Antes de que se promulgue el decreto de necesidad y urgencia que autoriza aumentos en las tarifas de luz y de gas, entidades defensoras de los usuarios y las defensorías del Pueblo se aprestan a cuestionarlo judicialmente. Para defenderlo políticamente, el Gobierno podría utilizar un argumento provisto por un estudio privado que maneja la Secretaría de Energía, y en el que se demuestra que ambos servicios representan “apenas” el 2,5 y 5 por ciento, respectivamente, de los presupuestos familiares capitalinos. Lo que todavía no aparece en la mesa de discusión es que, para garantizar el mantenimiento de la red, este ajuste debería ser reforzado por otra suba en los próximos meses, tal vez antes de que Eduardo Duhalde deje el poder.
Alicia Oliveira, defensora del Pueblo de la Ciudad, y Ariel Caplan, representantes de los usuarios en la comisión renegociadora de contratos de empresas privatizadas, ayer admitieron que estaban esperando la aparición del DNU en el Boletín Oficial para interponer un nuevo recurso de amparo, a semejanza de los que en dos ocasiones anteriores consiguieron abortar las audiencias públicas convocadas por el Gobierno.
Los argumentos para bloquear el decreto no diferirán demasiado de los invocados entonces, ya que en este caso tampoco se contempló el derecho constitucional de que los usuarios participen en la génesis del cambio tarifario y éste no se habría dispuesto en el marco de una renegociación contractual, sino sólo como una “suba de emergencia”, en el mejor de los casos, a tener en cuenta cuando se haga la revisión contractual.
Pero el DNU tiene la fuerza de una norma excepcional dispuesta en una situación excepcional y, presuntamente, para evitar un mal mayor, como sería el colapso de los sistemas eléctricos y gasíferos por la supuesta falta de recursos de las prestadoras. O la perspectiva de juicios multimillonarios contra el Estado, encarados por estas mismas empresas.
Los entes reguladores son otros de los desairados por la estrategia del decreto, ya que según los marcos regulatorios son ellos los que deberían comandar, vía audiencia pública, un proceso de revisión de cuadros tarifarios. Sin embargo, los responsables de estos organismos alientan la decisión duhaldista de resolver vía decreto, con el argumento de que en la emergencia las decisiones tarifarias son una potestad del Poder Ejecutivo. Por razones poco claras, el decreto que Duhalde anunció el sábado haber firmado no fue publicado ayer en el Boletín Oficial, tal como esperaban ansiosos tanto sus detractores como las empresas beneficiarias. Con incrementos que oscilan entre el 9 y el 12 por ciento en las tarifas eléctricas residenciales y entre el 5,6 y 7,4 por ciento en las gasíferas domiciliarias, la norma no satisface las expectativas de distribuidoras ni transportistas, pero permite una recomposición de ingresos nada despreciable.
Según calcularon al detalle los técnicos de Energía y de los entes de control, el aumento permitirá a las empresas mantener la red y ampliarla para incorporar nuevos usuarios según el crecimiento vegetativo previsto. En muchos casos también permitirá hasta pagar parte de los intereses de su deuda. Pero los ajustes a aplicar sobre los consumos de este mismo mes no permitirán ni expandir esas redes ni repagar el capital de las obligaciones financieras. Es decir, no permite sostener el negocio a mediano plazo ni atender una mayor demanda por reactivación de la economía.
Peor aún: según advirtió un regulador a este diario, los mayores ingresos de las gasíferas alcanzan para garantizar el mantenimiento del sistema sólo por un año más. Esto significa que, en pocos meses, sería necesario reforzar la recaudación empresaria con una suba tarifaria adicional. Obviamente, la perspectiva oficial elegida para decidir estos ajustes no tuvo en cuenta la historia de cada negocio: si tuvo una rentabilidad razonable o desmedida, si reinvirtió mucho o poco o si su endeudamiento responde a criterios razonables o no. El Gobierno prefiere poner el énfasis en que el 42 por ciento de clientes de electricidad de Edenor y Edesur quedaron excluidos del aumento (hasta 300 kw por bimestre), al igual que el 32 por ciento de los consumidores residenciales de gas (hasta 500 m3 por año). A este beneficio –mal difundido como “tarifa social”– Energía suma el dato sobre el impacto presuntamente modesto de esos consumos en los presupuestos familiares de Capital y el Gran Buenos Aires.
Según un estudio en manos del secretario de Energía, Enrique Devoto, los hogares del quintil más pobre destinan un 2,6 por ciento de sus recursos al pago de la luz y el 5 por ciento al del gas. La conclusión sugerida es que el aumento tan resistido haría, en definitiva, poca mella en esa estructura de gastos.