Producción: Tomás Lukin

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Los desafíos de la igualdad

Por Héctor Palomino *

En el nuevo y complejo escenario social de Argentina se destacan los cambios en curso en el mundo del trabajo asalariado. Entre ellos, el incremento del número y peso relativo de los asalariados entre los trabajadores ocupados, las modificaciones de su composición, el aumento progresivo de los salarios y su impacto en la disminución de las desigualdades de ingresos.

Estos cambios se relacionan estrechamente con las tendencias de crecimiento de la economía, el empleo y los salarios desde la salida de la crisis de 2001-2002. Pero también se vinculan con el marco institucional de esas transformaciones, que permite comprender su incidencia política, social y cultural. Si bien los impactos políticos son conocidos, en particular la recomposición organizativa y el poder creciente de los sindicatos, menor atención han recibido los impactos sociales y culturales.

Los asalariados constituyen actualmente el 76 por ciento de los ocupados urbanos, la tasa más elevada alcanzada históricamente por esta categoría, mayor incluso a la registrada en 1974, cuando alcanzaba el 74 por ciento. Casi dos tercios de estos asalariados están registrados por sus empleadores en el sistema de seguridad social e integran, por lo tanto, la base social sobre la cual los sindicatos nutren su afiliación y ejercen su representación. De allí que los sindicatos hayan incrementando paulatinamente la cantidad de sus afiliados en los últimos años, al ritmo de la incorporación de los asalariados registrados en el empleo.

La determinación de los salarios a través de la negociación colectiva, un proceso impulsado por el Estado, fue extendiéndose a partir de 2004 y alcanzó en 2009 a casi un millar y medio de acuerdos y convenios entre empleadores y sindicatos, que involucran una cobertura también creciente de trabajadores. Este proceso se diferencia netamente de la individualización de la relación salarial que prevalecía en los noventa cuando, en el marco de una escasa cantidad de negociaciones –que apenas alcanzaba los 200 acuerdos y convenios anuales promedio– el comportamiento de las firmas era determinante para establecer los niveles de salarios. En aquella época los convenios colectivos explicaban poco más de la mitad de los salarios efectivamente pagados por las empresas. Actualmente, en cambio, más del 80 por ciento del monto de las remuneraciones abonadas por las firmas a sus empleados reflejan las escalas de los convenios colectivos, reduciendo considerablemente el margen de decisión individual de las empresas para la determinación de salarios.

La fijación de los salarios a través de la negociación colectiva produjo una atenuación considerable de las desigualdades de ingreso debido a dos factores. Por un lado, el relativamente bajo grado de diferenciación de los niveles de las escalas salariales dentro de cada convenio, acentuado además desde 2004 por la política de aumento del salario mínimo, que incrementó el “piso” de las escalas y, simultáneamente, por la elevación lenta de los “techos” impositivos para los salarios más altos. Por otro lado, los mecanismos de coordinación de los incrementos salariales entre sindicatos y su competencia por emular los porcentajes de aumento de las entidades con mayor capacidad de negociación, han tendido a reducir las diferencias de salarios entre convenios.

Entre los impactos sociales y culturales de estos cambios se destacan los que derivan del proceso de movilidad social ascendente que supone para los asalariados el incremento sistemático de sus ingresos por un período relativamente prolongado, así como el carácter esencialmente colectivo de este proceso –este último aspecto recibe por lo general escasa atención en los estudios de las ciencias sociales, que habitualmente analizan procesos de movilidad individual–.

El progresivo incremento de los salarios a través de la negociación colectiva, acompañado por un proceso de igualación de ingresos –o de disminución de las desigualdades– tiende a modificar las posiciones relativas de los diferentes grupos y clases sociales, que se reflejan a su vez en comportamientos reactivos por parte de quienes se sienten afectados por la erosión de diferencias que se consideran “naturales”. Esta es por ejemplo la reacción de los asalariados “fuera de convenio” dentro de las grandes firmas, ante el “atraso” relativo de sus remuneraciones en comparación con los aumentos obtenidos por los trabajadores bajo convenio. O, en general, de la reacción que suscita la atenuación de las diferencias de ingresos entre trabajadores manuales y no manuales que se percibían como “naturales” y que antes se establecían a favor de las categorías no manuales. En un contexto en el que resta aún aplicar esfuerzos para terminar de resolver las desigualdades heredadas, emergen con fuerza procesos que suscitan nuevos desafíos. Los desafíos de la igualdad.

