El aumento en las facturas de gas en todo el país y el frustrado intento de senadores de la oposición de tratar un proyecto de derogación de uno de los cargos generó un cruce de declaraciones, en respaldo de la medida por parte del kirchnerismo y con fuertes críticas de la oposición. Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró al tema como “definido” y resaltó que se aplica a usuarios con “niveles de ingresos importantes”. “La semana próxima vamos a volver a la carga, éste es un tema que no está cerrado”, respondió el senador radical Ernesto Sanz.

Las facturas de gas incluyen cargos fijos que se aplican sobre la tarifa, dependiendo del nivel de consumo del usuario, para afrontar la importación de gas. Sin embargo, hay muchas quejas de consumidores, a los que el arco político opositor se plegó. El jefe de Gabinete enfrentó esas críticas: “Si hubiera situaciones no deseadas habría que analizarlas y tratar de encontrar una solución”, señaló. El secretario de Energía, Daniel Cameron, agregó que “el 95 por ciento del universo de usuarios que capturamos está en condiciones de pagar; la situación del 5 por ciento restante la vamos a analizar”. Pero no dio más detalles sobre cómo se hará.

“El cargo sólo lo paga el 15 por ciento de los hogares del país, con consumos altos y que gozan de mayores recursos económicos. La implementación es legal y no tiene inequidad”, enfatizó el interventor del Enargas, Antonio Pronsato. “Los representantes de la oposición están equivocados, y algunos tienen un doble discurso”, acusó. Pronsato explicó que “los umbrales de consumo –para definir sobre quiénes recae el cargo– están definidos por regiones”. Para Capital, hay un 90 por ciento de usuarios de casas de familia por debajo del umbral. Sin embargo, aclaró que “hay excepciones como por ejemplo un comedor social que tiene un alto consumo, un jubilado que vive sólo de su pensión y que vive en una casa grande, o la gente con planes sociales”. Estos casos serían atendidos. El funcionario dejó en claro que la finalidad de la medida es fiscal: “subsidiar al 15 por ciento de usuarios de mayores consumos le representaría al fisco 1200 millones de pesos para este año”.

Desde la oposición, “el tarifazo” fue duramente criticado y no se desperdició la oportunidad de golpear al Gobierno. “La semana próxima vamos a volver a la carga, éste es un tema que no está cerrado”, advirtió el senador Sanz. “No creo que haya que esperar al recambio legislativo de diciembre para encontrar mesura y sentido común. La gente no puede esperar”, agregó.

“Decidimos unificar 17 iniciativas en un único proyecto que llevaremos al recinto sobre tablas de inmediato”, explicó el mendocino Enrique Thomas, del peronismo disidente, luego de una reunión con otros diputados de la oposición. “Este cargo es un impuesto y el tratamiento de todo impuesto lo inicia la Cámara de Diputados. Es un decreto inconstitucional”, agregó. Para el oficialismo, se trata de un cargo que se aplica por fuera de la tarifa, por ello su tratamiento por decreto.