La senadora formoseña Adriana Bortolozzi volvió a convertirse ayer en la sorpresa de la Cámara alta, cuando presentó un proyecto para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, prologado por duras críticas al Gobierno. Después de haber desbaratado la semana pasada la estrategia de su propio bloque (Frente para la Victoria) de no dar quórum en votaciones adversas al oficialismo, Bortolozzi presentó ahora una iniciativa que contempla extender de uno a diez años el “irrazonable” plazo para la desinversión de los medios oligopólicos, requerir el acuerdo del Senado para designar los siete directores de la nueva Autoridad de Aplicación y “remover todas las barreras artificiales que afecten la oferta de servicios”, entre otras cosas.

Según la senadora, su objetivo es “dejar lo que está bien y corregir lo que está mal de la ley de medios”, para no dejar a la Justicia “con la papa caliente”. Así, por iniciativa de un legislador oficialista, se instaló en la agenda parlamentaria un tema que los opositores habían prometido encarar tras la sanción de la ley, pero que abandonaron por otras prioridades.

Bortolozzi difundió su proyecto con un texto previo sorpresivamente titulado: “Tribulaciones de Adriana Bortolozzi ante la espantosa bruja que se robó dos bebés para cocinarlos en el caldero”. Al final del texto se logra comprender que la senadora alude irónicamente como “bruja” a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, de quien se sospecha que se apropió de dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Pero lo hace en tono de parodia: “Estoy con propósito de enmienda para que el que tiene la voz más fuerte no haga creer a la gente inocente que todo se trata de castigar a la temible bruja que, a pesar de ser inmensamente rica, robó dos bebitos para prepararse una cazuela”. La senadora concluye: “Por malo que eso sea, en realidad no se trata de eso”.

Al comenzar su prólogo, Bortolozzi se arrepiente de haber votado a favor la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Ahora me pregunto: ¿medios para qué fines? ¿Para reclutar buenos y obedientes periodistas y decirles qué decir? ¿Para indicar desde el palco a los periodistas que se portan mal?”, cuestionó la senadora y respondió: “Yo creía que eran medios para salir de la ley del Proceso. Creía que eran medios para repartir algo de la voz concentrada en una empresa enlatadora de palabras y partirla entre los que no tienen verbo”.

Además, cuestionó el programa Fútbol para Todos. Para la legisladora no se ayuda a la gente a expresarse, “a ver fútbol sí, pero sólo a gritar ante el televisor, no a cantar las cuarenta desde un medio”. Por último, consideró “alarmante” que tampoco la presidenta Cristina Fernández pueda comunicarse con la sociedad “porque con esos medios no le creerán”. “Eso es muy destituyente, desvalorizar la palabra de la primera mandataria.”

El proyecto en sí, fechado el 17 de marzo pero difundido hoy, propone modificar los artículos 14, 30, 31, 32, 45 y 161 y elimina los actuales 46 y 158 de la ley. Entre lo más destacado se encuentra el controvertido artículo 161, que establece el plazo de un año para desprenderse de los medios de comunicación que excedan el máximo establecido por la ley. Según la propuesta, el plazo se extendería hasta diez años desde la entrada en vigencia de la misma. Otro punto saliente sería la incorporación del requisito de acuerdo del Senado para la designación de los siete miembros del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Además, propone eliminar el límite de prestar servicios de comunicación a más del 35 por ciento del total nacional de habitantes o abonados, según corresponda. También, quitar el requisito de que las empresas propietarias de medios tengan como fin único y exclusivo la prestación y explotación de servicios de comunicación. Por último, proyecta eliminar la adjudicación por parte el Ejecutivo nacional, previo concurso, de las licencias para servicios de comunicación audiovisual abierta cuya área primaria de servicio supere los cincuenta (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de 500 mil habitantes. En ese y en todos los casos, serían adjudicadas por la Autoridad de Aplicación, mediante concurso público abierto y permanente.