Producción: Tomás Lukin

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Trampa o confusión

Por Lorena Putero *

En una primera aproximación al concepto de economía social hoy podemos encontrar, bajo un mismo paraguas, a ONG, empresas recuperadas, organizaciones sociales y un sinnúmero de actores sociales. Esta situación no sorprende porque se halla encuadrada dentro de un campo semántico en construcción o, incluso, en disputa. Sin embargo, lo que confunde es la diversidad ideológica de estos actores. Para comenzar a marcar la cancha de juego identificaremos aquí dos grandes grupos: por un lado, las organizaciones que se encuentran construyendo el significado de este término a través de la búsqueda de un cambio en lo injusto de las estructuras sociales y, por otro, las que en este debate ven una nueva oportunidad de retomar su batalla contra las políticas de Estado y bregar por su desmantelamiento.

En los noventa comenzaron a aparecer, en los documentos de los organismos internacionales como el Banco Mundial, la promoción de políticas públicas y programas que incluían la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil (OSC), promoción que llegaba acompañada con financiamiento. La propuesta se fundamentaba en la idea de que las OSC serían más eficientes, en relación con costos e impactos sobre la comunidad por estar cerca del territorio y por sus orígenes filantrópicos, en lugar del Estado bobo y burocrático. De este modo, las OSC se constituyeron en una herramienta más para lograr el anhelado objetivo de hacer retroceder la intervención del Estado y dejar todo en manos del mercado mientras que los efectos de las políticas del neoliberalismo quedaban en manos de quienes las sufrían: la propia sociedad civil.

Bajo ese lema es que se gesta la idea de lo que algunos autores denominan la autogestión de la pobreza. Los pobres, única población destinataria de estas acciones, deberán participar de la gestión de sus problemas, y las OSC son las que las acompañarán en ese proceso en el cual descubrirán sus capacidades. Así, algunas funciones del Estado, como garante de derechos –el trabajo, por ejemplo–, las realizarán ahora OSC y el derecho se perderá en la nebulosa de la subcontratación, pasando a depender de la buena voluntad de los participantes de las organizaciones. De tal modo, se comienza a visualizar el crecimiento de programas de microemprendimiento y microcréditos para resolver el problema del trabajo o la contratación de asociaciones civiles para tareas educativas como talleres de formación. La economía social queda, así, definida como un subsector donde aquellos que no supieron integrarse a la economía formal podrán tener su oportunidad de hacerlo en una economía para los pobres.

En el extremo opuesto demarcamos las concepciones latinoamericanas de economía social, popular o solidaria que, con distintos matices conceptuales, enuncian y trabajan por otra manera de producir. Dentro de estas corrientes, el primer punto a resaltar es que todas comparten una postura crítica frente al sistema capitalista, por lo tanto, el fin último no es el alivio de la pobreza, sino un cambio en las estructuras sociales una vuelta a pensar la política y la economía juntas. El objetivo no es el derrumbamiento del Estado sino su renovación a través de más democracia. Así plantean la necesidad de políticas públicas participativas y de recuperar las políticas universalistas, es decir, hacia la sociedad en su conjunto.

La democratización se refiere a abrir espacios en el Estado, promover más participación ciudadana planteando la apertura como un eje de eficiencia. Estas acciones pueden verse en actividades como los presupuestos participativos que hoy se llevan adelante en el municipio de San Miguel. entre otros municipios, o en experiencias con más años de trayectoria como en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, desde el triunfo del PT a finales de los ’80. O el caso de las primeras experiencias de políticas públicas en Argentina que se llevan a cabo por mesas de trabajo donde se encuentran OSC y el Estado, como sucede en el Consorcio de la provincia de Buenos Aires que funciona bajo esta lógica con programas de microcréditos que son pensados como una herramienta que permite la construcción de una economía con otras lógicas.

Este, que es un debate necesario para definir líneas de acción dentro de estas arenas, muchas veces se pierde en la vorágine de la práctica y es normal que así sea. Lo que será vital para el futuro de la economía social que busca alzar su mirada hacia un horizonte de mayor inclusión e intervención es no perder de vista las diferencias en relación con el lugar del Estado, su democratización o su destrucción. Un punto que nos alerta a pensar sobre qué es lo que hay detrás de las propuestas de los organismos internacionales que promueven más participación.

* Economista. Investigadora del Cemop (Fundación Madres de Plaza de Mayo).

