Producción: Tomás Lukin

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Regular y supervisar

Por Alan Cibils y Cecilia Allami *

El sistema bancario argentino se vio fuertemente impactado por la crisis de la convertibilidad, arrojando rentabilidades negativas para el período 2000-2004. Sin embargo, a partir del 2005 dicha rentabilidad exhibe una fuerte recuperación, alcanzando niveles record durante los años 2006-2009. A diferencia de la década de los noventa, cuando las ganancias de los bancos se movían en consonancia con las de grandes empresas, a partir del 2005 las ganancias del sistema bancario aumentaron en mayor proporción que las de estas firmas. La crisis internacional y la desaceleración del ritmo de crecimiento en el país no alteraron esta tendencia: en 2009 la rentabilidad se incrementó en un 66 por ciento respecto del año anterior.

El incremento de las ganancias del sector bancario se explica por diversos factores. En primer lugar, se observa que, a partir de la crisis, los resultados por servicios del sistema financiero superan a los resultados por intereses. Esto último podría explicarse por un cambio en la estrategia comercial de los bancos, que han buscado diversificar sus negocios en actividades ajenas a la actividad bancaria tradicional (captación de depósitos y otorgamiento de créditos) buscando maximizar su rentabilidad mediante actividades más seguras.

A su vez, el estudio de las fuentes de ingresos por intereses arroja resultados reveladores. Por un lado, se observan elevados niveles de crédito al sector público –representando un promedio de 58 por ciento del crédito total durante el período 2002-2009– y niveles de crédito al sector privado más bajos que los observados durante la convertibilidad. Es decir, en lo que respecta a la asignación global del crédito entre el sector público y privado, el primero sería el que más ingresos le genera al sistema financiero.

En cuanto a la composición del crédito al sector privado, se observa una fuerte tendencia hacia el crédito personal de corto plazo (consumo), en detrimento del crédito de largo plazo para inversión de los sectores primario e industrial. En este sentido, se observa una fuerte caída del crédito a largo plazo (hipotecario), que pasa de representar 32 por ciento del total de las financiaciones al sector privado en 2002 a alrededor de 14 por ciento en 2009. Por otro lado, se genera un marcado aumento del crédito de corto plazo (documentos y personales), que pasa de 29 por ciento de las financiaciones a casi 50 por ciento en el mismo período. El crédito a través de tarjetas de crédito –también de corto plazo– experimenta un crecimiento leve y sostenido durante los primeros años de la posconvertibilidad y asciende más aceleradamente en los últimos años, mientras que los adelantos se mantienen relativamente constantes. En otras palabras, el crédito de corto plazo ha tendido a desplazar al crédito más largo.

Respecto del financiamiento del sistema bancario al sector privado no financiero por tipo de actividad, la financiación al sector primario pasó de 6,3 por ciento en 2002 a 13 por ciento del financiamiento en 2009, alcanzando niveles levemente superiores a la media de la década de la convertibilidad. La financiación a la industria –que experimenta una caída marcada y sostenida durante la década de la convertibilidad–, pasó de 28 por ciento en 2000 a 7,6 por ciento en 2003. A partir de este momento, experimenta una leve recuperación, estabilizándose luego en valores en torno del 16 por ciento. El crédito personal muestra una abrupta caída durante la crisis; sin embargo, a partir de 2004 experimenta un aumento fuerte y sostenido, alcanzando hacia 2009 valores que superan ampliamente los más altos de la década de la convertibilidad (33 por ciento en 2009).

En definitiva, lo que se observa es que durante la posconvertibilidad no se ha revertido la estructura del sistema financiero heredada de la reforma de 1977 impulsada por la dictadura. Inclusive, muchos de sus aspectos más regresivos se han profundizado en el período reciente, ya que el sector bancario es uno de los grandes “ganadores” desde la salida de la crisis de la convertibilidad, sin que esto se haya visto reflejado en un mayor financiamiento a los sectores productivos. Para modificar este esquema resulta necesario diseñar mecanismos de regulación y supervisión que devuelvan al Estado un rol activo en la orientación del crédito con el objetivo de garantizar la creación de estructuras financieras que acompañen y garanticen el proceso de desarrollo económico inclusivo.

