Producción: Tomás Lukin

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Precios relativos y puja

Por Eduardo Crespo *

Con pocas excepciones, el debate sobre la inflación en Argentina está monopolizado por el pensamiento ortodoxo. Para esta visión, la inflación responde a un exceso de demanda en el mercado de bienes, el cual refleja un exceso de demanda de recursos. En otras palabras, la presencia de inflación indicaría que los recursos se encuentran plenamente ocupados y la demanda estaría creciendo en exceso en relación con los mismos. Una versión aun más ideologizada de este argumento, y muy común en Argentina, es aquella que explica la inflación sólo por el aumento del gasto público. En la historia inflacionaria de Argentina estos argumentos han resultado ser demasiado frágiles, ya que los episodios inflacionarios rara vez han coincidido con períodos de alto crecimiento económico. Hemos sufrido varios procesos de alta inflación con una economía estancada o en recesión. Incluso si analizamos el período 2006-2008, tampoco en esta etapa se observan indicios de escasez de recursos o de un sistemático y persistente exceso de demanda. Pese a ello, muchos analistas llegaron a argumentar que hubiera sido suficiente una leve desaceleración en el nivel de actividad para que la inflación cediera. Pero la crisis internacional acabó demoliendo estos augurios, ya que la tasa de crecimiento pasó a ser negativa y la inflación se mantuvo, según distintas fuentes, en el orden del 15 por ciento anual.

Una versión progresista de este punto de vista es aquella según la cual la inversión sería “insuficiente” para atender la demanda. Dicha “insuficiencia” respondería a la baja predisposición al riesgo que caracterizaría al típico empresario argentino “monopolista”. Este, aprovechando su poder “monopólico” (poder que curiosamente no ejerció en los noventa) en lugar de invertir para atender la demanda, preferiría racionarla aumentando los precios. El reverso ortodoxo de este argumento explica la “insuficiente” inversión por la falta de “seguridad jurídica”, la escasa “credibilidad” del Gobierno, etcétera. Sin embargo, basta mirar el grado de utilización de la capacidad productiva para descartar estas hipótesis. La misma se mantiene en niveles normales durante todo el período de análisis y cayó significativamente en 2009. La tasa inversión privada acompañó el crecimiento del producto en forma muy satisfactoria y llegó a alcanzar los niveles más altos de las últimas décadas. Curiosamente, la información referente a la inversión pública y privada de los últimos años, indica que quien no invierte en Argentina es el sector público, no el sector privado. Mientras la inversión privada alcanzó sus mayores niveles históricos, la inversión pública apenas se está recuperando de la caída sufrida al final de los noventa.

Entendemos que la inflación en Argentina responde a dos factores: la puja distributiva y las sucesivas modificaciones de precios relativos que la alimentan. Una suba del nivel de precios puede originarse en cualquier shock: una devaluación, un tarifazo, la suba de precios internacionales de productos transables, etc. Pero para que dicha suba se traduzca en un aumento sistemático y sostenido de precios tiene que existir una incompatibilidad distributiva. Cuando ninguno de los sectores que participan de la distribución del ingreso está dispuesto a absorber el shock inicial de precios, se genera una típica espiral de precios y salarios. Esta espiral suele tener formas complejas y difíciles de seguir en detalle. El motivo es que todo proceso inflacionario suele ir acompañado de modificaciones en los precios relativos.

Los cambios de precios relativos suelen alterar la rentabilidad relativa de la producción de distintos productos. Pasado un cierto tiempo, lo más probable es que disminuya la oferta de aquellos productos que resultan menos rentables y sus precios terminen subiendo. Un caso que ejemplifica este aumento es la suba del precio de la carne. Si la alta rentabilidad de la soja, por ejemplo, que en gran medida depende de condiciones internacionales, tiende a desplazar otros cultivos y producciones alternativas, lo más probable es que la oferta de estos productos disminuya, y sus precios no dejen de subir hasta tanto su elaboración sea tan rentable como la opción de producir soja.

En este caso, la suba de precios responde a cambios en las rentabilidades relativas que se van transmitiendo a otros sectores alimentando la puja distributiva. Cuando un conjunto de sectores transables, que toma sus precios internacionales como dados, consigue aumentar su rentabilidad, a la larga otros sectores terminan elevando la propia. En este marco, si ocurren aumentos de salarios nominales compensatorios, el tipo de cambio tenderá a apreciarse en el ínterin y habrá renovados pedidos para volver a devaluar y así sucesivamente.

* Profesor de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro.

