Apenas Autopistas del Sol anunció ayer a la Comisión Nacional de Valores que no pagará los intereses de una parte de su deuda que vence el lunes próximo, en el Ministerio de Planificación comenzaron los aprestos para una eventual intervención. La cartera de Julio De Vido no tomó aún la determinación política definitiva, pero si se concreta el anuncio, accionaría a semejanza de lo que hizo en diciembre pasado cuando TGN (Transportadora de Gas del Norte) defaulteó una obligación negociable, aunque esta vez no utilizaría idéntico procedimiento.

Los técnicos oficiales analizan de qué modo podrían capturar el control de la compañía que explota el Acceso Norte pero eludiendo los reveses judiciales, que en el caso de la transportadora gasífera terminaron acotando las potestades del delegado estatal. El interventor Roberto Pons devino sólo en auditor, status que conservará hasta el 25 de noviembre, con chances de que sea prorrogado hasta que termine el acuerdo que esa empresa intenta con sus acreedores. Pero el argumento para fundar la intervención pública contra la adjudicataria de accesos por peaje será el mismo: velar por el cumplimiento de un servicio público, supuestamente en riesgo cuando una privatizada deshonra un pago.

Autopistas del Sol ya había advertido el 10 de noviembre último que su directorio resolvió encarar un proceso de reestructuración de su deuda y, según añadió ayer, los intereses que vencen el 23 de noviembre no serán cancelados en esa fecha porque integrarán el paquete a renegociar. A raíz de ello, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la calificación de su deuda y advirtió que a partir del lunes tendrá lugar una nueva recategorización negativa.

La concesionaria del acceso a Buenos Aires más transitado tiene un pasivo superior a los 1223 millones de pesos, con vencimientos que en algunos casos llegan al año 2014 y otros se extienden hasta el 2017. El vencimiento del lunes es de 9 millones de dólares, es decir, equivalente a 34,2 millones de pesos, monto que la compañía incluirá en la propuesta global de refinanciación que planteará a sus acreedores.

A semejanza de Transportadora de Gas del Norte y en línea con lo que invocaría Metrogas si en diciembre tampoco pudiera pagar el vencimiento de esa fecha, Ausol argumentó que la fragilidad de su situación está originada por la baja tarifa. Sin embargo, a diferencia de las gasíferas, que tienen una porción de sus ingresos congelados, en el caso de los peajes sí se aplicaron incrementos: el último del Acceso Norte, en enero, llevó el ti-cket al valor promedio de 5 pesos cada 100 kilómetros en hora pico.

Esos aumentos tienen un costado controvertido, ya que fueron autorizados con la intención de ayudar a costear las obras sobre la General Paz y la Panamericana antes de que el adjudicatario liderado por una constructora española comience su ejecución. Las asociaciones de usuarios cuestionaron ese incremento, justamente, porque le daría al peaje un carácter impositivo que lo desnaturaliza. Esas objeciones, sin embargo, no consiguieron bloquearlo.

El 30 por ciento de la empresa cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de ahí su obligación ineludible de informar a la CNV sobre cada paso. El resto el consorcio está integrado por la española Abertis Infraestructuras (31,59 por ciento), la italiana Impregilo (19,82), las argentinas Sideco Americana (7), Dycasa (5,83) y la española ACS Actividades de Construcciones y Servicios (5,71 por ciento).

En rigor, no es una novedad que una empresa privatizada defaultee su deuda. De hecho, casi todas las privatizadas reestructuraron sus pasivos tras la cesación de pagos en que incurrieron en el 2002, cuando la devaluación las dejó mal paradas respecto de las obligaciones que habían contraído. Lo novedoso es el criterio oficial de considerar que la prestación del servicio está en riesgo por ello, algo que ocurrió con TGN y ocurriría tanto con Ausol como con Metrogas, si esos defaults finalmente se concretan.