La Administración Federal de Ingresos Públicos informó ayer que denunció a once sociedades de Bolsa por girar al exterior 194 millones de dólares de manera ilegal, a través de una operación conocida como “contado con liquidación”, en el primer semestre de 2008. El accionar es sencillo: un interesado en sacar dinero del país transfiere fondos a una sociedad de Bolsa. Luego, el grupo inversor compra –a nombre de terceros– títulos públicos locales en pesos y los vende instantáneamente en dólares en el extranjero. Una vez fuera, el dinero vuelve a su dueño original, que de esa forma elude el control de capitales. El caso está en manos del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego Berro, y los nombres de las sociedades permanecen en reserva.

Al detectar la maniobra, la AFIP se presentó en la Justicia. Entonces se ordenaron una serie de allanamientos y secuestro de documentación relacionados con la investigación en nueve domicilios de contribuyentes sospechados. En las acciones se comprobó que los terceros utilizados para realizar la operación “contado con liqui” no tenían la capacidad económica para realizar esos movimientos de dinero. El caso más llamativo se dio cuando el organismo conducido por Ricardo Echegaray detectó una corresponsalía de una importante financiera de Uruguay que había registrado como cotitular de su cuenta a un menor de 8 años.

En otros allanamientos se comprobó que las personas que realizaron estos movimientos ilegales eran familiares, directores o empleados de las sociedades de Bolsa, y que efectivamente no tenían capacidad económica para operar por dichos montos en el mercado cambiario. En algunos casos, se comprobó un crecimiento patrimonial de hasta un 4000 por ciento.

Las maniobras corresponden al primer semestre de 2008 cuando el “contado con liqui” era una práctica muy común entre las sociedades de Bolsa para fugar divisas al exterior. En el segundo semestre de ese mismo año, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores comenzaron a desalentar la operatoria. En septiembre emitieron una resolución conjunta que entorpeció la operatoria de fuga al disponer que los bonos comprados en el exterior debían mantenerse en cartera un mínimo de 72 horas, con el consiguiente riesgo que eso implica en materia de cotización. Sin embargo, al poco tiempo las sociedades de Bolsa recurrieron a las acciones para realizar la misma operatoria. Eso llevó, por ejemplo, a que los papeles de Tenaris concentraran la mitad de todo lo operado en el recinto porteño. En diciembre, la CNV dispuso que las firmas también tenían que conservar las acciones al menos 72 horas. Luego los organismos regulatorios siguieron tomando medidas para restringir la fuga al prohibir, por ejemplo, operaciones con paraísos fiscales. Lo que se está haciendo ahora es tratar de juzgar a los que apostaron al “contado con liqui” para intentar saltar el cerco.