Ante la decisión de mantener el cargo específico sobre la tarifa de gas por redes, el Gobierno decidió afinar el lápiz sobre las excepciones que los usuarios pueden tramitar. El Enargas trabajaba ayer en un instructivo para darles a las distribuidoras alguna indicación adicional que permita agilizar la respuesta a los clientes que requieran ser eximidos, con la variante de sumar a las asociaciones de consumidores y municipios en la recepción de los pedidos. No habrá marcha atrás, en cambio, en la aplicación del cargo específico, que explica el grueso de las subas en las facturas del gas. La recaudación –oficiosamente estimada en poco más de mil millones de pesos al año– resulta un bocado muy codiciado. No sólo ayuda a costear la importación de combustible que hace el Estado sino que puede servir para solventar las obras necesarias para esa operación. Néstor Kirchner prometió ayer que “si algún hogar humilde le tocó el aumento va a quedar sin efecto”. (ver pag. 4)

Las excepciones podrían considerarse un tema casi marginal, porque afecta a una porción menor del universo de clientes sujetos al cargo. A decir del propio secretario de Energía, Daniel Cameron, son sólo el 4 o 5 por ciento. Pero atender debidamente ese segmento puede descomprimir la presión que existe sobre la cuestionada imposición.

A través de la nota 1171 del 6 de febrero, el Enargas encomendó a las distribuidoras que instrumenten algún mecanismo para definir quiénes podrían ser eximidos del cargo. La definición quedó así en manos de las empresas que resolvieron la cuestión a su criterio, aunque aplicando cierto sentido común. Sin más trámite, se propuso el otorgamiento a quienes tengan certificado de pobreza, a lugares donde funciona un comedor comunitario, o a todo jubilado que demuestre que percibe el haber mínimo. Las empresas elevaron al Enargas, que comanda Antonio Pronsato, su plan al respecto y el tema pasó desapercibido, como uno de los tantos propios del quehacer burocrático. Hasta que estalló el malhumor social por los incrementos.

La idea de los reguladores es definir ahora lo que no se hizo en principio, cuando se dejó a criterio de cada distribuidora elegir la vara para medir a los que por razones humanitarias o económicas pudieran ser eximidos. El lunes, el Enargas inició un recurso para sancionar a Metrogas por tener sólo tres oficinas habilitadas para que los clientes pudieran reclamar excepciones. Y ayer se analizaba cómo trazar una línea entre las eximiciones automáticas y aquellas que ameritarían un análisis particular.

Pero la dinámica no cambia mucho de la prevista hasta ahora. La que resuelve el caso puntual es la distribuidora y el ente actúa como una segunda instancia para el usuario que fuera rechazado o para despejar alguna duda que tenga la empresa a la hora de otorgar el beneficio. Según comentan los propios reguladores, Gas Natural BAN ya habría dado curso a 1500 trámites, por citar un ejemplo. El anuncio de una nueva modalidad, con intervención directa del Enargas tanto en la elaboración de los requisitos como en su opinión de segunda instancia sobre el otorgamiento, parece sólo un gesto político para demostrar que hay intención de atender a los casos puntuales que ameriten consideración.

Quizá no sea el único instructivo que se necesite redactar, ya que a la luz de lo que se ve en la práctica, hay muchos casos que parecen fuera de norma. Si bien la categoría de un usuario la define el promedio de su consumo anual (ver aparte), hay situaciones en las que por haber subido mucho la demanda un bimestre, el cliente en cuestión queda localizado en las categorías superiores y obligado a pagar aumentos del 300 o 400 por ciento. Un salto que ni el Estado ni las distribuidoras parecían tener en sus cálculos.

El principal argumento oficial es que el ajuste sólo involucra a los usuarios de más demanda y, por ello, presumiblemente de más capacidad económica para afrontar una tarifa mayor. Pero la instrumentación concreta del cargo relativiza esa premisa, bien sea por un defectuoso diseño del sistema, bien porque podría haber errores al facturar.

En cuanto al destino de la recaudación, que integrará el fondo fiduciario, no hay dudas de que será para pagar el combustible que importa el Estado a través de Enarsa. Pero tal como aclaró Cameron el miércoles ante los senadores, y como consigna aunque de un modo no muy taxativo el decreto 2067, también puede ser destinada a obras de infraestructura no especificadas. El secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, se apresta a hacer un nuevo anuncio sobre el impulso a obras del gasoducto del Nordeste, que debería servir para importar gas boliviano. Quizás el cargo aporte a esta empresa.