La valla que pudo superar ayer el proceso de designación de Mercedes Marcó del Pont resulta un hecho alentador. No es un trofeo obtenido por la administración kirchnerista, como muchos se tentarán a evaluar en esa suerte de mezquino juego binario oposición-oficialismo. Lo más importante es que, con el saldo provisorio de ayer en el Senado, se mantiene en pie la posibilidad de empezar a transformar la estructura reaccionaria del Banco Central. Tarea que no se podrá hacer de un día a otro, sino que requiere de tiempo y compromiso de otros profesionales para asumir ese desafío. Más aún cuando el Banco Central es un reducto de los representantes del liberalismo económico, guarida de financistas.

La ahora más probable presencia de Marcó del Pont al frente de la autoridad monetaria es relevante por la decisión política que ella ha manifestado para encarar la reorientación del crédito hacia el sector productivo. Además, por la determinación que tiene de empezar a supervisar al sistema bancario con el criterio de conglomerados financieros, estructura legal que permite la elusión impositiva, facilita la fuga de capitales y oculta operaciones sospechosas. También es importante la continuidad de Marcó del Pont por la convicción que ha expresado acerca de la conveniencia en términos macroeconómicos del pago de deuda con una porción de las reservas internacionales.

Esa medida reúne la resistencia de sectores conservadores, en una respuesta insólita teniendo en cuenta que sus miembros han sido endeudadores seriales y pagadores obsecuentes sin importar métodos. También provocó la oposición de grupos denominados de centroizquierda, representación política que históricamente reclamaba que la deuda no se pague con ajuste fiscal o con más deuda en un círculo perverso que derivaba en pactar tasas usurarias. Pagar con reservas, con un elevado stock en el Central y flujo positivo de dólares vía superávit comercial, es un interesante avance cualitativo que elude esas dos opciones. Aunque existiera superávit fiscal, que se evaporó en el 2009 para amortiguar los costos del shock externo y que permitió en los últimos años manejar con cierta holgura el cronograma de vencimientos, igual se tendrían que usar reservas para cancelar deuda. Puede ser que el Gobierno haya optado por esa alternativa por pragmatismo más que por una visión estratégica. Es un aspecto poco relevante en la coyuntura y será motivo de estudio de historiadores cuando se ocupen del actual proceso político. En los hechos, se trata de una medida económica sustancial para no quedar atrapados del financiamiento externo, es una saludable estrategia para minimizar la dependencia del capital externo y permite ampliar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica.