ECONOMíA › IMPUESTO AL CHEQUE, RECURSOS EN DISPUTA
› Por Tomás Lukin y
Sebastián Premici
La coparticipación federal de impuestos y la distribución de recursos del Tesoro hacia las provincias volvieron a ser parte de la disputa política alrededor del Fondo del Desendeudamiento. No sólo por la mención del diputado nacional Néstor Kirchner sobre la probabilidad de debatir una nueva ley de coparticipación, sino por la creciente presión de las provincias por su ahogo fiscal. En este contexto, el Gobierno empezó a estudiar otras posibilidades de auxilio a las provincias. Por un lado se habla de aceptar la coparticipación del Impuesto al Cheque, pero no en su totalidad como reclama la oposición sino en un 50 por ciento. Representaría aproximadamente 4500 millones de pesos más de lo que reciben en la actualidad. Otra opción es liberar Adelantos del Tesoro Nacional. El pampeano Carlos Verna (foto) presentó esta semana una iniciativa para distribuir unos 9000 millones de pesos de ATN.
Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba habían hecho punta en los reclamos por una mayor proporción de fondos entre los que percibe la Administración Nacional por la recaudación impositiva. Pero en las últimas semanas se sumaron con fuerza los mandatarios de Mendoza y Misiones buscando hacer presión en el mismo sentido.
La recaudación proyectada para el año por el impuesto al cheque asciende a los 23.500 millones de pesos. Sobre ese total, les corresponderían a las provincias alrededor de 3500 millones de pesos (el 15 por ciento), de acuerdo con los parámetros actuales establecidos por ley. Si bien la oposición fracasó esta semana en su intento de aprobar la incorporación de este impuesto a las normas generales de la Ley de Coparticipación federal, insistirá con esta iniciativa la semana que viene. La oposición pretende quedarse con el 54,66 por ciento, aproximadamente 10.000 millones de pesos más de lo que ya recibirá este año, que se distribuiría entre las provincias de acuerdo con la ley de coparticipación.
El Gobierno, además de la posibilidad de vetar este proyecto en caso de ser aprobado, comenzó a pensar en otras alternativas, siempre sobre la base de conseguir los recursos del Fondea. “Se pensó la posibilidad de coparticipar parte del impuesto al cheque, que en vez del 100 por ciento se redistribuya la mitad”, afirmó a Página/12 una alta fuente del FpV en el Senado. “De conseguir los 4382 millones de dólares del Fondea, el Estado podría ceder 5000 millones de pesos más a las provincias y el saldo para el Tesoro seguiría siendo positivo”, agregó.
Pero este esquema no resulta tan sencillo, al menos desde la óptica de otros dirigentes del oficialismo. Si bien Kirchner afirmó que el PJ avanzaría en una nueva Ley de Coparticipación, no sería en lo inmediato. De ahí que las opciones que se están buscando sean “para el mientras tanto”. Una nueva ley requeriría un acuerdo integral entre todos los gobernadores –ya que se deberían negociar nuevamente los porcentajes para cada jurisdicción–, pudiendo derivar en una gran encerrona tanto para el Ejecutivo como para las provincias.
Ante esto, la otra opción que se escucha en la Casa Rosada es la de distribuir más fondos a través de los ATN. El pampeano Carlos Verna y su colega María Higonet presentaron en la Cámara alta una iniciativa para distribuir 9000 millones de pesos de ATN retenidos. Verna preside la Comisión de Coparticipación y es autor de un proyecto de ley para conseguir la aprobación del Fondea, con la venia del Ejecutivo.
Las distintas opciones que se manejan para auxiliar a las provincias –una mayor coparticipación del impuesto al cheque, o una mejor distribución de los ATN– están sujetas al Fondea. En caso de que el Congreso rechace el uso de las reservas y logre imponer la coparticipación total del impuesto al cheque (para el Estado sería una pérdida global de 26.000 millones de pesos), desde el Ejecutivo advierten que se pondrían en riesgo transferencias que se otorgan, por ejemplo, a partir del Fondo Solidario de la Soja (sobre los ingresos por retenciones) o el Programa de Asistencia Financiera, un instrumento que beneficia a catorce provincias en 9500 millones de pesos.
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