El gobierno argentino ganó la apelación que presentó en la Corte de Nueva York, a cargo del juez Thomas Griesa, por los fondos congelados de las ex administradoras privadas de pensión en Estados Unidos. El controvertido magistrado tuvo que levantar la restricción a su movimiento que existían sobre ese dinero desde octubre del año pasado. Según el fallo, Griesa entiende que es “indiscutible” que las operaciones financieras llevadas a cabo con esos fondos fueran emprendidas por corporaciones privadas, a nombre de los jubilados, y no por el Estado o la administración nacional. Es así que la decisión implica “revertir el fallo y dejar sin efecto todas las resoluciones asociadas, así como las opiniones”. Se trata de unos 300 millones de dólares que, tras ser liberados, pasarán a la administración de la Anses.

La Corte de Apelaciones de Segundo Distrito de Nueva York dio marcha atrás a un fallo de un año atrás, no sólo levantando el bloqueo sobre esos fondos, sino además deteniendo la ejecución de bienes de las AFJP en ese país. La clave de ese revés judicial para esas compañías se basó en que los activos del país en Estados Unidos sólo pueden ser congelados cuando son destinados a actividades comerciales en el momento de la orden. Ni la Anses ni el Estado argentino tuvieron la oportunidad de usar los fondos para cualquier actividad de ese tipo. “La Corte de Distrito (Griesa) abusó de su discreción al emitir las órdenes”, sostiene el documento de 29 fojas al que accedió este diario.

Cuando, el 21 de octubre del año pasado, se decidió el fin del negocio especulativo de las AFJP y la transferencia de los fondos de garantías de esas administradoras al manejo de la Anses, el juzgado de Nueva York firmó una orden por una causa iniciada por Aurelius Capital Partners y Blue Angel Capital contra la Argentina por los bonos en default. Eran los mismos fondos buitre que habían quedado fuera del canje de deuda en 2005 y elegían la vía legal contra la Argentina. En total se trató de una docena de presentaciones. Las solicitudes de embargos superan los 2500 millones de dólares. Griesa decidió el 29 de octubre congelar fondos de al menos cinco AFJP que habían invertido en Estados Unidos. En el fallo de ese momento, el juez Griesa consideró que se estaban trasladando los activos a lo que los demandantes consideraron una “entidad dependiente del gobierno argentino”. El fallo fue confirmado el 11 de diciembre de 2008.

Sin embargo, la apelación argentina fue bien fundamentada y pudo lograr su objetivo. El país apeló las órdenes judiciales a finales de 2008. “Las cuentas fueron congeladas tan pronto como la administración nacional comenzó a manejarlas”, señala el fallo. “Incluso asumiendo que pudo haber habido actividad comercial antes de ese tiempo bajo la forma de inversión de los activos, es indiscutible que tales actividades fueron emprendidas por corporaciones privadas, a nombre de jubilados, y no por el Estado o la administración”, agrega.

Los considerandos del fallo también señalan que la Constitución argentina requiere que el Estado provea “seguridad social a sus ciudadanos”. El texto indica entonces que los activos en los fondos, en los que las AFJP no tenían ya derechos de propiedad, eran sólo para ser usados para proveer beneficios sociales.

Más allá de la justificación, el juez que lleva adelante todas las causas en ese país contra la Argentina se solidarizó con los fondos buitres. “Entendemos la frustración de los demandantes, que están intentando recuperar (el dinero) en juicios ganados. Sin embargo, debemos respetar las limitaciones terminantes del acto en el embargo y la ejecución sobre activos de un Estado extranjero”, señala el fallo en sus conclusiones finales. En abril último, el magistrado había rechazado un pedido de parte de los holdouts para embargar los bienes de Aerolíneas Argentinas, cuando éstas fueron estatizadas.