* Director de Estudios de Relaciones del Trabajo-Ministerio de Trabajo. Profesor de la Carrera de Relaciones del Trabajo-Facultad de Ciencias Sociales-UBA.

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Rupturas y continuidades

Por Ariel Lieutier y Sergio Woyecheszen *

La crisis de la convertibilidad dio por tierra con 25 años que, con matices según el período, combinaron distintos episodios de apertura comercial, atraso cambiario y retracción del Estado en distintas esferas. El resultado: el más profundo deterioro de capacidades sociales del que se tenga memoria. El PIB per cápita prácticamente no creció (0,2 por ciento anual promedio), el desempleo subió del 4,7 al 24,3 por ciento, la distribución del ingreso se deterioró sistemáticamente (la relación entre el más rico y el más pobre se amplió de 8 a 33 veces) y la incidencia de la pobreza saltó del 5 al 37 por ciento de los hogares.

El cambio de patrón de crecimiento económico en Argentina a partir de 2002 desató un proceso de elevado crecimiento económico con generación de empleo y paulatina recuperación salarial en términos reales, primero en los tramos formales de actividad y luego en los informales, traccionados por la recuperación de instituciones como el salario mínimo y la negociación colectiva. No obstante esta dinámica, persisten aún una serie de desafíos de mayor alcance, que atañen a cuestiones estructurales derivadas de la magnitud que tomó la fragmentación productiva y social en nuestro país.

La cuestión remite directamente al grado de desarrollo de nuestra economía, y a la capacidad futura de mantener la reducción del desempleo que hoy se encuentra en torno del 8 por ciento, el subempleo en cifras levemente superiores al 9 por ciento, y la informalidad que involucra aún al 35 por ciento de los asalariados, principalmente en los establecimientos pequeños, con baja productividad y sujetos a una fuerte inestabilidad.

En un mismo nivel de interrogante queda la trayectoria de los salarios reales. Si bien se manifestó un progresivo aumento del poder de compra a nivel agregado, existen fuertes disparidades y una incidencia creciente en la competitividad de las firmas de menor tamaño relativo. En efecto, utilizando el Indice de Precios al Consumidor elaborado por los Institutos de estadísticas provinciales (IPC Provincias), se observa que los salarios reales de los trabajadores privados registrados han quedado sistemáticamente por encima de sus pares no registrados, con una brecha suficiente como para que los segundos no recuperaran aún el poder adquisitivo que tenían a fines de 2001.

Igual suerte corrieron los trabajadores del sector público, quienes no sólo no han alcanzado dicho objetivo sino que además se encuentran más lejos de lograrlo. En términos reales, sus salarios se encuentran prácticamente estancados desde 2003. Cabe aclarar no obstante que dentro de los trabajadores públicos hay sectores que han mejorado, como los de la administración nacional, y otros que se encuentran más rezagados, sobre todo a nivel municipal.

Hasta 2009, año en que se implementó la Asignación Universal por Hijo, la estrategia distributiva se basó casi exclusivamente en la recomposición de los salarios reales. Estos, sin embargo, muestran una desaceleración en su crecimiento en los últimos años. Por lo tanto, la profundización del proceso distributivo requiere de la implementación de estrategias complementarias no basadas únicamente en la formalidad del trabajo.

Ese proceso debe ser acompañado además por políticas tendientes a incrementar la productividad, en particular de las firmas más pequeñas, lo que implica un complejo proceso en el que se entremezclan cuestiones macroeconómicas garantizando la acumulación de capital reproductivo y desalentando la especulación, la fuga de capitales y las actividades rentísticas; institucionales fundamentalmente en materia de infraestructura, innovación, educación; y productivas, brindando un fuerte apoyo a las actividades que propicien una mayor sustitución de importaciones, generación y difusión de innovaciones, y el desarrollo de complementariedades.

Estas premisas aparecen como el eje de gravitación para la transformación paulatina del patrón de inserción externa, la estructura del empleo y la matriz distributiva. Sin embargo, el concepto mismo de cambio estructural conlleva importantes consideraciones en el campo de la economía política, requiriendo de una acción deliberada del Estado para corregir eventuales desajustes distributivos en detrimento de los sectores más postergados y suplir la ausencia de inversión privada, entre otras.

La transición hacia estos esquemas globales de política no es sencilla. Los conflictos que pueden sucederse entre los derechos, recursos, patrones distributivos y diseños institucionales muestran la necesidad de profundizar las instancias de diálogo que consagren un proyecto de país social y territorialmente integrado.

* Economistas-UBA. Coordinadores del Departamento de Trabajo y Empleo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SID-Baires).