Amado Boudou, por Economía, y Julio De Vido, por Planificación, tienen que resolver en los próximos días cómo enfrentarán una nueva deuda contraída con los generadores de electricidad que, expresada en pesos, a la fecha roza los 4500 millones. La mitad de esa suma debería comenzar a cancelarse en cuotas desde este mismo mes, pero todo indica que Energía modificará las pautas para extender los plazos. El paquete de obligaciones públicas es resultado de la estrategia oficial de subsidiar las tarifas eléctricas, que sería imposible contener sin ese auxilio estatal.

Dos conceptos diferentes engrosan las cuentas a favor de las generadoras, grupo de empresas que, entre otras, integran Endesa (de los italianos de Enel), Sadesa o la norteamericana AES. En ambos casos, los números resultan de mecanismos complejos. El Estado asumió como deuda propia la diferencia de precio entre lo que cobran las usinas y lo que deberían cobrar, según las pautas legales vigentes. Es decir, bastante más. Hasta fines del 2007 se acumularon por esta vía 600 millones de dólares (poco más de 2300 millones de pesos), que las arcas públicas cancelaron construyendo las centrales térmicas Puerto y San Martín, que ahora operan los privados. Según un convenio escrito, éstos se cobrarán esa acreencia en cuotas durante diez años, reteniendo una porción de los ingresos generados por esas centrales, que facturará su energía mucho más cara que el resto. Pero tiene una ventaja: su principal cliente es el propio Estado, a través de Cammesa, que se comprometió a comprarle la producción a un precio de 60 dólares el megawatt, el doble del valor reconocido al resto. Ese mecanismo de devolución debería activarse desde este mismo mes, ya que ambas usinas están operativas. Pero el secretario de Energía, Daniel Cameron, estaría buscando una fórmula para aliviar la carga sobre las arcas públicas, de modo tal que ese mecanismo ahora en revisión. No es la única incógnita a despejar.

Esos 600 millones de dólares (casi 2400 millones de pesos) sólo cubrieron la mitad de lo que costaron las centrales. Planificación buscó fondos en el mercado con poco éxito. Los bancos Nación y Galicia e YPF están entre los pocos que contribuyeron. La Anses finalmente desembolsó los casi 600 millones de dólares que faltaban para completar el valor total de las usinas, hecho que transformó al Estado en accionista principal de las centrales Belgrano y San Martín, devenidas en empresas mixtas.

Desde principios de 2008 hasta noviembre de 2009 Cammesa volvió a acumular una deuda a favor de las generadoras por la diferencia de precio que existe entre lo que éstas cobran y lo que deberían cobrar para cubrir sus costos operativos. Por esa otra vía, hasta la fecha el Estado acumuló deuda por otros 2000 millones de pesos. Esto no implica que de las arcas públicas no se hayan desembolsado cifras millonarias a favor de los propietarios de las usinas. Por el contrario, ese último importe es sólo un monto residual, ya que el Estado hace pagos periódicos a esas firmas. Existe incluso una resolución de Energía por la cual se liberan los recursos a los generadores sólo en la medida que vayan cumpliendo ciertas obras de mantenimiento. Mecanismo que encontró el Gobierno para controlar lo que hacen las empresas en la generación que, a diferencia de otros segmentos de la actividad, no está considerada por la ley como un “servicio público”.