El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto que dispuso el aumento de las tarifas de luz y gas. En su presentación, responsabilizó al Gobierno de “falta de decisión política, transparencia y eficiencia” para llevar adelante “las modificaciones tarifarias en el marco de la comisión renegociadora (de los contratos) y mediante la realización de audiencias públicas” que debatieran globalmente el tema. Mondino rechazó que existiera la urgencia esgrimida para disponer los aumentos y reclamó tomar en cuenta “las posibilidades reales de los usuarios para abonar esa tarifa y acceder al servicio”.
La solicitud del ombudsman nacional recayó en el juzgado federal a cargo de la magistrada Susana Córdoba. En caso de una resolución favorable, la medida alcanzará a los habitantes de todo el país, debido a la representación nacional que tiene el ombudsman.
“El decreto refleja la falta de una verdadera evaluación del nivel de ingreso de los usuarios y el desconocimiento de la precarización del nivel de empleo”, sostuvo Mondino en su escrito. “Los ocupados en la ciudad de Buenos Aires representan el 61,8 por ciento (de la población económicamente activa) y en el conurbano bonaerense, el 42”, mencionó como ejemplos el ombudsman.
“Las reformas políticas, sociales y económicas plantearon la necesidad de renegociar los contratos de los servicios públicos y es la falta de decisión política, de transparencia y de eficiencia del poder administrador lo que impidió llevar adelante las modificaciones tarifarias en el marco de la comisión renegociadora y mediante la realización de audiencias públicas”, enfatizó el defensor. “Es necesario destacar –sostuvo el demandante– que no existen fundamentos de costos que justifiquen los aumentos” y que “en el caso del servicio eléctrico, al igual que en el del gas, el porcentaje de incremento no está fundamentado y se desconoce la existencia de cuadros de costos”.
En forma paralela, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, pidió a la Justicia la instrumentación de una medida cautelar para frenar los aumentos de gas y de electricidad. “El Ministerio de Economía se dedicó a buscar un atajo para imponer aumentos tarifarios, en vez de activar el proceso de renegociación de los contratos, que es lo que corresponde hacer”, apuntó.