Funcionarios del Organo Nacional de Bienes del Estado (Onabe) llegaron ayer acompañados de un escribano hasta la sede de la Sociedad Rural, en Florida 460, para notificar a la entidad que preside Hugo Biolcati que dispone de quince días corridos a partir de hoy para pagar 119.142.807 pesos del saldo pendiente por la compra del Predio Ferial de Palermo. De no hacerlo, quedaría habilitada la vía judicial para que la Nación reclame esa obligación ignorada desde poco antes del colapso de 2001. En virtud de un contrato privado, la carga recaería finalmente sobre Ogden, empresa del diputado Francisco de Narváez.

La suma surge del recálculo de la deuda defaulteada que hicieron los técnicos oficiales al 6 de abril pasado. Pero como el contrato de venta del predio ferial contempla punitorios diarios por mora, aquella cifra se va engrosando permanentemente. El importe tomado como base ha sido el saldo de precio que quedó pendiente cuando la Sociedad Rural dejó de pagar las cuotas comprometidas en septiembre de 2001, monto que fue luego pesificado.

La intimación formalizada ayer se realizó bajo algunas condiciones particulares. Una de ellas es que el Estado se reservó el derecho a reajustar el valor si en virtud de una tasación surge que el precio de la propiedad es superior a los 30 millones de dólares que se fijaron originalmente como valor de venta. Pero el reclamo a los ruralistas también se realizó sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en la causa penal que se tramita por la presunta venta a precio vil del espacio de Palermo. Aquel valor está hoy bajo la lupa de la Justicia que investiga la responsabilidad en esa operación de Carlos Menem y Domingo Cavallo.

El terreno, ubicado en un atractivo lugar de la Capital Federal, fue privatizado en 1992, después de una fuerte discusión que tuvo lugar en la sede ruralista, que por entonces disponía de una concesión de uso del bien. Primero, gratuita. Luego, onerosa. Pero aun así, había socios que no querían aprobar el contrato, porque dudaban de las ventajas de asumir un compromiso de aquella envergadura.

Las polémicas se multiplicaron hasta hoy. Poco antes del estallido de la convertibilidad, la SR ya había planteado dificultades para honrar su deuda. Tras la devaluación, exigió la pesificación del saldo e hizo algunas propuestas de pago sobre esa base, la última en 2004. Pero los 12 millones de pesos que llegaron a proponer pagar entonces los dirigentes de esa sede patronal no satisficieron a los técnicos estatales. El expediente estuvo aletargado en las oficinas del Onabe, que recién ahora despachó la intimación con respaldo de la Sigen. Este recurso sirve para agotar la vía administrativa, donde el trámite ha sido por demás lento. Pero aún falta para cantar victoria, ya que es factible que los deudores objeten la liquidación, negando que aquél sea el importe correcto de su deuda. Un argumento procesal previsible.

La explotación comercial del predio fue concesionada a Ogden, empresa de De Narváez. En virtud de ese acuerdo privado, es esta firma la que debería afrontar el pago, aunque no es ésta a la que el Estado exige que regularice la situación. Otro dato a tener en cuenta es que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, envió un proyecto a la Legislatura que plantea cambiarles los usos a los terrenos de Palermo, habilitando nuevas prestaciones y, por consiguiente, empujando hacia arriba su valor.