Primera noticia: discuten cómo proteger a consumidores y ahorristas frente al abuso de los bancos.

Segunda noticia: el Ejecutivo y los senadores más oficialistas le están buscando la vuelta al problema de gobernar con buena parte del Senado que actúa como custodia del dogma conservador.

Adivinanza: ¿de qué país son las noticias?

Respuesta: de los Estados Unidos.

Todo surgió por una iniciativa de Christopher Dodd, el presidente de la Comisión de Bancos del Senado norteamericano, demócrata por Connecticut, hombre clave del presidente Barack Obama en la Cámara alta, congresista de 1974, cuando tenía 30 años, y un firme opositor a las dictaduras latinoamericanas.

Por lo pronto, el nombre completo del organismo es Comisión de Bancos, Vivienda y Cuestiones Urbanas.

Dodd está trabajando en un paquete para restaurar la estabilidad financiera en los Estados Unidos. Sin embargo, los objetivos que se propone no son financieros. En la introducción a su proyecto pone un punto inicial, que es el colapso de la firma Bear Stearns dos años atrás. Es el símbolo de lo que llama “la peor crisis financiera desde la Gran Depresión” de los años ’30. Desde entonces, según Dodd, millones de personas perdieron sus empleos, los Estados Unidos sufrieron la crisis de vivienda y se evaporaron los ahorros de la gente. Como la matriz de esa crisis está en el sector financiero, el senador se propone “restaurar la responsabilidad y la posibilidad de controlar nuestro sistema financiero para dar a los (norte) americanos la confianza en que existe un sistema que funciona y los protege”. El propósito es un cimiento sano que permita “el crecimiento de la economía y la creación de empleos”.

El senador afirma que quiere evitar ambigüedades legales y exotismos en sectores como los mercados a futuro y zonas donde los arreglos financieros son de teléfono a teléfono, sin la observación de nadie. También se aplica a la letra chica de hipotecas y hedge funds, los fondos de inversión tradicionalmente opacos. Con el nuevo régimen esos fondos entrarían dentro de un sistema transparente y regulado, que entre otras cosas evaluaría el riesgo que suponen sus operaciones. En cuanto a las empresas que venden títulos hipotecarios en el mercado, grandes protagonistas de la explosión de la burbuja en el 2008 y 2009, estarán obligadas a asumir explícitamente un porcentaje del riesgo de la operación. Antes hacían de simples intermediarios y sólo trasladaban el negocio sin ninguna responsabilidad propia.

Obama ya envió al Congreso el paquete regulatorio. La Cámara de Representantes (diputados) lo aprobó el año pasado pero el Senado la frena. Desde principios del siglo XX, y notoriamente en la década de 1930, el Senado fue siempre más sensible a los intereses de los grandes bancos y firmas de inversión.

Una de las propuestas concretas de Dodd es crear la Oficina de Protección del Consumidor Financiero. Funcionaría en la Reserva Federal (el Banco Central de los Estados Unidos, FED en su sigla en inglés). Tendría un director independiente, propuesto por el presidente y confirmado por el Senado.

Otra es un Consejo para el Examen de la Estabilidad Financiera que deberá ocuparse de los riesgos sistemáticos que entraña la actividad de las instituciones financieras de gran porte. “En una economía global interconectada, es fácil que los problemas de algunos terminen siendo los problemas de todos”, dice el documento de Dodd. “Las fallas que produjeron la caída de grandes instituciones financieras el año pasado también devastaron la seguridad económica de millones de americanos que no hicieron nada equivocado y en una noche se les escaparon sus empleos, sus casas y sus jubilaciones”, explica.

Cada decisión implica millones de dólares en danza y en los Estados Unidos el juego de intereses cruza la política de manera bastante descarnada.

En realidad, la Oficina de Protección al Consumidor Financiero fue concebida por Obama para ser creada fuera de la Fed.

Los más conservadores del Senado rechazaron la idea: dijeron que sólo consentirían la oficina si se colocaba dentro de la Fed.

Así surgió en Dodd la idea de que el nombre sea propuesto por el presidente, de modo que haya una instancia democrática más, porque también el jefe de la Fed es elegido de esa manera. Si para juntar más votos el lugar de acción de la nueva oficina debe ser la Fed, que haya un procedimiento especial, razonó. Para Dodd, la clave es que no se repita el pasado. Es que en 1994 la Fed fue autorizada para frenar las hipotecas-basura. “Pero no hizo nada para evitar la catástrofe cuando el mercado de las hipotecas se vino al piso”, recordó Dodd.

Dodd revivió un capítulo clave del debate en el Senado, la cámara que en los años ’30 Franklin Delano Roosevelt debió batir para que su país no sucumbiera. Entre argumentos y matices, la disputa de fondo está clara. No se discute ya si la Reserva Federal debe ser el feudo presuntamente soberano que los más conservadores añoran. Eso significaría continuar con una banca central sensible ante las grandes organizaciones financieras e impermeable ante los consumidores. El objetivo es aumentar su poder regulador. Y la cuestión ya no es el qué sino el cómo.