El gobierno nacional buscará cerrar, entre hoy y el lunes, un acuerdo con la CGT oficial y el gremio estatal de esa misma línea, UPCN, para pagar con títulos públicos con vencimiento a cinco años (Boden 2007) la deuda generada por el recorte del 13 por ciento de los salarios que se acumuló desde julio de 2001 hasta este mes inclusive. Todavía se mantiene en estudio la posibilidad de “bajar” a tres años el plazo para la cancelación de la deuda con los jubilados.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, indicó ayer que “el Gobierno asumió el compromiso de presentar” hoy ante los gremios estatales “el borrador con las características del bono mediante el cual los empleados públicos y los jubilados van a cobrar la deuda desde el primer día que se le hizo el descuento hasta el 31 de diciembre”. Andrés Rodríguez, titular de UPCN, habría reclamado que el pago del medio aguinaldo correspondiente a este fin de mes se liquidara en efectivo –excluyéndolo de la deuda consolidada–, como condición para acordar. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE (integrante de la CTA), no participa en las negociaciones.
El “borrador” mencionado por Atanasof es, en realidad, la segunda versión de la propuesta oficial. La primera, elaborada por el Ministerio de Economía, preveía el pago de la deuda con trabajadores estatales y jubilados en un plazo de ocho años. El “nuevo” contempla la cancelación en cinco años, aunque aún está a consideración del presidente de la Nación la posibilidad de proponer un plazo menor para la deuda con los pasivos. “Será una decisión política en base a una consideración fundamentalmente humanitaria”, comentó ayer a este diario un alto funcionario del Ejecutivo.
De acuerdo con el proyecto en manos del jefe de Gabinete, el propuesto Boden 2007 se emitiría en febrero próximo, con un rendimiento anual del 2 por ciento y amortizaciones semestrales. “Todavía no está terminada su implementación, pero se le quiere dar la mayor facilidad posible de circulación, para que quien lo reciba no termine siendo víctima de especuladores”, refirió la fuente oficial. Entre otros aspectos, se analiza la posibilidad de darle carácter cancelatorio sobre impuestos y créditos, por ejemplo.
Desde el plano legal, esta versión del Boden no estaría totalmente cubierta de la posibilidad de nuevas demandas judiciales. “El único fallo que salió por demanda de inconstitucionalidad contra el recorte estableció la obligación del Gobierno de pagar la deuda, y no hace falta que aclare que el pago debe hacerse en moneda de curso legal: así debe ser, y el pago con cualquier otro instrumento puede dar lugar a una nueva presentación”, comentó un letrado que asiste a afectados por el recorte. “Salvo que la Corte Suprema legitime el mecanismo”, agregó la misma fuente.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el total de la emisión –el monto de la deuda por el retroactivo a jubilados y estatales– ascendería a 2500 millones de pesos y la primera amortización operaría en agosto de 2003. A partir de enero, jubilados y estatales cobrarán la remuneración plena, sin recortes. El descuento en los haberes fue dispuesto por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo en el marco del plan de Déficit Cero, con el que pretendía atraer la simpatía del Fondo Monetario. Dentro del mismo proceso y contemporáneamente se implementó el megacanje de la deuda, a través de la colocación de nuevos títulos públicos en sustitución de los anteriores. Menos de seis meses después, aquellos bonos caían en default y los recortes salariales y jubilatorios se convertían en otra pesada carga para el Estado, al ser cuestionada su legalidad.