El Poder Ejecutivo quiere seguir marcando la agenda del Congreso, al menos hasta el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre. Los dos proyectos que podrían ser enviados en los próximos días son una nueva Ley de Entidades Financieras, que entraría por la Cámara de Diputados, y la Reforma Política, que ingresaría por el Senado. Si bien existe un hermetismo total alrededor del nuevo marco regulatorio del sistema financiero, que reemplazaría a la legislación de 1977 impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz, desde el Frente para la Victoria señalaron a Página/12 que “el proyecto está en la puerta de entrada”. El actual sistema financiero está signado por la desregulación, concentración, extranjerización, privatización y especulación. El nuevo entramado legal –en el que están trabajando diferentes sectores del Gobierno– apuntaría a crear las herramientas para que el Estado pueda redireccionar el crédito hacia la producción, influir sobre el nivel de tasas de interés e impulsar una banca de desarrollo. Además, para algunos especialistas la nueva ley debería contemplar la regulación sobre las operaciones cambiarias y el mercado de capitales.

“Si no es una ley consensuada con la oposición, hay que meterla ahora o nunca”, aseveró a este diario una fuente del bloque K, ya que una vez que asuman los legisladores elegidos el pasado 28 de junio, el escenario político será adverso para el Gobierno. El diputado electo y presidente del Credicoop, Carlos Heller, asegura que lo primero que hará cuando asuma su banca será ingresar una ley de Crédito productivo y Cobertura Universal de los Servicios Financieros, que reemplace a la ley de 1977.

Si bien su ingreso a Diputados será después de diciembre, varios referentes del bloque K indicaron a este diario que su propuesta es la que “está pisando más fuerte” y que podría ser parte del proyecto que envíe el Ejecutivo.

La iniciativa del dirigente cooperativista propone centrar el mercado de crédito en el financiamiento productivo a las pymes y extender los niveles de bancarización. Desde el Cefid-Ar, integrado por bancos públicos y cooperativos, explicaron a este diario que el 99 por ciento de los créditos que otorgan los bancos no superan los 200 mil pesos. Aunque existen dificultades para determinar si los tomadores son individuos o empresas, es posible inferir que la mayoría de los préstamos son para consumo y financiamiento de tarjetas de crédito. Ese rubro absorbe el 34 por ciento de los créditos, mientras que los préstamos que van de 1 a 50 millones de pesos (principalmente para financiar operaciones de comercio exterior) están concentrados en unas pocas firmas que absorben el 60 por ciento del total.

La idea de avanzar con la Ley de Entidades Financieras es de Néstor Kirchner. Sin embargo, en el Ejecutivo no todos están de acuerdo. Para el ministro de Economía, Amado Boudou, no sería el mejor momento para impulsar una iniciativa de estas características, sobre todo por la estrategia de acordar con el FMI y la negociación con el Club de París y los holdouts. Por otro lado, en el Banco Central tampoco hay una opinión homogénea al respecto. Si bien fuentes cercanas a Martín Redrado, titular del Central, consideran que podría presentarse un proyecto antes de fin de año, varios funcionarios de la autoridad monetaria descreen de esa posibilidad.

En 2007, la actual titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, intentó impulsar una modificación de la Carta Orgánica del Central para que además de la estabilidad de precios, tuviese por misión el sostenimiento del nivel de crecimiento y el empleo. Los cambios fracasaron debido a las presiones del establishment y la negativa del propio Redrado. “Esta es una ley ciento por ciento de la dictadura, pero existe mucha resistencia para cambiarla. El sector financiero es muy poderoso”, afirmó a Página/12 una alta fuente gubernamental.

Actualmente, la autoridad monetaria dispone de algunos mecanismos para reorientar el crédito. El artículo 18 de su Carta Orgánica permite diferenciar las exigencias de encajes –el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizado en sus carteras– por razones regionales o para las pymes. Sin embargo, se registraron pocos cambios a favor de esos sectores. La debilidad de las herramientas del Estado para direccionar el crédito llevó a los bancos a asignar recursos hacia las ramas de mayor rentabilidad en el corto plazo.

Según advierte Cecilia Allami, investigadora de la Universidad de General Sarmiento, “se excluyó a las pymes a través de elevadas tasas de interés y la proporción de los créditos destinados a las economías regionales disminuyó sistemáticamente”. Otra de las aristas de este proyecto contemplaría la creación de una banca especializada para el financiamiento de mediano y largo plazo. Los diferentes especialistas consultados por este diario remarcaron la necesidad de impulsar un Banco Nacional de Desarrollo que podría financiarse con los fondos de la Anses.

La holgura en las últimas votaciones en el Congreso envalentonaron al Ejecutivo. De ahí que crezca la posibilidad de que la Ley de Entidades Financieras llegue al Parlamento, y lo mismo ocurriría con la Reforma Política. En materia financiera el Gobierno sabe que deberá ingeniárselas para superar el lobby del establishment.