¿Qué es lo que impugna la oposición cuando rechaza el pliego de Mercedes Marcó del Pont? ¿Su idoneidad para el cargo? ¿O su pensamiento en materia de política económica? ¿Será que, como dice esa misma oposición, se condenó sola al haberse prestado a facilitar el uso de las reservas internacionales para el pago de la deuda? En todo caso, hay razones de fondo y profundas convicciones que la llevaron a tomar tal decisión. Quizás allí se encuentren los motivos de tan airada resistencia opositora. Ningún miembro de la oposición se atrevió a poner en duda, en privado o en público, la idoneidad y antecedentes de la funcionaria. Hasta hubo elogios a su capacidad de parte de Carlos Menem, antes de votar en su contra. Además de costarle más de una cargada a la funcionaria –hubo hasta quien le sugirió que el riojano la había confundido con María Julia–, la anécdota refleja el desprecio de la Comisión de Acuerdos del Senado por las facultades que le corresponden: evaluar la idoneidad para el cargo de quien es propuesto por el Ejecutivo.

La mayoría opositora de la comisión rechazó el pliego de Marcó del Pont después de escuchar el discurso crispado de la líder derechista Elisa Carrió y los argumentos del ex directivo de la banca de inversión extranjera Alfonso Prat Gay. Dos representantes de intereses económicos bien concretos. Por la defensa corporativa de los grandes capitales que han asumido en reiteradas veces, se entiende por qué se oponen a que el Gobierno pague con reservas propias los vencimientos de deuda y prefieren que salga a endeudarse pagando comisiones a agentes financieros y altos intereses a la banca acreedora.

Los sectores que acompañan la embestida contra Marcó del Pont constituyen un conjunto heterogéneo pero con afinidades. El Peronismo Federal, el radicalismo y los grupos de derecha vinculados con los negocios con el Estado en épocas de dictadura han demostrado, en igual medida, sumisión al capital financiero cuando éste imponía las reglas en la etapa más floreciente del neoliberalismo. Las distintas refinanciaciones ruinosas para el Estado que ayer repasó Cristina Fernández (Plan Brady en los ’90, megacanje en el 2001, pesificación asimétrica en 2002) y otras anteriores, en las que esos mismos sectores hoy en la oposición estuvieron involucrados, no fueron actos de “maldad” de sus autores, sino el producto del sometimiento de los respectivos gobiernos a los grupos financieros dominantes. Esta diferencia de origen también marca un abismo entre los que piden la destitución de Marcó del Pont y esta economista, militante del Plan Fénix, integrante de la Mesa de Coyuntura de la CTA y meticulosa analista y conocedora, como pocos, de la estructura industrial argentina.

Mercedes cree que la pelea no es por su cargo, sino por el modelo económico. Pagar con reservas disponibles es liberar recursos del Estado para mantener las políticas de transferencias sociales y obra pública. Obligar al Estado a buscar financiamiento por 55 mil millones de pesos es sinónimo de recortes de recursos y políticas de ajuste.

Pero la pelea también es por su cargo: sacar a Mercedes del camino es el paso que necesitan los viejos aliados del capitalismo financiero para iniciar el camino de regreso al poder.