“Si todo es ver cómo ganamos más rápido, el salario va a acompañar en la carrera”, desafió ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a buena parte del empresariado local. El funcionario se manifestó molesto de que se piense en el salario como el causante de la inflación, cuando en realidad –sostuvo– habría que preguntarse por qué suben los precios. En ese sentido, reitero que los sueldos “no serán una variable de ajuste” dentro del modelo. Tomada hizo estas afirmaciones durante un encuentro con periodistas, en el que presentó un informe acerca de los niveles de conflictividad laboral del año pasado. El estudio señala que en 2009 se contabilizaron 874 situaciones de tensión, contra 840 de 2008. Se registraron más conflictos en la administración pública, mientras se incrementó la cantidad de huelguistas en Salud, que junto con la enseñanza presentan una duración promedio mayor de la medida de fuerza.

El ministro volvió a defender la política de ingresos a partir de aumentos salariales, y contradijo a quienes sugieren que las recomposiciones de sueldos generan tensiones inflacionarias. “El problema son los precios: si éstos no suben, los salarios menos. No van a subir más para generar inflación, nadie tiene esa vocación”, señaló Tomada. El funcionario aseguró que algunos empresarios “contuvieron” los incrementos de precios, pensando “en ganar en el largo plazo y no en el corto”, en tanto otros continúan en busca de ganancias rápidas. Afirmó entonces que mientras la decisión continúe siendo la de ganancias rápidas y no la planificación a largo plazo, el salario va a seguir ajustándose para no perder poder adquisitivo.

Es así que durante el año pasado más del 70 por ciento de los conflictos “duros” tuvieron que ver con discusiones salariales, mientras que el resto correspondió a algún tipo de desvinculación laboral. Según el informe difundido por la cartera, esta participación reiteró la de años previos, un “aspecto destacable, por contraste, entre el intenso ritmo de crecimiento hasta 2008 y el freno de la actividad observado en 2009, por el impacto de la crisis”.

Sin embargo, el nivel de conflictividad durante 2009 reflejó aspectos excepcionales. El conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue más duro en manifestaciones, paros y agotamiento de la conciliación obligatoria. “Con la UOM es la quinta discusión salarial que acompañamos y nunca fue tan complicada”, reconoció Tomada. El ministro recordó también la situación de Mahle y Massuh, en las cuales la cartera evitó varios despidos, y Kraft y los subtes, que “dieron pie a una lectura distinta de la conflictividad”.

La Salud también tuvo un alto número de conflictos, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Durante 2009 se contabilizaron 159 paros o medidas de fuerza, segundos detrás de la administración pública, que sumó unos 334. “El nivel de conflictividad del sector público seguirá en los mismos parámetros –mayores que para el caso de la esfera privada– de los últimos 15 años”, aseguró Tomada. El funcionario explicó que esto se debe a que los “mecanismos de intermediación del conflicto son de menor experiencia en los públicos. En esos casos el rol del Estado es complejo porque la patronal también es el Estado”, agregó.

El tercer sector con mayor nivel de conflictividad fue la enseñanza, con 112 protestas, donde predominan además los trabajadores estatales. El ministro aseguró que la situación de tensión actual, cuando falta menos de una semana para el inicio de las clases, es la misma de siempre. En ese sentido, resaltó la decisión del Gobierno de elevar el piso mínimo salarial para la actividad docente. “Es un piso que ningún docente en la Argentina puede dejar de ganar y eso lo venimos haciendo desde 2004 y explícitamente desde 2006 (por ley)”, aseguró.

Tomada subrayó que la fijación de un piso salarial para los docentes “no cambia que las provincias puedan cerrar individualmente”, de acuerdo con los números que maneje cada gobernación y los gremios. El costo para las finanzas públicas de cada provincia será de 17 por ciento, mientras que el aumento “de punta a punta” será de 19 por ciento para el docente porque es escalonado. “Además hay once provincias a las que les financiamos los aumentos, el incentivo docente lo paga el Estado nacional, como así también el salario de los docentes universitarios de todo el país”, señaló el ministro.