El Gobierno sigue preparando el anuncio de un aumento de la suma fija no remunerativa que se paga a los trabajadores bajo convenio. De los 100 pesos actuales se pasará a 130 durante enero, febrero y marzo, y a 150 durante abril, mayo y junio. La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, encabezó ayer una nueva reunión con empresarios y sindicalistas. A su término, anticipó que los participantes de esa mesa de negociación aceptaron firmar mañana el convenio que establece el ajuste en las remuneraciones. “Todos los sectores están de acuerdo en que la suma que se acuerde y se dicte mediante un decreto de necesidad y urgencia es absolutamente legítima y equitativa”, enfatizó la viceministra, Noemí Rial. Sin embargo, la Cámara de Comercio expresó su rechazo al aumento e incluso reclamó una disminución de 100 a 50 pesos.
La insistencia oficial respecto de que los empresarios convalidan el incremento contrasta con las declaraciones de los representantes de algunas cámaras. “La CGE manifiesta su preocupación ante el inminente anuncio de una prórroga del pago de 100 pesos y su incremento a partir de enero”, declaró, por ejemplo, esa entidad. Los empresarios presionarán hasta último momento para evitar que el Poder Ejecutivo dicte el decreto. Pero en la cartera laboral sostienen que la medida ya es decisión tomada y que el anuncio formal lo harán Eduardo Duhalde y Camaño el próximo viernes en Casa Rosada.
El decreto establece la continuidad del pago de la suma fija no remunerativa hasta junio, con los montos mencionados más arriba. El Gobierno no quiso avanzar más allá de esa fecha para permitirle a la próxima administración que fije su propia política. Tal como ocurre hasta el momento, los empleados estatales y los jubilados quedan al margen de la asignación. Roberto Lavagna respaldó a Camaño en su negociación, pero dejó en claro que el Estado carece de recursos para extender el aumento al sector público. Por la misma razón rechazó las propuestas empresarias que pretendían que el pago a sus trabajadores pudiera ser tomado a cuenta de la liquidación de impuestos. “Si la situación fiscal fuese distinta, el aumento lo daría directamente el Estado”, respondió el representante de Economía en la mesa de negociación.
En la cartera laboral afirman que finalmente los empresarios rubricarán el acuerdo. El pago deberá ser en pesos, por lo que no se podrán utilizar cuasimonedas ni ticket canasta, como sugirieron la CAC y CAME. La única alternativa que abrió Rial ayer fue que las compañías que no puedan pagar los 130 ó 150 pesos de una sola vez podrán sentarse a negociar con los representantes gremiales, para establecer una liquidación desdoblada, pero siempre dentro del mes que corresponda.
“Algunos sectores han pedido que el Ministerio de Trabajo actúe de la forma en que lo ha venido haciendo, es decir abriendo puertas de negociación para que aquellos sectores imposibilitados de pagar encuentren, juntamente con los sindicatos, posibles nuevas salidas para el pago”, señaló Rial. Pero el decreto dictaminará que la asignación es obligatoria y que aquellos que no la cumplan serán pasibles de multas de 80 a 1000 pesos por empleado. Según indicaron en esa cartera, en este momento el 90 por ciento de las empresas paga la suma fija y con el resto se buscan opciones para que se pongan al día. En ámbitos empresarios, especialmente en la actividad del comercio, sostienen que las cifras de cumplimiento son muy inferiores.
La CAC propuso ayer rebajar la asignación a 50 pesos y que el Gobierno elimine el IVA para alimentos de primera necesidad y para bebidas. “La ponderación de esos productos en el Indice de Precios al Consumidor es del 32 por ciento”, por lo que la supresión del IVA traería beneficios para los asalariados, incluidos jubilados y empleados públicos, argumentó la entidad. También remarcó que “nos hemos manifestado en contra de cualquier incremento salarial en los términos en los que se ha venido negociando”, y sostuvo que su propuesta “además de involucrar a más trabajadores, constituye un acto de mayor equidad”. Sin embargo, el proyecto fuedesestimado en el Ministerio de Trabajo, adonde se preparan para la firma del decreto.