La Papelera Quilmes, ex Massuh, interrumpió su producción el lunes y su continuidad está en riesgo. La empresa había sido recuperada por los trabajadores hace un año, con el apoyo del Gobierno, luego de que el ex titular de la UIA, Héctor Massuh, declarara la cesación de pago. Sin embargo, nunca pudo remontar la situación y la reciente quiebra del grupo Massuh la dejó en la cuerda floja, ya que las instalaciones forman parte de los bienes a liquidar. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien el año pasado se había hecho cargo personalmente de la gestión de la papelera para recuperarla, a partir de la creación de un fideicomiso del Banco Nación, evitó hacer declaraciones, pero los trabajadores afirman que el representante del fideicomiso, Fernando López, se presentó en la fábrica y les dijo que la empresa cerrará sus puertas. Por ese motivo, anoche permanecían en las instalaciones para resistir.

El secretario general del Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, Blas Juan Alari, confirmó que los obreros están en la fábrica para preservar su fuente de trabajo y evitar que se apague la caldera, pero aseguró que “la planta no está tomada”. El gremialista consideró “lamentable” que el gobierno nacional haya adoptado la decisión de frenar la producción y aseguró que el propio Moreno le solicitó al sindicato una lista de cien personas para darlos de baja, bajo la modalidad de “retiro voluntario”. Pese a la polémica generada por la situación de la empresa, ni desde la Secretaría de Comercio Interior ni de otra dependencia oficial se informó nada respecto de la situación de la papelera.

“Lamento que haya sido el Gobierno el que haya hecho esto”, afirmó el dirigente sindical, quien insistió en la necesidad de que “continúe” el fideicomiso armado por Moreno para administrar la fábrica, después que Massuh fuera desplazado, luego de que la empresa se declarara en cesación de pagos y surgieran varios cuestionamientos por un supuesto vaciamiento de la compañía, que recibió millones de dólares de créditos públicos, los cuales aparentemente se “esfumaron”.

La papelera entró en conflicto en enero de 2009, con deudas que llegaban a los 250 millones de pesos, la mitad con los bancos Nación y Provincia. En mayo intervino el Gobierno, quien alquiló la planta por tres años con la intención de mantener los entonces seiscientos puestos de trabajo, pero finalmente la situación no pudo revertirse.