El decreto de necesidad y urgencia para aumentar las tarifas de electricidad y gas que Eduardo Duhalde se disponía a firmar al cierre de esta edición, después de inaugurar en Montevideo el gasoducto binacional Cruz del Sur, promete acallar por un tiempo los reclamos de las empresas del sector, con las que el Gobierno también inició una revisión contractual que readecuará las privatizaciones a la realidad de la economía posdevaluación. La norma propondrá un ajuste del 11 por ciento para los usuarios residenciales de Edesur y del 9 para los de Edenor y subas más importantes para los transportistas: Transener, responsable del reciente apagón, será beneficiada con una mejora del 22 por ciento el precio de su servicio. En el caso del gas, los ajustes oscilarán entre el 5,6 y el 7,4 por ciento para los domicilios alcanzados, dos tercio de los clientes. Con esto, la administración duhaldista considera que no serán necesarios nuevos aumentos para los próximos tres meses, a menos, claro está, que hubiera una nueva estampida del dólar.
Después de que se frustraran dos convocatorias a audiencias públicas, Duhalde decidió cortar por lo sano y resolver por un DNU, justamente, los aumentos de aquellos servicios que tienen marcos regulatorios que exigen por ley. El resto, como peajes, agua o teléfonos, será resuelto mediante una “consulta pública”: una página en Internet que concentra la propuesta de cambio tarifario y todas las críticas que pudiesen formularse. Después, el Poder Ejecutivo sólo ejercerá su potestad de regular el precio mediante un decreto o resolución.
Según admitió el secretario de Energía ante Página/12, Enrique Devoto, el criterio para resolver estos incrementos fue permitir que las empresas tuvieran una mejora en sus ingresos, sin disponer aumentos que superasen más del 10 por ciento promedio y exceptuando a los consumos más bajos. Aun así, los nuevos cuadros tarifarios permitirían cubrir con holgura los costos operativos, garantizar el mantenimiento de la red y hasta la expansión prevista en los actuales contratos de concesión.
- Electricidad. Los aumentos alcanzan a usuarios residenciales que consumen más de 300 kw/hora por bimestre. En el caso de Edesur alcanza a 2,68 pesos por mes (5,36 por bimestre), alrededor de un 11 por ciento, suba que para Edenor es del 9 por ciento, “ya que hay diferencias actualmente en los cuadros de una y la otra”, explicó Devoto. El ajuste de la tarifa denominada general es del 10 por ciento y llega al 12 la denominada “tarifa 2” –propiedad de 500 metros con aire acondicionado–. Las industriales, en tanto, se encarecerán entre un 10 y 15 por ciento.
Los transportistas cobrarán entre un 18 y un 22 por ciento más por su servicio, lo que suma cerca de un punto en las tarifas finales.
- Gas. Quedarían exceptuados quienes consuman hasta 500 m3 anuales, límite que se modificará hacia arriba o abajo según la zona del país. Según los anexos del decreto, los incrementos a autorizar son del 7,4 por ciento (Metrogas) y 5,6 por ciento (Camuzzi). Para el segmento industrial esos aumentos oscilarán entre el 6 y el 20 por ciento y no sufrirán alteraciones en el precio las usinas generadoras de electricidad que demandan este combustible.
A los ojos de Economía, en cualquiera de los casos las nuevas remuneraciones de los servicios deberían permitir mantener los standars de calidad actuales, aunque no el repago de la deuda de las prestadoras, en su gran mayoría, contraída en dólares. Este punto será tema de debate en la renegociación contractual que el ministerio de Roberto Lavagna asegura haber encarado a través de la comisión renegociadora que funciona en su órbita. Pero difícilmente sea Duhalde quien termine esta tarea, que las propias empresas reconocen como propia de su sucesor.
A decir del gobierno actual, esta revisión debe buscar un mecanismo para adaptar los precios de los servicios a la nueva realidad inflacionaria, aunque no a través de mecanismos indexatorios. Sí por ejemplo, acortandolos períodos de revisión de los cuadros tarifarios, que actualmente son de cinco años. Para el duhaldismo también es necesario revisar las pautas de calidad, con la intención de flexibilizarlas. Ya que no es posible cumplir con el mandato contractual de dolarizar las tarifas, al menos puede compensarse a las empresas con esa flexibilización.
Lo que no podrá ni esta gestión ni su sucesora, a la que corresponderá terminar las renegociaciones, es restituir el negocio de las privatizadas en los términos originales. Aquellos que hace una década tanto las sedujo.