La asamblea semestral del FMI reactivó el tire y afloje público entre el organismo y el gobierno argentino por la realización de la revisión macroeconómica contemplada en el Artículo IV de su Convenio Constitutivo. El ministro de Economía, Amado Boudou, y la cúpula del Fondo todavía no tuvieron ningún contacto formal, pero el número dos del organismo, John Lipsky, reinsertó el debate en la agenda. Lipsky consideró que el país está obligado a permitir la realización del informe sobre coyuntura y se mostró “esperanzado” ante la posibilidad de normalizar el vínculo en el corto plazo. Aunque no descartó la posibilidad de que el FMI vuelva a efectuar su análisis, la posición del titular del Palacio de Hacienda fue tajante: “No vinimos aquí a buscar una revisión del Artículo IV ni está en la agenda de nuestro viaje”, apuntó Boudou. Al mismo tiempo, reiteró que el país no aceptará condicionamientos en la política económica.

Presentados los principales lineamientos del nuevo canje de deuda para aquellos acreedores que no participaron de la operación en 2005, el FMI busca instalar el Artículo IV como el paso siguiente –y obligado– para normalizar la relación con “los mercados financieros internacionales”. Lipsky sostuvo ayer que Argentina está obligada a realizar la revisión. “Es parte de las obligaciones de nuestros miembros y parte de nuestras obligaciones hacia nuestros miembros”, afirmó el economista estadounidense. A su vez, existen presiones de algunos miembros del G-20 y desde el Club de París para que Argentina avance en ese sentido.

Para Boudou fortalecer el vínculo con el FMI no figura entre los objetivos del viaje a Washington, sin embargo reconoció que la revisión macroeconómica se podrá realizar “mientras se trate de una evaluación técnica, con el volumen de información necesaria”. El principal reclamo de Argentina en la cumbre volverá a ser la necesidad de avanzar en una reforma del organismo multilateral que reconozca a los países periféricos una mayor participación en la toma de decisiones y el fin de la imposición de recetas contractivas al momento de otorgar sus créditos.

Precisamente, ésa fue la posición que expresó la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, durante la reunión que mantuvo ayer con su par norteamericano, Ben Bernanke. En el encuentro, el primero en cinco años entre un presidente del Central y el responsable de la FED, Marcó del Pont planteó la necesidad de que el FMI otorgue créditos sin condicionalidades a los países emergentes.

En tanto, el subdirector gerente del FMI consideró que “tenemos muchas esperanzas de continuar progresando. Hemos mantenido contactos con las autoridades argentinas. Esperamos que en un tiempo razonable podamos acordar la planificación de un nuevo Artículo IV”. A pesar del optimismo de Lipsky, cerca del ministro de Economía aseguraron que desde octubre del año pasado –cuando Boudou se encontró con el titular del Fondo en Estambul– no existieron nuevos contactos para normalizar el vínculo. La última revisión efectuada fue en 2006, desde entonces el Gobierno ha pospuesto el desembarco de una misión del organismo financiero internacional.

“El vínculo entre Argentina y el FMI no arranca en 2003, se remonta a Martínez de Hoz en la dictadura de 1976. Hay ministros que han llevado adelante políticas erradas argumentando que eso era una imposición del Fondo. Otras veces, fue el organismo el que impulsó esas políticas en contra del país. Todo eso generó un deterioro en la relación”, explicó Boudou. El funcionario advirtió que “es en este contexto en que hay que ver la revisión de la economía, qué implica la aplicación del Artículo IV del FMI”, dijo el titular del Palacio de Hacienda. “Este Gobierno no va a aceptar ningún condicionamiento de política económica”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

En 2005, en uno de los últimos informes sobre Argentina realizados por una misión del FMI, el staff del organismo propuso elevar las tasas de interés, apreciar el tipo de cambio y frenar el gasto público para controlar la inflación.