Un documento al que tuvo acceso Página/12 revela que la deliberada falta de mantenimiento y la innecesaria sobrecarga de la red de transporte de Transener fue la principal causa del apagón del pasado domingo 24 de noviembre. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, investiga si la compleja trama de decisiones que derivaron en la sobrecarga de la red no tuvo por objeto favorecer a las distribuidoras y los grandes usuarios. Las jornadas de diciembre de 2001 dejaron muchas secuelas en la sociedad argentina. Incluso las más insospechadas, como por ejemplo, la utilización del argumento del estado de sitio para permitir a las empresas eléctricas “suspender todos los mantenimientos programados y operar con la mayor cantidad de líneas en servicio compatibles con el control de las tensiones”. El entrecomillado, que merece ser analizado, es un textual de la resolución 414/2001 firmada el 19 de diciembre de 2001 por el entonces secretario de Energía, Alejandro Sruoga. Es decir, mucho antes de que la devaluación se convirtiera en el principal argumento para justificar la prolongada desinversión empresaria.
La norma habilitó además a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico –Sociedad Anónima que integran en partes iguales (20 por ciento cada una) las generadoras, transportadoras, distribuidoras, Estado y grandes usuarios–, a realizar un “despacho que privilegie la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica en el período horario que se considere necesario”. La principal “afectada” por esta facultad fue Transener, la transportadora que trae hasta el Gran Buenos Aires la energía generada por las grandes represas hidroeléctricas de la región Comahue. Cammesa, entonces, utilizó el argumento de la seguridad para impedirle a Transener realizar los mantenimientos de rutina en las fechas programadas y le ordenó a la transportadora que relegue esos mantenimientos a los fines de semana, feriados u horarios nocturnos. Transener, por su parte, aprovechó la orden para reducir al mínimo dichos mantenimientos y deslindó responsabilidades.
Según consta en un documento que la empresa envió un mes antes del apagón al presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Juan Legisa, al que accedió Página/12, “Transener expresamente deslinda toda responsabilidad por las salidas de servicio de instalaciones del Sistema de Transporte de Alta Tensión cuyo mantenimiento programado no pudiera ser realizado en las fechas solicitadas a tales efectos”. La queja de la empresa controlada por Pérez Companc-Petrobras no respondió sin embargo a la imposibilidad de hacer el mantenimiento, sino a que el mismo debía hacerse en “domingos, feriados u horario nocturno”, lo que significaba para la firma un sobrecosto en términos de mano de obra y horas extra.
Del documento, que lleva la firma del gerente de Ingeniería Regulatoria de Transener, Carlos García Pereira, se infiere entonces que la causa del gigantesco apagón del 24 de noviembre fue el incumplimiento del mantenimiento de rutina. No obstante, cuando se consideran las razones previas al incumplimiento no se encuentra sólo la resistencia empresaria, sino también una compleja trama de intereses económicos concretos que favorecieron a distribuidoras y grandes usuarios.
La energía de las centrales hidroeléctricas del Comahue –Alicurá, Piedra del Aguila y El Chocón, que en conjunto tienen una potencia instalada de 3800 megawatts– resulta más barata que la generada por las centrales térmicas que deben sustituirlas en la provisión: Central Costanera, Central Puerto y Dock Sud, que pueden generar más de 5300 megawatts y que deben reemplazar a las centrales del Comahue cuando el mantenimiento o “las menores condiciones de hidraulicidad” lo demandan. A esto se agrega que es la propia Cammesa la que remunera a las térmicas mediante un fondo de reserva específico. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo de la Nación sospecha que se sobrecargó la red para favorecer a las distribuidoras y grandes usuarios e inició una actuación de oficio.También resta conocer por qué, producido el apagón, la energía del Comahue no fue suplantada inmediatamente por las plantas térmicas.
Según la propia óptica empresaria del documento de Transener, el condicionamiento y suspensión de los mantenimientos programados “evidentemente constituye un subsidio de la Transportista a favor de los usuarios del sistema de transporte de alta tensión –generadores, distribuidores y grandes usuarios–” toda vez que estos usuarios “pueden aprovechar los beneficios de comprar energía a un precio sustancialmente menor del que resultaría de tener que convocar a centrales de generación térmica ubicadas en los centros de consumo”.
Pero más allá del apagón del 24 y de las pujas distributivas al interior del complejo eléctrico, la realidad es que los grandes cortes pueden volver. Y el problema no está en las tarifas que hoy pagan los usuarios ni en la devaluación, sino en el fracaso del modelo de privatizaciones fragmentadas. Luego de que el sistema eléctrico sea partido en tres, las “señales de mercado” para que los inversores privados expandan la red de transporte brillaron por su ausencia. A pesar de que la generación eléctrica pasó de 14.500 a 22.000 megawatts, fundamentalmente por la herencia de inversiones estatales como Yacyretá, la red continúa siendo prácticamente la misma. La mayor capacidad de transporte conseguida se debió a la utilización de un complejo instrumental electrónico de control de cargas, pero no a una ampliación de la infraestructura. Actualmente la generación, cuando todavía falta completar Yacyretá, es superior a la capacidad de transporte en alrededor de 7000 megawatts. Esta energía excedente no puede exportarse por la imposibilidad de transportarla y un aumento de la demanda cuando la recesión termine puede significar el colapso del sistema. El déficit de inversión alcanza, según fuentes del sector, los 700 millones de dólares.