Los monotributistas y muchos autónomos de regímenes especiales que hacen rigurosamente su aporte mensual a la Administración Federal de Ingresos Públicos corren el riesgo de quedarse sin ningún servicio de salud a pesar de ser cumplidores. Sus 20 pesos mensuales de contribución para esta última cobertura están lejos de cubrir el mínimo fijado por el Estado para que la obra social que los albergue les pueda garantizar el Programa Médico Obligatorio. Para subsanar el problema, el Ministerio de Salud impulsa un proyecto que transformaría aquella cuota fija en una proporcional al ingreso de los trabajadores independientes, con la esperanza de que así subirá. Al mismo tiempo, busca abaratar el PMO, excluyendo de él las prácticas más onerosas.
Una parte del aporte de monotributistas y autónomos, como trabajadores rurales o domésticos, se deriva a alguna obra social sindical que ese beneficiario haya elegido de entre un listado que pone a su disposición la AFIP: la bancaria, gastronómicos, la de Fedecámaras, viajantes u Obras Sanitarias, entre ellas. El problema es que mientras esa contribución alcanza a 20 pesos, el aporte indispensable para tener una cobertura mínima, según un decreto del propio Gobierno, asciende a 47 pesos.
Este desbalance se repite con muchos trabajadores en relación de dependencia. Pero en estos casos una parte de su propio aporte y el que hace su empleador al sistema de salud se destina al Fondo Solidario de Redistribución, del que sus obras sociales reciben una compensación. Los 33 millones de pesos mensuales que administra esta entidad pública sirven para cubrir aquella brecha por las contribuciones más modestas y para pagar las prestaciones de alta complejidad.
Pero como los monotributistas no están integrados a ese Fondo, no hay quien compense a su obra social por lo magro de su aporte ni entidad que le reintegre el costo de una práctica compleja. Esto, según admiten desde el Gobierno, terminará excluyendo del sistema de salud a los trabajadores independientes de menores ingresos. O, según los casos, precipitando el quiebre de la entidad que los afilió, si ésta decidiera asumir como un sobrecosto propio la cobertura íntegra.
Esta situación dio lugar a un debate en el seno del Gobierno, donde se manifiestan criterios diferentes. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el problema se origina en la supuestamente caprichosa negativa del Fondo Redistribuidor de desembolsar los 27 pesos faltantes para el PMO. El superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, carga contra el propio diseño del sistema de monotributo y otros equivalentes. “Es una barbaridad técnica que con un aporte bajo se pretenda garantizar a los beneficiarios salud y jubilación. Contraría las leyes del seguro”, se quejó ante Página/12.
Con este criterio, el Ministerio de Salud promueve un proyecto de ley que transforme el aporte fijo en uno proporcional al ingreso que tenga cada monotributista, con la esperanza de que esto entrañe una suba. Uno de los desafíos de la iniciativa es encontrar un sistema eficaz y justo para mensurar la recaudación de los independientes. Otro, conseguir que efectivamente el monotributo –único gravamen con el que se cubre el aporte a salud, jubilatorio y Ganancias– se pague, ya que el nivel de evasión actual es escandalosamente alto.
Otra iniciativa complementaria –pero que abarca a todo el universo de beneficiarios del sistema de salud– es la reformulación del Programa Médico Obligatorio, con el objeto de abaratarlo. El ministerio de Ginés González García analiza excluir muchas prácticas que podrían ser reemplazadas por otras igualmente eficaces, pero más económicas.
Por el principio del “costo de efectividad”, el PMO no pagará más el espec cerebral, de 1200 pesos, que sirve para diagnosticar el mal de Alzheimer, cuando esta enfermedad, presuntamente, puede ser detectada con una entrevista. Con el mismo criterio, el cáncer de próstata podrá seridentificado con un análisis de laboratorio y sólo el beneficiario de un régimen de salud más caro tendrá acceso a una biopsia.