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Oportunidad para crecer

Por Esteban Magnani *

En la efervescencia de 2001 las empresas recuperadas por los trabajadores tuvieron su momento de atención mediática. Casi todos los días aparecía alguna nueva que, al ser amplificada por los medios de comunicación, recibía atención y ayuda por parte de una sociedad que necesitaba creer en las salidas horizontales a una crisis estructural. Luego de una suerte de “reacomodamiento” del sistema se produjo un reflujo mediático, social y político hacia el escepticismo (siempre capitalizado por la derecha) y, los éxitos de las recuperadas perdieron atractivo. Mientras tanto, en estos años, las recuperadas que llegaron a obtener alguna forma de explotación legal de sus empresas no sólo han sobrevivido, sino que afrontaron la crisis reciente sin dejar a nadie en la calle. Es que hay una diferencia cualitativa entre las empresas privadas y las autogestionadas: las primeras persiguen un excedente que es su razón de ser y, si éste deja de existir, la empresa despide trabajadores hasta recuperarlo o simplemente se retira del mercado en busca de opciones más rentables. Este tipo de cierres, basados en decisiones privadas “legítimas”, dejan a miles de personas en la calle y ya han generado debates en países como Francia: ¿hasta qué punto la decisión de cerrar una empresa no debería ser una decisión de la sociedad, su principal víctima?

Entre tanto, las recuperadas parten de una lógica distinta: el objetivo es multiplicar el trabajo y su remuneración. Esto ha quedado demostrado en que las recuperadas sobrevivieron la crisis sin resignar trabajadores gracias a que éstos absorbieron la caída de los ingresos en forma pareja, cuando fue necesario, reduciendo las horas de trabajo. El resultado es que no se crean dos castas, los superocupados y los desocupados, sino que todos encuentran una forma de sobrevivir dignamente hasta que las cosas mejoren. Este tipo de prácticas innovadoras de reducción de horas de trabajo se ha implementado incluso en algunos países de Europa. Cabe aclarar que en realidad la crisis ha incrementado el número de recuperaciones; durante 2008 se ha producido una segunda ola de recuperaciones de empresas fallidas que sus dueños ya no podían o querían sostener y que actualmente se encuentran produciendo.

Si bien ya se puede decir que la experiencia de las recuperadas, pese a su heterogeneidad, ha sido exitosa en términos de supervivencia y de incorporación de trabajadores, necesita al menos dos herramientas que les permitan consolidarse definitivamente y competir en condiciones de igualdad en el mercado. En primer lugar necesitan acceder al crédito de forma más sistemática y por montos más altos. Es que muchas recuperadas no pueden ganar clientes debido a que éstos les piden realizar el pago contra entrega o incluso diferido. De esta manera, la falta de espalda financiera les dificulta la posibilidad de ganar mercado. Los subsidios de distintos sectores del Gobierno suelen ser para maquinarias o seguridad e higiene, pero casi nunca para capital de trabajo. Por otro lado, los bancos no saben cómo tratar a las cooperativas o simplemente no están dispuestos a dar créditos sin una garantía, lo que nos lleva al segundo problema: la falta de una resolución definitiva sobre la propiedad de las recuperadas. En un primer momento las expropiaciones que (en la mayoría de los casos) permitieron la autogestión obrera fueron un parche legal de corto plazo, que requería que el Estado cumpliera con el pago de las indemnizaciones para que, a su vez, los trabajadores pudieran comprar la empresa por medio de un crédito. Este pago, salvo por alguna excepción, no ha ocurrido con una consecuencia más grave: algunos trabajadores se niegan a seguir invirtiendo para el largo plazo de una empresa que no es de ellos.

En definitiva, los trabajadores ya han hecho su parte. Han demostrado que pueden gestionar, que son más resistentes a las crisis que muchas empresas privadas, que generan trabajo, que devuelven los pocos préstamos a los que acceden, que no fugan capitales. Pero encuentran sobre sus cabezas un techo muy bajo por la lógica financiera de los bancos y el Estado que con su inercia los empuja a ser parte de una economía de supervivencia cuando muchas de las empresas que gestionan los trabajadores han sido, incluso, líderes de sus mercados. Si el Gobierno desea realmente una mejor distribución y una economía que no esté sometida a los vaivenes de la rentabilidad cambiante de los mercados internacionales, debería generar un marco que permita que este germen de una lógica autogestiva y más transparente afiance un crecimiento que construye otro tipo de sociedad.

* Autor de El cambio silencioso, sobre empresas recuperadas, y miembro de la Fundación La Base - The Working World.