El Gobierno hizo suyo ayer el reclamo de aumento de tarifas de las empresas privatizadas, aunque en una magnitud bastante inferior a la que demandan las compañías. El secretario de Energía advirtió que “si uno mantiene una tarifa congelada, con una cantidad de costos que necesariamente están creciendo, estamos anunciando un futuro de cortes”, aunque después aclaró que estaba hablando para los próximos 2 o 3 años y no para los próximos meses. Por otro lado, Devoto descartó la posibilidad de que el apagón del domingo respondiera a un complot de las empresas para presionar por el ajuste tarifario. Pero reveló que hoy se conocerá el informe de un grupo de expertos de la Universidad de La Plata que deberán determinan si hubo negligencia por parte de la empresa Transener. En tanto, confirmó que, cualquiera sea el resultado de las pericias, dicha compañía deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El ministro Roberto Lavagna ratificó ayer, desde Francia, que su intención es avanzar con el decreto que dispondría un incremento promedio de las tarifas de luz y gas del 9 y 7 por ciento, respectivamente (ver página 11). La vía del decreto es la más probable. Pero también podría quedar despejado en los próximos días el camino para algún otro mecanismo administrativo de parte de los propios entes reguladores. Porque ayer la jueza en lo contenciosoadministrativo federal Claudia Rodríguez Vidal se apartó de la causa abierta por los aumentos tarifarios, después de ser recusada por el gobierno nacional. La magistrada había frenado el cronograma y las audiencias públicas programadas para el 18 de noviembre pasado por el Ministerio de Economía y las empresas de electricidad y gas, al hacer lugar a una petición de asociaciones civiles de usuarios de servicios y de la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, quienes habían denunciado que la convocatoria tenía como única finalidad el incremento tarifario.
Sea como fuere, ayer varios funcionarios de primer nivel de la administración Duhalde salieron a justificar la suba de tarifas, con el argumento de que si no habrá serios problemas en el servicio. “No es simpático, pero (el ajuste) es indispensable porque las empresas tienen un ritmo de inversión para la recuperación y mejoramiento del sistema”, sostuvo el ministro de la Producción, Aníbal Fernández. Y agregó que ésa es la única manera de evitar que “se resientan los servicios”.
Devoto fue aún más directo y alertó sobre “futuros cortes” si la tarifa se mantuviera congelada. Luego, en diálogo con Página/12, aclaró que no se refería a los próximos meses sino a un plazo más largo. “Uno puede acostumbrar al burro a no comer, hasta que se muere. Lo que quiere decir es que el sistema se va a deteriorar, pero en 2 o 3 años”, explicó.
Ambos funcionarios confirmaron, además, que el nuevo cuadro tarifario incluido en el borrador de decreto sería el siguiente:
- En electricidad, un incremento promedio de 2,60 pesos por bimestre. Pero el 40 por ciento de los usuarios (1,8 millón de personas) quedaría excluido del ajuste.
- En gas, el aumento promedio sería de 1,70 peso, pero para el 25 por ciento no habría suba alguna.
Hoy se conocerá el informe de un grupo de expertos de la Universidad de La Plata contratados para determinar si hubo negligencia por parte de la empresa Transener, responsable del apagón del domingo. Pero, de cualquier manera, el secretario de Energía aseguró que la compañía deberá pagar una multa de más de 2 millones de pesos por haber “salido de servicio”.