La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal comenzó a estudiar el pedido extraordinario solicitado por el Poder Ejecutivo para que sea la Corte Suprema quien defina sobre el futuro del Fondo del Bicentenario (FOBI). El Gobierno apuesta a que se acepte su pedido, con la suspensión de la medida cautelar que pesa sobre el FOBI. De esta manera, el Ministerio de Economía podría hacer uso de las reservas del Banco Central. Para agregar más suspenso al complejo escenario, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt consideró que la Cámara no liberará el uso de las reservas, por considerar que el Ejecutivo “no puede emitir resoluciones de carácter legislativo”. Hasta el momento, el dato más positivo para el oficialismo en el plano judicial fue el rechazo que hizo la misma Cámara a un pedido de recusación de los jueces que integran la Sala IV solicitado por el abogado Enrique Piragini. Todavía queda por resolver el pedido de recusación realizado por la UCR. En el plano parlamentario, el senador pampeano Carlos Verna adelantó que votará en contra del FOBI, por lo que el oficialismo se quedaría sin un aliado estratégico.

Los jueces que integran la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal –Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis María Márquez– tienen quince días para resolver el pedido del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la pretensión (y la necesidad) del Ejecutivo es que haya una resolución antes de que el tema sea tratado en el Congreso. El Gobierno espera que los jueces de la Sala IV habiliten el uso de las reservas, para conformar el FOBI con los 6500 millones de dólares y utilizar ese dinero antes de un posible rechazo en el Congreso.

El supremo Carlos Fayt se metió en la puja por la conformación del FOBI, al responder las preguntas de varios periodistas apostados en la puerta de su casa. “No creo que se lo dé (el uso de las reservas), eso es todo lo que puedo decir.” El magistrado salió de su casa con un ejemplar de la Constitución Nacional, con un artículo especialmente resaltado, el 99 inciso tercero.

“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Por este motivo, creo que la Cámara no permitirá el uso de las reservas”, aseveró Fayt, quien también dejó entrever cuál será su posición a la hora de analizar el tema.

Mientras esto ocurre, la oposición busca que el proceso judicial se retrase y de esa manera jugar su carta fuerte en el Congreso. Parte del retraso tiene que ver con las diferentes recusaciones a los jueces que integran la Sala IV. Una fue realizada por el abogado Enrique Piragini y la otra por los legisladores Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales. Ambas le atribuyen una “presunta imparcialidad” a los jueces.

En el caso de la primera recusación, los jueces Morán, Fernández y Márquez la rechazaron por considerar que el abogado carece de “legitimidad” para realizar ese pedido. Sin embargo, la Sala IV no se pronunció por el pedido del radicalismo, quien también calificó de “imparciales” a los jueces que tienen bajo estudio al FOBI.

“El apuro para la recusación tiene que ver con que existe la sospecha, a partir de artículos periodísticos de prestigiosos periodistas, que suelen tener fuentes muy confiables, de que los jueces fallarían a favor del Gobierno”, explicó, anteayer, Gil Lavedra a Página/12. A partir de los mencionados artículos periodísticos, los radicales sostienen que el juez Fernández es hermano de Javier Fernández, “un auditor sindicado como el kirchnerista con más influencia entre los jueces”.

“Cuando intuyen que los jueces podrían fallar a favor de ellos, los magistrados son democráticos, pero cuando creen que podrían hacerlo en contra de sus intereses, resultan imparciales. Me parece que la recusación no tendrá lugar”, volvieron a señalar fuentes del Frente para la Victoria. El Gobierno necesita que la Justicia habilite cuanto antes el uso de las reservas, ya que el escenario en el Congreso –sobre todo en el Senado– es cada vez más complejo. El legislador pampeano Carlos Verna adelantó ayer que votará en contra del DNU 2010. También será de la partida su compañera de banca, María Higonet. De esta manera, se esfumaron del oficialismo dos posibles aliados, al mismo tiempo en que la oposición quedó más cerca –al menos por el momento– de alcanzar los 37 votos en contra del DNU 2010.