Tras el cese de comercialización de granos y carnes durante ocho días, la dirigencia agropecuaria quiere volver al diálogo. Ahora espera que el Gobierno haga el próximo movimiento, pese a que para el martes 8 están planteadas varias concentraciones alternativas para celebrar, con forma de protesta, el Día del Agricultor. “Esperemos que en algún momento el Gobierno nos convoque para poder buscar soluciones, (poniendo) algún nivel de racionalidad para tener relaciones más normales” con el sector rural, reclamó ayer Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, al trazar un balance tras la octava medida de fuerza en el período de gobierno kirchnerista.

La medida de fuerza terminó con alto acatamiento en lo que hace a la paralización de actividades comerciales, pero con escasa participación del sector rural –productores y pobladores– en las múltiples manifestaciones convocadas por la dirigencia, principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. La protesta culminó el viernes con un cierre dividido en dos actos, uno en Villa María (Córdoba) y otro en Chajarí (Entre Ríos), ambos con escasa concurrencia. El primero fue encabezado por Buzzi y Carlos Garetto (Coninagro) y el segundo por Mario Llambías (CRA) y Alfredo De Angeli (FAA-Entre Ríos).

Buzzi y Néstor Roulet (segundo de Llambías en CRA) fueron las voces que ayer mostraron la versión de los hechos de la Comisión de Enlace. “Un gobierno coherente, con sentido común, llamaría este lunes para tratar de corregir estos errores que nos hacen producir cada vez menos”, disparó Roulet, en el único punto en el que las cuatro entidades de la Mesa de Enlace coinciden plenamente: caracterizar la situación del campo como una crisis gravísima y echarle la culpa de ello al Gobierno. Buzzi no fue mucho más allá en el diagnóstico, ya que tras puntualizar que “la situación en el interior está muy mal”, indicó que las entidades ruralistas seguirán “denunciando a este gobierno como responsable de la situación de descapitalización, de desempleo y recesión económica”.