desentiende de sus funciones, es el concedente del servicio y es su obligación asegurar la sustentabilidad de la prestación; el concesionario presta el servicio a su nombre y cuando no están dadas las condiciones para hacerlo, se acabó su obligación”, apuntó con una filosofía que puede ser el anuncio de que oscuras sombras se ciernen sobre el sector eléctrico. En el Palacio de Hacienda lo admiten, pero se sienten con las manos atadas.