Mientras que con el auxilio de los técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional el Enargas comenzó el relevamiento de usuarios que quedarán excluidos del polémico cargo sobre la tarifa, la oposición parlamentaria y algunas de las empresas involucradas trabajan en alternativas para sustituirlo. Las variantes a ese incremento tarifario, que el 1º de octubre cobrará plena vigencia, tienen un corazón común: buscar otro criterio para distinguir entre quienes pueden pagar el ajuste y quienes no, distinto al volumen de consumo.

El cargo impuesto por el decreto 2067 involucra a una proporción minoritaria del universo de usuarios, presuntamente los que tienen mayor capacidad contributiva por el solo hecho de que su demanda está entre las más altas. Pero esa vara probó no ser muy eficaz para discriminar entre “pobres”, eximidos del ajuste, y “ricos”, afectados por él, tal como quedó demostrado con muchos casos de facturas que dieron saltos tan exorbitantes que amenazaban devorar una porción sustanciosa del presupuesto familiar.

El propio Ministerio de Planificación advirtió esta falencia cuando suspendió el cargo y ordenó el censo que comenzó a hacer el Enargas con el fin de distinguir qué usuarios de las categorías involucradas (más de 1000 metros cúbicos al año) están en condiciones de afrontar el pago y cuáles no. De este mapeo surgiría un listado diferente al que se utilizó en principio para aplicar ajustes que en algunos casos implicaban subas superiores al 200 por ciento. Pero siempre sobre la idea de aplicar un cargo con dos fines básicos: mejorar el pago a los productores de gas y cubrir aunque sea parcialmente el costo de importar gas, hoy a cargo del Estado.

El estallido que provocó la aplicación de ese concepto sobre los voluminosos consumos invernales hizo que el tema entrara en revisión y estimuló algunas ideas entre las distribuidoras, que en este esquema son sólo recaudadoras de un dinero que luego recala en las arcas públicas. Una de estas empresas está puliendo un borrador para conquistar al Gobierno con un proyecto que supone aumentar el cargo fijo que pagan todos los usuarios, exceptuando sólo a los beneficiarios de la tarifa social. Es decir, un ajuste más moderado pero a todos los clientes residenciales y no sólo a una franja minoritaria. Esa recaudación serviría en parte para remunerar mejor a las productoras que, eso sí, deberían ocuparse ellas mismas de importar el fluido. La otra parte es para mejorar el margen de la distribución.

La idea patronal bien puede cuajar si prosperan algunas iniciativas parlamentarias que apuntan a eliminar el cargo, primera condición para poder aplicar cualquier nuevo esquema. La Comisión de Energía de Diputados produjo un dictamen en este sentido que la titular del cuerpo, la oficialista Rosana Bertone, se niega a reconocer argumentando cuestiones formales: desconoce la reunión en la que se produjo el dictamen. Los doce firmantes apelaron entonces al titular de la Cámara, Eduardo Fellner, a quien enviaron una nota exigiendo que el trámite siguiera su curso y el dictamen llegara a la Comisión de Presupuesto. La gestión no tuvo mucho éxito y a través del miembro de Unión-PRO Enrique Thomas, los firmantes amenazan ahora con acudir a la Justicia.

No hay legislador próximo al tema que no postule instrumentar una tarifa social. Ni que descarte alguna recomposición en el precio de los servicios públicos. Otra idea común es que los subsidios estatales deben disminuir, lo que implica que sean los usuarios y no el Estado quienes afronten los mayores costos de producir gas. Según el diputado Esteban Bullrich, del PRO, el método para identificar a los pagadores no debe ser la segmentación zonal ni por franja de consumo sino el “focalizado”: identificar con parámetros socioeconómicos a quiénes tiene que alcanzar un ajuste y a quiénes no. Después, la norma debe ser la “gradualidad”.

En el Senado la movida es similar y está liderada por los radicales, Alfredo Martínez entre ellos. Todavía no hay un dictamen, pero sí la voluntad de trabajar en un nuevo esquema tarifario que garantice aumentos “progresivos” en el tiempo. En otras palabras, que no haya un “tarifazo” con subas repentinas y notorias, por más que sea a un universo limitado.

La aplicación del cargo del gas tal cual fue concebido implica aumentos significativos en los próximos bimestres y muy sustanciosos en el próximo invierno. Y su provisoria suspensión generó un bache de recursos de casi 500 millones de pesos. A Planificación le urge encontrar una alternativa para afrontar esto moderando lo otro.