Si dio resultado una vez, por qué no dos. Es lo que dicen en el Gobierno de la reunión con gobernadores y legisladores de mañana y el lunes. Aunque los momentos políticos y de la economía son distintos, en filas oficiales trazan un paralelismo entre la situación actual y la de abril. En aquel momento había renunciado Jorge Remes Lenicov tras fracasar en su intento de que el Congreso aprobara uno de los proyectos que exigía el FMI: la entrega compulsiva de bonos a los ahorristas atrapados en el corralito. La soga que rescató a Eduardo Duhalde fue la redacción de un documento de 14 puntos con compromisos concretos que el Poder Ejecutivo y las provincias asumían ante el FMI. A su regreso de Washington, sin poder torcer la negativa del organismo a firmar un acuerdo, Lavagna habló ayer de reeditar aquella experiencia. Sería una ratificación por escrito de que en el país existe consenso político para cumplir con las demandas del organismo. Algo así como una puesta en escena dedicada a Washington.
La principal razón que identificó el jefe de Hacienda de por qué otra vez volvió con las manos vacías fue la situación política. Cuando se le pidieron precisiones sobre cuáles son los aspectos que requieren consenso político, el ministro fue ambiguo. Negó que los temas que preocupen al FMI sean el cronograma electoral o las internas del justicialismo. Sobre el primer punto comentó que le dijo a Anne Krueger que “las fechas importantes se mantienen, que son las del 30 de marzo para las elecciones y la del 25 de mayo para el recambio de gobierno”. “Me imagino que ustedes no se van a meter en las internas partidarias argentinas”, relató Lavagna su conversación con Krueger sobre el segundo tema.
La única referencia que dio sobre los tópicos que se tocarán con los gobernadores fue el cumplimiento de las metas fiscales. Dos colaboradores del ministro explicaron a Página/12 qué es lo que reclama concretamente el FMI. “Ellos dudan de lo que puedan hacer los gobernadores, el Congreso, la Corte Suprema y la Justicia en general. Les preocupa que acordemos un aumento de tarifas de los servicios públicos y que después salga un fallo que anula todo, o que el Congreso apruebe leyes contra las ejecuciones, o que los gobernadores sigan emitiendo cuasimonedas y no hagan el ajuste, o que la Corte anule la pesificación y el corralito”, enumeraron.
El propio Lavagna mencionó que “el Fondo no firma un acuerdo sólo con el Poder Ejecutivo de un país sino con el país, por lo que los otros poderes deben tener la misma orientación”. De allí que el intento de reeditar un documento como el de los 14 puntos sea una forma de brindar seguridad al FMI de que el Congreso y los gobernadores actuarán en línea con lo que acuerde el Gobierno. “Nosotros debemos definir el marco de consenso posible y después el Fondo evaluará si le alcanza o no”, puntualizó el titular de Economía.
Los otros dos temas que impiden que se llegue a un acuerdo, según la versión oficial, son el aumento de las tarifas y la continuidad de los amparos. Lavagna aseguró que el Gobierno mantendrá su posición de “una suba moderada de los servicios, con la inclusión de una tarifa social”. Sobre los amparos, reconoció que la Corte Suprema ignoró el pedido del Poder Ejecutivo del per saltum. “Le expliqué a Krueger que el sistema en Argentina es igual que en Estados Unidos, en el sentido de que la Corte no tiene plazos establecidos para contestar este tipo de temas”, señaló.
La evaluación que hizo Lavagna ante su equipo fue que a nivel técnico las negociaciones están bastante avanzadas, y que el problema es el sustento político al acuerdo. Fuentes del Banco Central aseveraron anoche que su economista jefe, Alejandro Hanke, y el superintendente de Entidades Financieras, Jorge Levy, acordaron ayer en Washington todo lo referido al programa monetario.
Lavagna conserva la esperanza de acordar con el FMI, según les dijo a sus colaboradores. Sin embargo, reconoció que no puede arriesgar un pronóstico demasiado fundado, por lo que admitió que tanto es posible que las negociaciones se encaminen en el corto plazo como que termine la gestión de Duhalde sin firmar nada. “Hace tiempo que se puso el casco y está preparado para resistir”, comentó uno de sus colaboradores, desmintiendo la versión oficial de que todo se cayó a último momento.
–¿Qué pasaría con la economía si se mantuviera el default generalizado hasta el 25 de mayo? –preguntó Página/12 al funcionario.
–Es posible mantener y consolidar el proceso de recuperación. No es lo que queremos, porque el default con los organismos nos aleja de una situación de normalidad, pero podemos vivir sin el Fondo –respondió.
En Hacienda estaban conformes con la respuesta de la dirigencia política y de los consultores al incumplimiento en el pago al Banco Mundial. “Es importante lo que pase con las expectativas y hoy las cosas anduvieron bastante bien”, afirmó. El hecho de que el dólar se haya mantenido en los niveles de las últimas semanas resultó tranquilizador. En referencia a la política cambiaria, Lavagna negó la posibilidad de profundizar los controles y dijo que no está pensando en forzar a las petroleras a liquidar un mayor porcentaje de divisas por exportaciones en el país. En cambio, confirmó que Economía respalda un aumento a 150 pesos de la suma no remunerativa que las empresas están obligadas a pagar a sus empleados.
Al final de su conferencia, Lavagna dejó como definición que el “resultado de las reuniones políticas (de mañana y pasado) tiene una influencia importante en las negociaciones con el Fondo”. Antes de acordar con el FMI, el Gobierno intentará convencer a gobernadores y legisladores de que prometan cumplir lo que pide el organismo.