El ajuste fiscal continúa ganando adeptos en la Eurozona. Para no perderles el paso a sus vecinos mediterráneos y con la mirada puesta en la reacción del capital financiero, Portugal anunció una nueva serie de medidas que pretenden reducir el nivel de déficit público. En términos relativos, el paquete portugués aparenta menos violento que el recorte de gastos anunciado por España y Grecia. Sin embargo, los anuncios se suman a un fuerte plan de austeridad anunciado en marzo y acelerado en abril ante la presión del sector financiero, el Fondo Monetario Internacional y los países más poderosos de la región. En esta oportunidad, el gobierno decidió incrementar el IVA, reducir el salario de funcionarios públicos en cargos políticos y subir el impuesto a las Ganancias para grandes empresas y sectores de altos ingresos. Por su parte, las centrales de trabajadores españolas convocaron a un paro general en respuesta a la profundización del ajuste dispuesto por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno portugués espera una respuesta similar.

“Estas medidas complementarias son fundamentales para defender nuestra economía, garantizar su financiamiento y reforzar nuestra credibilidad en los mercados internacionales, así como para defender a Europa y la zona euro”, anunció el primer ministro de ese país, José Sócrates. Aunque las iniciativas de ayer no tengan la magnitud de los recortes presentados por España, las autoridades de Portugal buscan mantener el ritmo en el anuncio de ajustes para no desentonar con el resto de la región y quedar envueltos en un ataque especulativo.

Aunque la evidencia histórica demuestra que ese tipo de políticas exacerban la contracción en el nivel de actividad y profundizan el desempleo, el gobierno sostiene que el nuevo plan permitirá una reducción extra de 2100 millones de euros del déficit público. El nuevo paquete, que contó con el visto bueno de un sector de la oposición, contempla:

- Recorte del 5 por ciento en los salarios de los ministros, diputados, alcaldes, gestores públicos, reguladores y el presidente del Banco Central.

- Suba del nivel general del IVA, del 20 al 21 por ciento.

- Creación de un impuesto “al rendimiento de las personas físicas” del uno por ciento para quienes cobren salarios de hasta 2375 euros y del 1,5 por ciento para las remuneraciones que superen esa pauta.

- El impuesto a las Ganancias de empresas que facturen por encima de los dos millones de euros pasará de 25 a 27,5 por ciento.

Ayer algunos especialistas se apresuraron a remarcar la progresividad de algunas iniciativas; sin embargo las nuevas medidas del gobierno socialista portugués complementan un conjunto de drásticos ajustes anunciados dos meses atrás. El paquete inicial incluye el congelamiento de los salarios en el sector público, la eliminación de puestos de trabajo en la administración, contempla la reducción de la inversión pública, privatizaciones, aumento del impuesto a la renta y disminución en los niveles de protección social.

La aplicación de esas drásticas medidas se aceleró en abril luego de que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s rebajara la calificación de la deuda pública desde AA- a A+. La explicación de la empresa fue que “las medidas de reforma estructural son insuficientes”. En el mismo sentido se expresó la Comisión Europea y el FMI, quienes reclamaron “un mayor esfuerzo”. Con el desempleo alrededor del 10 por ciento y la economía estancada, las autoridades sostienen que con la austeridad lograrán reducir el déficit del 9,3 del PIB al 2,8 por ciento en 2013 disipando así cualquier problema de solvencia, y estimularán levemente el nivel de actividad.

“Habrá tensiones sociales, pero tenemos que avanzar con este plan de ajuste”, apuntó el ministro de Finanzas, Fernando Texeira dos Santos. En España, las principales centrales de trabajadores convocaron a una huelga general para el 2 de junio tras reunirse con el presidente del gobierno. Los sindicatos cuestionan la efectividad del severo recorte presupuestario anunciado por Zapatero y advierten que impulsará el desempleo por encima del 20 por ciento actual.

En tanto, la mirada del mundo financiero mantiene un ojo sobre Grecia. El informe elaborado por el staff del FMI para aprobar parte del paquete de ayuda advierte que “los riesgos a los que se enfrenta el programa son altos. El ajuste necesario no tiene precedentes y llevará tiempo. Cualquier choque no previsto podría suponer una carga para la economía y el sistema bancario, incluso si el programa fiscal va por buen camino”. A pesar del plan de rescate por 750 mil millones de euros y la posibilidad de que Banco Central Europeo compre bonos de deuda pública, el FMI admite el “indudablemente alto” peligro de que el paquete de asistencia desarrollado por sus funcionarios para la economía griega no logre solucionar los problemas de solvencia. Sin embargo, entienden que la salida no es reestructurar la deuda de ese país, sino insistir por ese frustrado camino para frenar el “contagio” a otras naciones.