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Aceleraciones y persistencias

Por Mara Pedrazzoli *

La inflación comenzó a ser un problema a mediados de 2007 cuando se aceleró; léase, se dieron aumentos en el nivel de precios (inflación) y también en su tasa de variación (aceleración inflacionaria). Los primeros meses de 2010 delinean un escenario similar de rebrote inflacionario, que sería menos agudo que el de 2007 pero que parte de una base inflacionaria más elevada.

Esta situación llevó a algunos distinguidos economistas a afirmar que Argentina se encuentra bajo un régimen de alta inflación. ¿Por qué? Porque dicen que la aceleración se explica por el alto nivel de la inflación. ¿De qué manera? Los agentes estarían desarrollando estrategias para cubrirse de la inflación alta que contribuyen a fogonear el aumento de precios. Básicamente estarían surgiendo pautas indexatorias en los contratos, que aceleran la inflación al acortar los períodos de ajuste a un mes o un día, y “remarcaciones por las dudas” que no se basan en la inflación pasada sino en la esperada, que depende de apreciaciones subjetivas (o que a lo sumo miran el último dato de inflación mensual y no anual). Pero lo cierto es que la economía argentina no está indexada –ni la duración de los contratos es tan corta– y que es difícil pensar que puedan darse “remarcaciones por las dudas” en todos los rubros sin que eso implique perder una cuota importante de mercado. La economía no está adaptándose a una alta inflación; no hay cambio de régimen sino problemas de oferta puntuales.

¿De qué depende la aceleración inflacionaria? La principal causa tanto en 2007 como en 2010 fue el continuo aumento del precio de los alimentos. Pero a diferencia de 2007, en los primeros meses de 2010 la inflación en alimentos se explicó, en bastante menor medida, por la inflación importada. Si bien el precio internacional de los alimentos –y de los commodities en general– empezó una nueva fase ascendente luego de la caída experimentada durante la crisis, su ritmo de crecimiento es considerablemente más bajo: 10 por ciento promedio anual desde fines de 2009 versus 32 por ciento entre mediados de 2007 y 2008, según datos del FMI.

El aumento de la inflación en alimentos de este año se debió esencialmente al incremento del precio interno de la carne; que por su parte obedece a un doble problema: la escasez de stock de ganado (consecuencia de la liquidación de vientres que se produjo durante la sequía y del desplazamiento de la frontera bovina ante la mayor rentabilidad relativa del cultivo de soja) y la inelasticidad de la oferta (es decir, la incapacidad de abastecer rápidamente a una mayor demanda debido al límite que imponen los tiempos de reproducción del ganado, pero también como consecuencia de la especulación que suelen practicar los ganaderos al faenar por debajo del peso mínimo cuando el precio de la carne es alto).

¿Cuál es la causa de la alta inflación? La persistencia inflacionaria generada por la puja distributiva. Es decir que las estrategias defensivas de trabajadores y empresarios para evitar la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos ante el aumento de los precios y de los salarios da lugar a una “automatización” del proceso inflacionario, que pasa a explicarse en buena medida por la inflación pasada. En primer lugar cabe notar que esos aumentos de precios y salarios responden a incrementos de otros costos de la economía; a saber: los alimentos en especial, los insumos importados (que suben producto de la devaluación nominal y siguiendo la tendencia global) y la energía y los combustibles (en línea con la inflación importada), entre los más relevantes. En segundo lugar advertimos que la puja distributiva no pudo haber causado la aceleración inflacionaria ya que, por un lado, los salarios reales cayeron a comienzos de 2007 y desde fines de 2009, y por el otro, es dudoso pensar en incrementos sostenidos de los márgenes de los empresarios que puedan explicar continuos saltos en la inflación. En materia salarial, vale recordar que las paritarias en 2007 cerraron en torno del 20 por ciento mientras la inflación, según distintas mediciones privadas, superó esa pauta. Este año se prevén acuerdos nominales cercanos al 22 por ciento y una inflación levemente superior.

Finalmente ¿qué hacer? Ante esta situación difícilmente pueda el Gobierno implementar un plan antiinflacionario heterodoxo para coordinar aumentos de salarios y precios porque implicaría reconocer que hay inflación y que el Indec no la mide. Por el mismo motivo tampoco podría aplicar un programa ortodoxo basado en metas de inflación. Aparecen en principio dos alternativas para atacar una inflación de oferta. Por el lado de la estructura, es fundamental desarrollar políticas sectoriales para equiparar las rentabilidades relativas dentro del sector agropecuario y garantizar el abastecimiento de alimentos al mercado interno. Por el lado del tipo de cambio, es importante bajar los costos de algunos insumos estratégicos para la industria.

* Economista de AEDA y Generación Política Sur.