Las actividades con mayor proporción de empleados “en negro” son las guarderías para niños, los countries y el sector agropecuario, según informó ayer la AFIP luego de fiscalizar a más de 180 mil trabajadores y casi 60 mil empleadores entre marzo y julio. En el campo, el porcentaje de no registrados suma el 25 por ciento, pero en el organismo aclaran que los relevamientos se hicieron cerca de las grandes ciudades. Ahora preparan una segunda etapa que incluirá sectores más problemáticos como el “campo profundo”, donde, según estimaciones oficiales, el trabajo en negro supera el 70 por ciento.

Sin el dato correspondiente al “campo profundo”, el agro quedó tercero detrás de las guarderías donde los informales rozan el 40 por ciento y los countries donde el porcentaje de trabajadores en situación irregular llega al 30. Página/12 consultó a Iván Budassi, titular de Recursos de la Seguridad Social, dirección a cargo del operativo, quien afirmó que “en la próxima etapa se trabajará sobre los efectos de los primeros controles y en aquellos nichos donde la situación es más crítica, como la pequeña manufactura –cuyo caso ejemplar es el sector textil– y el sector rural más alejado de los centros urbanos”.

En la primera etapa, el control sobre los rurales estuvo reducido a las inmediaciones a la urbe, pero ahora está previsto ahondar en este relevamiento. “En el agro, el empleo no registrado es superior al 70 por ciento, particularmente en los cultivos estacionales, como la vendimia, el ajo o la cebolla. En estos casos, en general también hay problemas con la inmigración ilegal”, explicó el funcionario. El control sobre estos cultivos está ligado al momento del año en que se realizan. En el caso del sector rural tradicional, el empleo “en negro” no distingue cultivos, sino que en general está ligado a las explotaciones “mano de obra intensivas”, donde el desembolso de capital en mano de obra es mayor, en relación inversa a la tecnificación. La situación es dispar en función de la región. Si bien afecta a la mayor parte de “la gente del campo”, no sorprende que este flagelo no figure en la “agenda agropecuaria” que proponen las patronales nucleadas en la Mesa de Enlace.

Los trabajadores no registrados no tienen obra social, no tienen protección ante un accidente de trabajo, pueden ser despedidos sin que se les pague indemnización y no reciben asignaciones familiares ni jubilación. Es una situación de mucha precariedad y se estima que afecta al 30 por ciento de los trabajadores de todo el país.

El control sobre las condiciones de trabajo y consecuentemente sobre la evasión fiscal se realiza en el marco del Régimen de Promoción y Protección del Empleo Registrado con Prioridad en Pymes. Cuenta con ex empleados reubicados de las ex AFJP. Luego de esta incorporación, la capacidad de relevamiento de la AFIP se multiplicó por más de 10: de 3 mil trabajadores relevados por mes el año pasado, en 2009 el promedio mensual asciende a casi 40 mil. “Son especialistas en ventas, que ayudan mucho a promocionar el blanqueo ante los empleadores”, explicó Budassi.

Con la regularización el empleador puede recibir financiamiento o incluso la condonación de la deuda (capital e intereses) de aportes y contribuciones que mantengan los empleadores con el Estado. También quitas en las contribuciones por los primeros dos años. La condición es el mantenimiento de puesto del trabajador. Según Budassi, “se esperan buenos resultados porque la ley de blanqueo es inédita en cuanto a los beneficios”. “Para aquellas situaciones relevadas que no hayan sido regularizadas o bien se haya prescindido del trabajador, las sanciones serán duras”, destacó el funcionario. Las multas y sanciones se comenzarán a aplicar una vez terminado el régimen de promoción, a fin de febrero de 2010. El organismo informó también que entre el régimen de blanqueo y el de promoción del empleo que propone la Ley 26.476, fueron creados 300 mil puestos de trabajo desde diciembre.