Las modificaciones al sistema de seguros de riesgo del trabajo con las que el Ejecutivo busca revertir las bajas indemnizaciones y reducir la cantidad de juicios llega en dos entregas. La primera se plasmó en un decreto hace 10 días. Elevó los montos de las desactualizadas compensaciones, eliminó el techo y estableció pisos. El Ministerio de Trabajo ya redactó una propuesta para el segundo decreto que agregará várices, lumbalgias y hernias al universo de enfermedades cubiertas. El 46 por ciento de las acciones judiciales se inician por dolencias que no pertenecen al reducido listado de la ley. El proceso para aprobar estos cambios es todavía más engorroso que el incremento en las prestaciones. La fuente de financiamiento y los condicionamientos para que los asalariados puedan reclamar generan objeciones desde la CGT. El planteo empresario sigue concentrado en el impacto de las medidas sobre sus costos.

El proceso para incorporar nuevas enfermedades al listado es complejo. Según explican desde Trabajo, la comisión médica central debe emitir un dictamen y la propuesta, ser consensuada por el comité consultivo permanente. Ahí, los protagonistas excluyentes son la UIA y la CGT. Si no se logra ese visto bueno, la principal traba es la intransigencia patronal aunque los representantes de los trabajadores también presentan sus objeciones, existe la posibilidad de un laudo –un fallo o decisión– del ministro Tomada. La posición empresaria defiende un sistema con más de 20 tachas de inconstitucionalidad y frustra desde 2004 la posibilidad de reformar el sistema.

El Ejecutivo asegura que la carga de la mejora en las indemnizaciones recaerá, hasta que se renegocien contratos, sobre las aseguradoras. En cambio, para la inclusión de las nuevas enfermedades el ministro Tomada plantea que el financiamiento provenga del “Fondo para fines específicos”. La caja, creada en 1997 por el ex presidente Carlos Menem para cubrir principalmente hipoacusias, cargaría con los gastos en un primer período. El fondo cuenta con un superávit que ronda entre los 250 y 300 millones de pesos.

El abogado de la CGT y diputado del FpV, Héctor Recalde, se opone a esa forma de financiamiento: “Se están subsidiando las ART con recursos de los trabajadores mediante una contribución patronal”, comentó a Página/12. Son 0,6 peso por trabajador. Recalde propone que esos fondos se utilicen para favorecer la política de prevención de las pymes. Esas empresas pagan alícuotas un 400 por ciento más elevadas que el promedio.

El sistema instalado en pleno auge flexibilizador está orientado hacia la minimización de costos de los empleadores y aseguradoras, dejando en segundo plano la política de prevención de accidentes. Según puntualizó a este diario Juan González Gaviola, superintendente de Riesgos de Trabajo, “el decreto ampliará el mezquino listado, pero son enfermedades muy particulares y tenerlas no implica que serán consideradas directamente como enfermedades laborales”. La normativa establece períodos mínimos de tiempo para que esas enfermedades se asocien al trabajo. La CGT rechaza los condicionamientos temporales. “Si se generó en el trabajo es suficiente, no hacen falta cuatro años para tener un problema en la columna”, apuntó Recalde.

Según un relevamiento de la Superintendencia, el 46 por ciento de las acciones judiciales se inician por enfermedades que no pertenecen al reducido universo de enfermedades listadas. “La exclusión de estas enfermedades obliga a los trabajadores a litigar. Los empresarios desconocen por qué hay juicios, se quejan de su existencia, pero hacen todo lo posible para que sigan estando”, sostuvo el diputado.