ECONOMíA › LOS EMBAJADORES DE LA UNIóN EUROPEA ADELANTARON SU RECHAZO A LA POSIBLE RESTRICCIóN DE IMPORTACIONES
Los legisladores de todos los bloques –incluido el oficialista Ruperto Godoy– apoyaron el reclamo. El embajador portugués Joaquim Ferreira Marques adelantó que si se concreta la medida “habrá reciprocidad de los países afectados”.
Los embajadores de la Unión Europea, junto con legisladores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, manifestaron su rechazo a una eventual restricción a la entrada de alimentos importados que compitan con la industria nacional. El encuentro en Diputados estaba pautado hace varios meses, pero sirvió para que los diplomáticos descarguen su malestar. El titular de la comisión, el peronista Alfredo Atanasof, indicó a Página/12 que “en general, fueron prudentes. Descartaron ir a la OMC, pero pidieron que el Gobierno les diga si la traba se va a efectivizar, puesto que por ahora son sólo trascendidos”. El rechazo más enérgico fue del portugués Joaquim Ferreira Marques, que descargó su bronca diciendo que si se concreta la medida “habrá reciprocidad de los países afectados”. En tanto, el embajador de España, Rafael Estrella, puso paños fríos y citó a la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien había asegurado que “van a estar disponibles los alimentos que demande el mercado”.
En tanto, los legisladores de todos los bloques –incluido el oficialista Ruperto Godoy– apoyaron los planteos de los europeos. “No es la medida adecuada para cuidar la industria”, coincidieron. Los diputados opositores de la Coalición Cívica, la UCR y el peronismo disidente apoyaron el envión y adelantaron que, si las restricciones se plasman en alguna norma, “el Parlamento estaría dispuesto a analizarla y actuar en sentido contrario”.
La medida impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, busca trabar las importaciones de alimentos que compitan con la industria nacional. Para implementarla, Moreno se reunió con los directivos de las más importantes cadenas de comercialización, instándolos a no adquirir este tipo de artículos.
Según comentaron los empresarios supermercadistas, podrán liquidar el stock acumulado en el puerto y en las góndolas, pero a partir del 1º de junio la idea es que comience a tener efecto la restricción, que obtuvo el apoyo público de la presidenta Cristina Fernández en un encuentro con gremialistas de la CGT en la Casa Rosada y del ministro de Economía, Amado Boudou. Los principales socios comerciales afectados son la UE y Brasil, que hicieron público su malestar.
La medida no tiene un carácter formal, sino que, como es usual en Comercio Interior, se tramita “de palabra”. Más allá de las críticas y eventualmente alguna represalia comercial, la decisión de controlar las importaciones por esta vía desnuda las falencias del entramado institucional en el que está inmersa la Argentina en materia comercial.
La pertenencia del país a la OMC, por un lado, y la existencia del arancel común con el Mercosur, por otro, limitan mucho la capacidad de hacer política comercial. Por otra parte, las medidas paraarancelarias, como las licencias no automáticas de importación o los antidumping, requieren de tramitaciones burocráticas que alargan la implementación, y además las lleva a cabo la cartera de Industria, cuya titular Débora Giorgi le da la espalda a la política de Moreno.
Esto se inserta en un panorama internacional complejo, con el euro depreciándose, lo que vuelve más competitiva a la subsidiada industria alimenticia europea, pero además restringe el mercado del Viejo Continente para Brasil, que podría derivar parte de sus ventas hacia la Argentina. Además, está la presión inflacionaria que impide mejorar la competitividad por vía cambiaria. Este conjunto de falencias estructurales y complicaciones coyunturales pueden explicar el camino que lleva adelante Moreno para controlar las compras externas de alimentos.
Sin embargo, los especialistas sospechan que el perjuicio derivado de esta medida, a partir de quejas o represalias externas, puede ser mayor que los beneficios para los industriales locales. Sobre todo porque se está afectando una porción muy minoritaria de las importaciones –alrededor del uno por ciento– a cambio de diversos problemas diplomáticos.
La próxima cita internacional en el plano comercial es el 18 de mayo, nada menos que en el relanzamiento de las negociaciones entre el Mercosur y la UE, congeladas desde 2004. La presidenta Cristina Fernández irá en calidad de titular pro-témpore del bloque sudamericano. Allí se podrá analizar qué efecto concreto puede tener la política comercial.
Informe: Javier Lewkowicz.
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