Los escollos legales para proseguir con la reapertura del canje de deuda ya están saldados: el Senado completó ayer el trámite parlamentario de la suspensión de la llamada ley cerrojo, que impedía esa posibilidad. La iniciativa del Gobierno fue aprobada por 45 votos a favor y 10 en contra. Al igual que la votación en Diputados, el oficialismo tuvo el apoyo de la UCR, aunque con disidencias. En cambio, el PJ disidente y el socialismo se opusieron. En adelante, el Gobierno queda a la espera del visto bueno de los organismos de regulación financiera, en particular la SEC (Securities and Exchange Commission) estadounidense, a quienes se les deben presentar las condiciones del nuevo canje. En ese caso, se lanzará la oferta a los bonistas, de los cuales se estima un grado de aceptación mayor al 60 por ciento.

Desde el Gobierno justifican la reapertura del canje aduciendo la necesidad de “normalizar las relaciones financieras”, con el fin de acceder a financiamiento más barato y estimular la entrada de capitales. Con ello, se busca bajar las tasas de interés y estimular la inversión productiva.

En esta línea estuvo la defensa de la suspensión de la ley cerrojo de parte del correntino Fabián Ríos (FpV), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Ayudará a estimular mecanismos de financiación que propendan a bajar el riesgo país y las tasas, para permitir al sector privado financiarse en el exterior. Ayudará a reactivar la inversión externa dentro de la economía argentina”, manifestó el senador.

Como en la votación en la Cámara baja, el radicalismo acompañó la propuesta oficial. “Esto pondrá a la Argentina en una situación mejor el año que viene, cuando la crisis se supere”, afirmó en su discurso el titular del bloque, el jujeño Gerardo Morales. Sin embargo, hizo un planteo en disidencia que finalmente no fue aprobado. Morales pretendía incluir un agregado que deje en claro que el Estado no pagará comisiones a los bancos que intervienen en el canje ni honorarios a los abogados. El ministro Amado Boudou ya había dicho que se cumplirá con ese mandato, aunque no quedó explicitado en el cuerpo de la ley.

Para Juan Carlos Romero (PJ disidente), cuyo bloque votó en contra, “esta reapertura es una muestra del fracaso del Gobierno”. Según el salteño, “agotada la búsqueda de recursos internos para financiarse, ahora el Poder Ejecutivo pretende restablecer la relación con el maldito capitalismo perverso”. El socialismo tampoco dio su apoyo. Para Rubén Giustiniani, “(la reapertura) es una exigencia del FMI que nos dice que vamos a tener crédito si arreglamos con los holdouts y con el Club de París”, acusó.

La ley 26.017 (cerrojo) fue sancionada en febrero de 2005, cerrando la posibilidad de que el canje que iba a ser ofrecido a los bonistas pudiera reabrirse posteriormente. De esta forma, se incitaba la adhesión a la quita propuesta. A pesar de que el establishment no criticó la reapertura (sino todo lo contrario), la suspensión dictada ayer constituiría, para la ortodoxia, una violación de las “reglas de juego”, ya que, de haberlo sabido, eventualmente algún bonista podría haber optado por esta segunda apertura. Sin embargo, el desliz jurídico no es usualmente citado por estos analistas, puesto que en este caso la reapertura y el guiño al sector financiero está en sintonía con sus históricas demandas.

A pesar del beneficio que representa para los bonistas que no entraron en 2005 el reconocimiento de la deuda que está en sus manos, la propuesta que se les acercará será más beneficiosa para el país que en aquella oportunidad. Por ello, se dispuso que la quita superará el 65 por ciento. En función del total de la deuda a reestructurar, que se compone de unos 20 mil millones de dólares de capital y 9 mil de intereses, y especulando con un grado de aceptación superior al 60 por ciento, el total de nuevos títulos a emitir rondará entre 6 mil y 9 mil millones de dólares. A partir de una propuesta hecha por los bancos Barclays, Deutsche y Citibank, la participación de la mitad de los bonistas está asegurada. La reapertura cerrará el 31 de diciembre de 2010 o cuando el Gobierno declare terminado el proceso de reestructuración, lo que ocurra primero. El plazo de suspensión de la ley cerrojo es el mismo.

Informe: Javier Lewkowicz