ECONOMíA › DICTAMEN EN EL SENADO PARA EL PROYECTO QUE GRAVA PRODUCTOS FUERA DE TIERRA DEL FUEGO
Pese al fuerte lobby de importadores y de otros fabricantes locales, los senadores avanzaron y modificaron en comisión un artículo que beneficiaba en especial a BGH. Se aprobaría la semana próxima y volvería a Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto que grava a los productos electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego obtuvo el dictamen de la Comisión de Presupuesto del Senado. Allí se modificó la protección sobre la producción de aires acondicionados de hasta 18 mil frigorías. El cambio que introdujeron los senadores vuelve atrás sobre las modificaciones que los diputados habían hecho en el proyecto original. Según la oposición, el tratamiento del oficialismo en la Cámara baja procuraba beneficiar a una sola empresa (BGH), pero para el kirchnerismo fue solamente un error. El proyecto ahora sería tratado en el recinto en una semana con el apoyo de los radicales y, en caso de que prospere, pasaría nuevamente por la Cámara baja para su aprobación final.
En Diputados se había dispuesto una modificación al proyecto original, que elevaba la protección impositiva desde las seis mil frigorías hasta seis mil toneladas (18 mil frigorías). Para la oposición, esto beneficiaba únicamente a la empresa BGH, que con ello lograría una rentabilidad extra de 200 mil pesos. La norma llegó al Senado con la modificación pero, luego de las quejas opositoras, los legisladores de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta decidieron volver los pasos atrás. Dejaron el proyecto tal como estaba previo a los cambios de Diputados. También transcurrió la idea de aumentar el gravamen a las computadoras portátiles, pero finalmente no prosperó, por los problemas que hubiese tenido en Diputados.
Frente a la modificación del polémico artículo 21, “se volvió a lo que originalmente decía el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, informó el titular de la Comisión, el correntino Fabián Ríos (FpV). Según el legislador, se le dará tratamiento “en la próxima sesión, una vez que pasen los siete días hábiles de emitido el dictamen”. Como se necesitaban los dos tercios de la Cámara para debatirla luego de la sesión de comisión, se trataría en el recinto el 1º de octubre.
De esta forma, el proyecto de ley toma más fuerza después del traspié que tuvo en el ingreso al Senado. Algunos empresarios fueguinos marcan que el cambio de Diputados era correcto, pero en pos de que la medida sea aprobada avalan el trabajo en Comisión. “El 85 por ciento de los aires acondicionados de 18 mil frigorías son productos importados, y por ello era importante la protección impositiva, por más de que el segmento esté fuertemente concentrado”, afirmó Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Además, esperan que el tratamiento en el recinto sea exitoso. “A pesar del lobby importador, somos optimistas” agregó.
Tanto Ríos como los empresarios consultados coinciden en que la modificación permitiría el visto bueno de los radicales. Por otro lado, la buena disposición para que el proyecto de ley vuelva a discutirse por parte del oficialismo tiene que ver con el apoyo que los senadores fueguinos habrían prometido para la votación de la ley de Servicios Audiovisuales.
La situación laboral en Tierra del Fuego es compleja, ya que la crisis impactó fuertemente sobre su economía. Se trata de complejos industriales que se vieron afectados por la baja en la demanda. De esta forma, Ushuaia registró, en el segundo trimestre del año, la mayor suba interanual del desempleo en el país. El crecimiento fue de 5,7 puntos y con el alza se llegó a una tasa del 11,9. Es el porcentaje de desocupación más alto, después de Mar del Plata.
En este contexto se enmarca el pedido de cambio en los gravámenes a los productos electrónicos, la base de la industria fueguina. Mayoral destacó que se podrá favorecer a “más de cuatro mil trabajadores de Tierra del Fuego”. En cambio, para los importadores y empresarios que no radican en aquella provincia se trata de una política que beneficia sólo a algunas empresas fueguinas, pero perjudica a una mayoría radicada en el resto del país: “Se va a beneficiar a cinco empresas en detrimento de 3 mil, castigando a los consumidores pero sin un impacto mayor en el empleo”, afirmó Carlos Simone, de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines.
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