* Investigadores docentes del Area de Economía Política del Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Los límites del capital

Por Sergio Arelovich *

Dentro de los roles que juegan o pueden jugar las entidades financieras, está el relevante papel de ser agentes financieros de las diferentes jurisdicciones estatales. Se trata del rol de depositario de los fondos públicos de la administración central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, sociedades del Estado, empresas con participación estatal mayoritaria y otras entidades del sector público. Este papel tiene como contrapartida el uso emergente de la capacidad prestable generada por los promedios de saldos existentes en las cuentas que tienen por titular a las instituciones del sector público. Se trata de un papel que requiere garantías de resguardo de los saldos depositados, lo sean con destino a la atención de la llamada deuda flotante, o para atender la formación bruta de capital, o para solventar políticas anticíclicas, dado que se trata de dinero público. Desde otra perspectiva, el uso o colocación de los fondos prestables se erige en una herramienta de promoción del crédito, cuyo diseño no debiera razonablemente quedar en manos privadas.

Los años noventa, durante la gestión presidencial de Carlos Menem, tuvieron como signo distintivo –aunque no único– la privatización de empresas públicas. El sistema financiero sufrió idéntica suerte. Así vivimos el intento de privatización del Banco Nación y la liquidación de la banca de desarrollo e hipotecaria, un proceso de adquisición de bancos estatales de provincia por parte de la banca privada de capital nacional o simplemente la liquidación de entidades públicas y el reemplazo del rol por entidades de capital nacional que se erigieron en nuevos agentes financieros de los estados provinciales.

Este proceso contó con la anuencia y acompañamiento en acciones, por numerosos gobiernos provinciales, entre ellos el de la provincia de Santa Fe, que durante la primera gestión del gobernador Jorge Obeid privatizó el Banco de Santa Fe entregándolo, en una ruinosa operación, al Banco General de Negocios –propiedad de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo y promotor de la Ley de Entidades Financieras que aún rige al sector–, operación que finalmente culminó en su reasignación al grupo Petersen, encabezado por Enrique Eskenazi. Este grupo además es propietario del Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz y Nuevo Banco de Entre Ríos. El Grupo Petersen es propietario del 70,14 por ciento de las acciones del Banco de San Juan. A su vez, este banco poseía el 51 por ciento del paquete accionario del Banco de Santa Cruz y el 93,39 por ciento del Nuevo Banco de Santa Fe. Finalmente, el Nuevo Banco de Santa Fe era el propietario del 64 por ciento de las acciones del Nuevo Banco de Entre Ríos.

La privatización de la gestión de los fondos públicos de los estados provinciales no se reduce a este caso. Otro de gran envergadura lo constituye el Grupo Macro. En efecto, las provincias de Jujuy, Salta y Misiones tienen como agente financiero al Banco Macro propiedad de Jorge Brito y la provincia de Tucumán deposita sus fondos en el Banco del Tucumán propiedad en 89,92 por ciento del Banco Macro. También es el caso de las provincias de Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Río Negro, San Luis. De las veinticuatro jurisdicciones (incluyendo a la ciudad de Buenos Aires), trece poseen como agente financiero a una entidad privada.

Esto no significa que las que tienen como agente financiero a una entidad de propiedad pública, sea nacional o provincial, estén a salvo de críticas, señalamientos o incluso actos de corrupción y clientelismo. Pero toda política de autonomía de los estados provinciales que pretenda diseñarse en materia de administración de recursos financieros excedentes, sean éstos temporales o permanentes, es de imposible realización si los agentes financieros poseen participación decisoria mayoritaria en manos de accionistas privados. Es preciso aclarar que, además, los estados provinciales pagan por este servicio, cuando los grandes beneficiarios son los bancos, que reciben en forma gratuita la posibilidad de lucrar con los fondos prestables emergentes de los depósitos de los estados.

Finalmente, hay gobiernos provinciales y municipales que poseen como agente financiero al Banco Nación, ante la liquidación de las respectivas bancas provinciales como Catamarca y Mendoza. Ello, si bien es diferente del caso hasta ahora expuesto, no deja de crear un problema adicional por la falta de injerencia de los gobiernos locales en la determinación del uso o aplicación de los fondos prestables originados en los depósitos del sector público de cada jurisdicción.

* Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Rosario - Cátedra de Economía Política.